¿Intereses creados, confusión o desconocimiento de la Ley?
El señor Contralor de la República, a través de uno de sus voceros, informó que "Manuel Solís Palma, quien tiene 89 años, es una de las excepciones que hace la Ley Faúndes. Según manifestó, esta norma se refiere exclusivamente a los servidores públicos y no hace referencia a los asesores que laboran por servicios profesionales".
En primer lugar, la única excepción expresa de la Ley Faúndes es para los servidores públicos "de elección popular". Todos sabemos que Solís Palma no aplica dentro de esta excepción. Segundo, parece absurdo que a "contrario sensu" de lo que dice el Contralor, la Ley Faúndes tenga que incluir, en adición al término "servidor público", el de "asesores que laboran por servicios profesionales", para poder aplicársela a Solís Palma.
Ahora bien, la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece y regula la carrera administrativa, define el término servidor público como "la persona nombrada temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los municipios, entidades autónomas o semiautónomas y, en general, la que perciba remuneración del Estado. Los servidores públicos se clasifican, para efectos de la presente ley, en: 1. Servidores públicos de carrera; 2. Servidores públicos de carrera administrativa; 3. Servidores públicos que no son de carrera".
A su vez, los servidores públicos que no son de carrera, según esta ley son: "1. De elección popular; 2. De libre nombramiento y remoción; 3. De nombramiento regulado por la Constitución; 4. De selección; 5. En período de prueba; 6. En funciones; y 7. Eventuales".
Vale la pena destacar que los de libre nombramiento y remoción, son "aquellos que trabajan como personal de secretaría, asesoría, asistencia o de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no forman parte de ninguna carrera y que, por la naturaleza de su función, están sujetos a que su nombramiento esté fundado en la confianza de sus superiores y a que la pérdida de dicha confianza acarree la remoción de su puesto".
Se desprende de todo lo anterior que Manuel Solís Palma es un servidor público que no es de carrera administrativa. Y es que el hecho de que no sea de carrera, no le quita su calidad de servidor público de libre nombramiento y remoción, tal como lo expresa claramente la Ley 9 de 1994.
Quiero pensar que el señor Contralor de la República ha confundido los términos. Lo que no quiero pensar es que un tal Francisco A. Rodríguez, Director Nacional de la Contraloría General de la República, y que gana la módica suma de B/. 6,000.00 mensuales, contralor del descontrol en la peor época de la dictadura, esté influenciando a su actual jefe para abonar en beneficio de su pasado jefe. De ser otro Francisco A. Rodríguez pido disculpas de antemano, pero creo que se trata de la misma persona.
Recientemente los moradores protestaron para mostrar su descontento por el retraso en la entrega de propiedades y la legalización de tierras que se les había prometido desde hace más de 30 años a algunos residentes.
Ana Escudero sostuvo que la protesta se originó principalmente porque se escuchó un rumor de que el Ministerio de Vivienda (MIVI) iba a construir 30 nuevas casas en el área, lo que para ellos empeoraría el suministro de agua.
Según Escudero, los moradores no podían tolerar la situación de que el MIVI les otorgara nuevas residencias a otras personas con título de propiedad, mientras que muchos de los residentes están a la espera de legalizar sus terrenos.
Escudero dijo que gracias a la presión de la comunidad, se llegó a un acuerdo con el MIVI, pero aún están a la espera de que se solucione, de una vez por todas, el problema del agua.
Para los moradores de la Unión de Azuero, en Chepo, la falta de seguridad en las calles se ha convertido en la amenza del sector y de eso culpan a la Policía por la falta de rondas constantes.
Arsenio Banda explicó que a los dueños de la abarrotería que está ubicado al frente de la escuela le han robado al menos tres veces, dos de ellas a plena luz del día. "Lo peor es que los ladrones se van caminando como si nada".
Panamá América pudo comprobar que los dueños del local han optado por asegurarlo con rejas de hierro y atender por una diminuta ventana, como medida de precaución para no se víctimas de asalto.
En ese sector, también falta transporte o ruta interna que los lleve de la entrada de la Unión hasta donde están ubicadas sus casas, lo que se ha convertido en un peligro para quienes llegan de noche porque tienen que caminar por zonas desoladas hasta por 15 minutos. Las pocas luminarias son la nota común.
En cuanto al tema de la falta de agua, Juan José Amado III, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), expresó que el informe que tienen hasta el momento es que la gente de la Unión de Azuero tienen acueductos rurales que son responsabilidad del ministerio de Salud (MINSA).
Aunque la institución no tiene muchos detalles de la problemática de estos residentes de Chepo, Amado III indicó que el IDAAN está dispuesto a colaborar con las instalaciones necesarias para que las personas cuenten con un suministro adecuado de agua potable, acogiéndose a la disponibilidad del sector.
Balbina Herrera, ministra de Vivienda, explicó que desde septiembre del 2005, la institución hizo una encuesta socieconómica en la comunidad de la Unión de Azuero, en Chepo, donde se detectó que viven más de 292 familias, de las que únicamente el 11% tiene entre 15 y 32 años de vivir en el área.
Herrera manifestó que este porcentaje representa, si acaso, unas 30 familias, las que fueron mudadas hace décadas al área montañosa de la hidroeléctrica del Bayano porque se consideraba que vivían en lotes inundables., Panamá América
Sin embargo, aclaró que no se definió la situación de la propiedad.
La titular del MIVI contó que los moradores protestaron en las calles precisamente por un problema que ha trascendido desde ese entonces, "gobierno tras gobierno, sin que nadie se preocupara por entregarle su título de propiedad de las tierras a los moradores".
Señaló que luego de una reunión con la población, se llegó al acuerdo de que la institución estará los días 27 y 28 de enero realizando una jornada de actualización de expedientes, en donde se les dará un trato preferencial a las primeras familias que habitaron el lugar.
"A esas personas se les dará su título de tierra completamente gratis, mientras que a los otros se les hará un estudio para saber la situación económica por la que atraviesan y así averiguar a qué acuerdo se puede llegar con el Banco Hipotecario que es el dueño de esas tierras", adelantó.
En primer lugar, la única excepción expresa de la Ley Faúndes es para los servidores públicos "de elección popular". Todos sabemos que Solís Palma no aplica dentro de esta excepción. Segundo, parece absurdo que a "contrario sensu" de lo que dice el Contralor, la Ley Faúndes tenga que incluir, en adición al término "servidor público", el de "asesores que laboran por servicios profesionales", para poder aplicársela a Solís Palma.
Ahora bien, la Ley No. 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece y regula la carrera administrativa, define el término servidor público como "la persona nombrada temporal o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los municipios, entidades autónomas o semiautónomas y, en general, la que perciba remuneración del Estado. Los servidores públicos se clasifican, para efectos de la presente ley, en: 1. Servidores públicos de carrera; 2. Servidores públicos de carrera administrativa; 3. Servidores públicos que no son de carrera".
A su vez, los servidores públicos que no son de carrera, según esta ley son: "1. De elección popular; 2. De libre nombramiento y remoción; 3. De nombramiento regulado por la Constitución; 4. De selección; 5. En período de prueba; 6. En funciones; y 7. Eventuales".
Vale la pena destacar que los de libre nombramiento y remoción, son "aquellos que trabajan como personal de secretaría, asesoría, asistencia o de servicio inmediatamente adscrito a los servidores públicos que no forman parte de ninguna carrera y que, por la naturaleza de su función, están sujetos a que su nombramiento esté fundado en la confianza de sus superiores y a que la pérdida de dicha confianza acarree la remoción de su puesto".
Se desprende de todo lo anterior que Manuel Solís Palma es un servidor público que no es de carrera administrativa. Y es que el hecho de que no sea de carrera, no le quita su calidad de servidor público de libre nombramiento y remoción, tal como lo expresa claramente la Ley 9 de 1994.
Quiero pensar que el señor Contralor de la República ha confundido los términos. Lo que no quiero pensar es que un tal Francisco A. Rodríguez, Director Nacional de la Contraloría General de la República, y que gana la módica suma de B/. 6,000.00 mensuales, contralor del descontrol en la peor época de la dictadura, esté influenciando a su actual jefe para abonar en beneficio de su pasado jefe. De ser otro Francisco A. Rodríguez pido disculpas de antemano, pero creo que se trata de la misma persona.
Recientemente los moradores protestaron para mostrar su descontento por el retraso en la entrega de propiedades y la legalización de tierras que se les había prometido desde hace más de 30 años a algunos residentes.
Ana Escudero sostuvo que la protesta se originó principalmente porque se escuchó un rumor de que el Ministerio de Vivienda (MIVI) iba a construir 30 nuevas casas en el área, lo que para ellos empeoraría el suministro de agua.
Según Escudero, los moradores no podían tolerar la situación de que el MIVI les otorgara nuevas residencias a otras personas con título de propiedad, mientras que muchos de los residentes están a la espera de legalizar sus terrenos.
Escudero dijo que gracias a la presión de la comunidad, se llegó a un acuerdo con el MIVI, pero aún están a la espera de que se solucione, de una vez por todas, el problema del agua.
Para los moradores de la Unión de Azuero, en Chepo, la falta de seguridad en las calles se ha convertido en la amenza del sector y de eso culpan a la Policía por la falta de rondas constantes.
Arsenio Banda explicó que a los dueños de la abarrotería que está ubicado al frente de la escuela le han robado al menos tres veces, dos de ellas a plena luz del día. "Lo peor es que los ladrones se van caminando como si nada".
Panamá América pudo comprobar que los dueños del local han optado por asegurarlo con rejas de hierro y atender por una diminuta ventana, como medida de precaución para no se víctimas de asalto.
En ese sector, también falta transporte o ruta interna que los lleve de la entrada de la Unión hasta donde están ubicadas sus casas, lo que se ha convertido en un peligro para quienes llegan de noche porque tienen que caminar por zonas desoladas hasta por 15 minutos. Las pocas luminarias son la nota común.
En cuanto al tema de la falta de agua, Juan José Amado III, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), expresó que el informe que tienen hasta el momento es que la gente de la Unión de Azuero tienen acueductos rurales que son responsabilidad del ministerio de Salud (MINSA).
Aunque la institución no tiene muchos detalles de la problemática de estos residentes de Chepo, Amado III indicó que el IDAAN está dispuesto a colaborar con las instalaciones necesarias para que las personas cuenten con un suministro adecuado de agua potable, acogiéndose a la disponibilidad del sector.
Balbina Herrera, ministra de Vivienda, explicó que desde septiembre del 2005, la institución hizo una encuesta socieconómica en la comunidad de la Unión de Azuero, en Chepo, donde se detectó que viven más de 292 familias, de las que únicamente el 11% tiene entre 15 y 32 años de vivir en el área.
Herrera manifestó que este porcentaje representa, si acaso, unas 30 familias, las que fueron mudadas hace décadas al área montañosa de la hidroeléctrica del Bayano porque se consideraba que vivían en lotes inundables., Panamá América
Sin embargo, aclaró que no se definió la situación de la propiedad.
La titular del MIVI contó que los moradores protestaron en las calles precisamente por un problema que ha trascendido desde ese entonces, "gobierno tras gobierno, sin que nadie se preocupara por entregarle su título de propiedad de las tierras a los moradores".
Señaló que luego de una reunión con la población, se llegó al acuerdo de que la institución estará los días 27 y 28 de enero realizando una jornada de actualización de expedientes, en donde se les dará un trato preferencial a las primeras familias que habitaron el lugar.
"A esas personas se les dará su título de tierra completamente gratis, mientras que a los otros se les hará un estudio para saber la situación económica por la que atraviesan y así averiguar a qué acuerdo se puede llegar con el Banco Hipotecario que es el dueño de esas tierras", adelantó.
