Incompetencia o malicia
El ex presidente Pérez Balladares y la presidenta Moscoso se acusan mutuamente de ser corruptos. Al parecer, no perciben que sus acusaciones comprometen gravemente al Ministerio Público, la institución encargada de defender los intereses del Estado, promover el cumplimiento de las leyes y vigilar la conducta oficial de los funcionarios. Dichas acusaciones destacan el hecho de que, en cuanto a la justicia se refiere, este gobierno es una continuación del gobierno anterior. No sólo continúa el Ministerio Público en manos del Procurador General nombrado por Pérez Balladares, sino que continúa el hostigamiento de los periodistas y los medios de comunicación, temidos por los corruptos porque descubren ante la faz pública lo que quieren ocultar.
Anteriormente he comentado sobre la demanda por calumnia e injuria presentada contra la periodista Mónica Palm (El Panamá América, 12 de junio 2002). Debo informar al respecto que, a pesar de estar probado y comprobado que la periodista repitió lo dicho por dos importantes personajes, el Ministerio Público acogió la demanda contra Palm. Obviamente, tratándose de demandas contra los periodistas, los fiscales no exigen pruebas de admisibilidad.
Hoy tengo frente a mi una copia de la declaración indagatoria rendida por la periodista Michelle Lescure ante la Quinta Fiscalía y una copia de la sentencia condenatoria de la periodista dictada por la juez Zahida Cárdenas en el proceso penal seguido contra Jaime Padilla Béliz, Michelle Lescure Guevara y Carmen Boyd Marciaq, imputados por el delito contra el honor de Juan Carlos Tapia Rodríguez. Mi análisis de ambos documentos me obliga a declarar que el trámite de la demanda contra Lescure revela que la justicia fue descarriada cuanto menos por incompetencia y cuanto más por malicia.
El 17 de septiembre de 1999 en la indagatoria rendida voluntariamente ante la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá por la periodista Lescure, coordinadora de El Siglo Digital, ésta declaró que ni escribió ni firmó los escritos que se referían al querellante. Dijo que temporalmente ejerció el cargo de directora de la versión impresa del diario El Siglo, salvo los días libres y licencias o viajes de seminarios que tomó durante su gestión y que presentaría una nota del Departamento de Recursos Humanos del diario donde constaría los días en que no estuvo como directora. Aclaró que no estaba a cargo de la confección de las columnas y glosas referidas, y que para las fechas en que fueron publicadas, no estuvo a cargo de la confección y armada del periódico.
Terminada la indagatoria, Lescure preguntó si debería traer a la fiscalía la nota del Departamento de Recursos Humanos del diario. Le respondieron que no, porque tales documentos debían ser dirigidos al fiscal y entregados a petición de dicha autoridad, sin pasar por las manos del interesado. Casi tres años tuvo la Fiscalía Quinta para solicitar el documento. Michelle Lescure creyó que la fiscalía cumpliría con su deber. Pero no lo hizo. Según parece, a la fiscalía no interesaba que se hiciera justicia en el caso contra la periodista.
El 4 de junio del año en curso, en la sentencia dictada por la juez Zahida Cárdenas del Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, la juez aseveró que Lescure no aportó prueba alguna para comprobar su versión de que en las fechas de las publicaciones, no estaba a cargo de la confección y armada del periódico. En base al hecho de que el nombre de la periodista aparecía en el machote del diario cuando fueron publicados los escritos controvertidos, condenó a Michelle Lescure a 18 meses de prisión, reemplazada la pena de prisión por quinientos balboas. Según parece, la juez no estudió el expediente con el mismo cuidado que yo porque, apenas leí en la página dos de la indagatoria que Michelle Lescure ofreció suministrar una nota del departamento de Recursos Humanos de El Siglo donde constarían los días libres o de licencia en que no fungió como directora, le pregunté a la periodista adónde estaba ese documento. Ya sabemos la respuesta: no estaba en el expediente por culpa de la fiscalía.
Con sus acusaciones, Pérez Balladares y Moscoso han puesto en duda la efectividad del Ministerio Público. Además, el ministerio da motivos para desconfiar de su competencia e integridad. ¿Cuándo un fiscal ha desestimado una demanda por calumnia e injuria por ser infundada? ¿Por qué será que la Fiscalía Quinta a cargo de Giovanni Olmos Espino, especializada en delitos de robo y hurto de autos, ahora encausa demandas por calumnia e injuria?
¿Se le ha ocurrido al procurador Sossa que el tener como mano derecha a la esposa de un magistrado del Tribunal Superior de lo Penal da lugar a que se sospeche que las sentencias son dictadas con antelación desde el Ministerio Público? ¿Se nombró a un fiscal como Defensor del Pueblo para inutilizar a la institución que bajo Italo Antinori defendía vigorosamente a los periodistas y a los medios de comunicación?
Es ridículo que los arnulfistas y los perredistas intercambien acusaciones de corrupción cuando el Ministerio Público -que debería estar en la vanguardia en la lucha contra la corrupción- ha estado en las mismas manos en ambos gobiernos. Imposible detener la corruptela que desde la dictadura de los militares y sus socios civiles carcome los cimientos de esta Nación, cuando las autoridades hostigan a quienes investigan y denuncian.
Anteriormente he comentado sobre la demanda por calumnia e injuria presentada contra la periodista Mónica Palm (El Panamá América, 12 de junio 2002). Debo informar al respecto que, a pesar de estar probado y comprobado que la periodista repitió lo dicho por dos importantes personajes, el Ministerio Público acogió la demanda contra Palm. Obviamente, tratándose de demandas contra los periodistas, los fiscales no exigen pruebas de admisibilidad.
Hoy tengo frente a mi una copia de la declaración indagatoria rendida por la periodista Michelle Lescure ante la Quinta Fiscalía y una copia de la sentencia condenatoria de la periodista dictada por la juez Zahida Cárdenas en el proceso penal seguido contra Jaime Padilla Béliz, Michelle Lescure Guevara y Carmen Boyd Marciaq, imputados por el delito contra el honor de Juan Carlos Tapia Rodríguez. Mi análisis de ambos documentos me obliga a declarar que el trámite de la demanda contra Lescure revela que la justicia fue descarriada cuanto menos por incompetencia y cuanto más por malicia.
El 17 de septiembre de 1999 en la indagatoria rendida voluntariamente ante la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá por la periodista Lescure, coordinadora de El Siglo Digital, ésta declaró que ni escribió ni firmó los escritos que se referían al querellante. Dijo que temporalmente ejerció el cargo de directora de la versión impresa del diario El Siglo, salvo los días libres y licencias o viajes de seminarios que tomó durante su gestión y que presentaría una nota del Departamento de Recursos Humanos del diario donde constaría los días en que no estuvo como directora. Aclaró que no estaba a cargo de la confección de las columnas y glosas referidas, y que para las fechas en que fueron publicadas, no estuvo a cargo de la confección y armada del periódico.
Terminada la indagatoria, Lescure preguntó si debería traer a la fiscalía la nota del Departamento de Recursos Humanos del diario. Le respondieron que no, porque tales documentos debían ser dirigidos al fiscal y entregados a petición de dicha autoridad, sin pasar por las manos del interesado. Casi tres años tuvo la Fiscalía Quinta para solicitar el documento. Michelle Lescure creyó que la fiscalía cumpliría con su deber. Pero no lo hizo. Según parece, a la fiscalía no interesaba que se hiciera justicia en el caso contra la periodista.
El 4 de junio del año en curso, en la sentencia dictada por la juez Zahida Cárdenas del Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, la juez aseveró que Lescure no aportó prueba alguna para comprobar su versión de que en las fechas de las publicaciones, no estaba a cargo de la confección y armada del periódico. En base al hecho de que el nombre de la periodista aparecía en el machote del diario cuando fueron publicados los escritos controvertidos, condenó a Michelle Lescure a 18 meses de prisión, reemplazada la pena de prisión por quinientos balboas. Según parece, la juez no estudió el expediente con el mismo cuidado que yo porque, apenas leí en la página dos de la indagatoria que Michelle Lescure ofreció suministrar una nota del departamento de Recursos Humanos de El Siglo donde constarían los días libres o de licencia en que no fungió como directora, le pregunté a la periodista adónde estaba ese documento. Ya sabemos la respuesta: no estaba en el expediente por culpa de la fiscalía.
Con sus acusaciones, Pérez Balladares y Moscoso han puesto en duda la efectividad del Ministerio Público. Además, el ministerio da motivos para desconfiar de su competencia e integridad. ¿Cuándo un fiscal ha desestimado una demanda por calumnia e injuria por ser infundada? ¿Por qué será que la Fiscalía Quinta a cargo de Giovanni Olmos Espino, especializada en delitos de robo y hurto de autos, ahora encausa demandas por calumnia e injuria?
¿Se le ha ocurrido al procurador Sossa que el tener como mano derecha a la esposa de un magistrado del Tribunal Superior de lo Penal da lugar a que se sospeche que las sentencias son dictadas con antelación desde el Ministerio Público? ¿Se nombró a un fiscal como Defensor del Pueblo para inutilizar a la institución que bajo Italo Antinori defendía vigorosamente a los periodistas y a los medios de comunicación?
Es ridículo que los arnulfistas y los perredistas intercambien acusaciones de corrupción cuando el Ministerio Público -que debería estar en la vanguardia en la lucha contra la corrupción- ha estado en las mismas manos en ambos gobiernos. Imposible detener la corruptela que desde la dictadura de los militares y sus socios civiles carcome los cimientos de esta Nación, cuando las autoridades hostigan a quienes investigan y denuncian.
