Jubilaciones especiales y la politiquería
Uno de los temas de actualidad es el de las Jubilaciones Especiales. Creo que en el debate se expresan algunas medias verdades, en consecuencia, los argumentos no son realmente objetivos. Veamos entonces... tal como lo han hecho público en los medios de comunicación la Sra. Presidenta Mireya Moscoso y la Ministra de Educación, dicen que tienen un "Compromiso político" de campaña electoral con los educadores. Yo, comparto el criterio, de que los políticos deben cumplir su palabra empeñada.
Subrayó "Compromiso político", porque para mí, es allí donde debemos centrar el debate. Un compromiso político no puede ni debe violentar la Constitución, ni las normas establecidas legalmente en derecho. Por tal razón, comparado lo expresado por el Ministro de Salud, José Terán cuando dice, sobre este tema, que no puede haber fueros ni privilegios... Pero... me pregunto, (respetando y defendiendo el derecho que tenemos todos aquellos que fuimos afectados por la aplicación de la Ley 8, que elimina las Jubilaciones Especiales); ¿en una democracia, es correcto que los gobernantes actúen por compromisos políticos y no sobre la base del respeto al derecho de los ciudadanos en general? ¿No fue, un compromiso electoral, de la presidenta, el respetar la Carrera Administrativa y la estabilidad de los Servidores Públicos? ¿Porqué se puede cumplir un acuerdo político, con un sector de la sociedad y con otros no?.... ¿Es democrático sentarse con unos y negarle el legítimo derecho que tenemos los otros sectores, que nos regíamos por las jubilaciones especiales, sólo porque con la dirigencia de ellos hay afinidad política?
Para mí no es un privilegio el tener algunos trabajadores jubilaciones especiales, por su condición laboral. En algunos países europeos se discute sobre la reducción del horario laboral y mejores condiciones para los trabajadores. En Panamá, un alto porcentaje de los trabajadores devengan un salario por debajo del costo de la Canasta Básica, además que la inmensa mayoría de los Servidores Públicos no tienen estabilidad en su puesto de trabajo.
Es cierto que algunos trabajadores tienen más riesgos que otros en sus tareas. Además existen trabajadores que nunca han tenido una jubilación especial y laboran en condiciones riesgosas.
Los argumentos utilizados por los actuales voceros gubernamentales, ratifican el por qué de la decisión tomada anteriormente, para aprobar la Ley 8; o sea, que no hay las condiciones económicas para mantener las Jubilaciones Especiales. Además que, los servidores públicos que no han contado nunca con jubilaciones especiales, también financiaban las mismas, sin obtener un beneficio directo.
Desde este concepto podemos decir que fue necesario, por las consecuencias económicas hacia la Caja de Seguro Social, establecer nuevas formas para las Jubilaciones Especiales.
Lo que no podemos compartir es que una decisión política se aplique para los que tienen afinidad política con los gobiernos de turno y se niegue a los demás con el falso argumento de que responden a otros intereses político partidistas.
Lo correcto es; si vamos a revisar la Ley 8, entonces, veámosla integralmente, sin banderías, ni intereses políticos, (evaluemos las condiciones laborales, económicas y sociales de los trabajadores, públicos y privados, entre otros; costa de vida, estabilidad, salario mínimo, etc.), ya que sólo así estaremos haciendo verdadera justicia a los que realmente la necesitan por su condición laboral, pero además atendiendo y teniendo presente las condiciones económicas, y que no se afecte la Caja de Seguro Social.
De continuar con el argumento del "COMPROMISO POLITICO DE CAMPAÑA ELECTORAL" y manejando las cosas como se están haciendo, esto provocará que todo aquel que tenía Jubilaciones Especiales y los que laboran en condiciones de riesgos, se pronuncien, con justo derecho, para exigir que se les tomen en consideración en este debate. Amanecerá y veremos... a los gobernantes les cedo la palabra, pero les recomiendo, olvidarse de la politiquería y se conviertan en verdaderos estadistas. Esto es lo que Panamá necesita.
Subrayó "Compromiso político", porque para mí, es allí donde debemos centrar el debate. Un compromiso político no puede ni debe violentar la Constitución, ni las normas establecidas legalmente en derecho. Por tal razón, comparado lo expresado por el Ministro de Salud, José Terán cuando dice, sobre este tema, que no puede haber fueros ni privilegios... Pero... me pregunto, (respetando y defendiendo el derecho que tenemos todos aquellos que fuimos afectados por la aplicación de la Ley 8, que elimina las Jubilaciones Especiales); ¿en una democracia, es correcto que los gobernantes actúen por compromisos políticos y no sobre la base del respeto al derecho de los ciudadanos en general? ¿No fue, un compromiso electoral, de la presidenta, el respetar la Carrera Administrativa y la estabilidad de los Servidores Públicos? ¿Porqué se puede cumplir un acuerdo político, con un sector de la sociedad y con otros no?.... ¿Es democrático sentarse con unos y negarle el legítimo derecho que tenemos los otros sectores, que nos regíamos por las jubilaciones especiales, sólo porque con la dirigencia de ellos hay afinidad política?
Para mí no es un privilegio el tener algunos trabajadores jubilaciones especiales, por su condición laboral. En algunos países europeos se discute sobre la reducción del horario laboral y mejores condiciones para los trabajadores. En Panamá, un alto porcentaje de los trabajadores devengan un salario por debajo del costo de la Canasta Básica, además que la inmensa mayoría de los Servidores Públicos no tienen estabilidad en su puesto de trabajo.
Es cierto que algunos trabajadores tienen más riesgos que otros en sus tareas. Además existen trabajadores que nunca han tenido una jubilación especial y laboran en condiciones riesgosas.
Los argumentos utilizados por los actuales voceros gubernamentales, ratifican el por qué de la decisión tomada anteriormente, para aprobar la Ley 8; o sea, que no hay las condiciones económicas para mantener las Jubilaciones Especiales. Además que, los servidores públicos que no han contado nunca con jubilaciones especiales, también financiaban las mismas, sin obtener un beneficio directo.
Desde este concepto podemos decir que fue necesario, por las consecuencias económicas hacia la Caja de Seguro Social, establecer nuevas formas para las Jubilaciones Especiales.
Lo que no podemos compartir es que una decisión política se aplique para los que tienen afinidad política con los gobiernos de turno y se niegue a los demás con el falso argumento de que responden a otros intereses político partidistas.
Lo correcto es; si vamos a revisar la Ley 8, entonces, veámosla integralmente, sin banderías, ni intereses políticos, (evaluemos las condiciones laborales, económicas y sociales de los trabajadores, públicos y privados, entre otros; costa de vida, estabilidad, salario mínimo, etc.), ya que sólo así estaremos haciendo verdadera justicia a los que realmente la necesitan por su condición laboral, pero además atendiendo y teniendo presente las condiciones económicas, y que no se afecte la Caja de Seguro Social.
De continuar con el argumento del "COMPROMISO POLITICO DE CAMPAÑA ELECTORAL" y manejando las cosas como se están haciendo, esto provocará que todo aquel que tenía Jubilaciones Especiales y los que laboran en condiciones de riesgos, se pronuncien, con justo derecho, para exigir que se les tomen en consideración en este debate. Amanecerá y veremos... a los gobernantes les cedo la palabra, pero les recomiendo, olvidarse de la politiquería y se conviertan en verdaderos estadistas. Esto es lo que Panamá necesita.
