La ampliación del Canal: Aquí se callan, pero afuera hablan
LAS RECIENTES declaraciones del subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, que no es cualquier pelagatos, sobre el costo estimado de la eventual ampliación del Canal han puesto el dedo en la llaga. Y con todo el respeto a sus altas investiduras, me parece que las reacciones un tanto destempladas del primer vicepresidente y del administrador están fuera de lugar.
Por todos los conceptos, pero principalmente por sus descomunales implicaciones económicas, que afectarían a varias generaciones de panameños, en el tema de la ampliación hay que hablar alto y claro; pero el actual gobierno y la Autoridad del Canal siguen negándole al país toda posibilidad de conocer lo que se traen entre manos.
Reiterada y solapadamente evaden responder a la creciente preocupación ciudadana que demanda, y merece, información veraz, precisa y, sobre todo oportuna para emitir su voto cuando el proyecto de ampliación sea sometido a referendo, en cumplimiento del ineludible mandato constitucional.
Sin darle crédito total a las estimaciones divulgadas por el subsecretario Pardo-Maurer, llama poderosamente la atención la abismal diferencia que existe entre las estimaciones que han adelantado los funcionarios panameños que manejan el tema y las cifras dadas por el alto representante del gobierno norteamericano, que las cuadruplican. Mientras acá se nos habla de cifras que oscilan entre los 4,000 y los 6,000 millones de dólares, el señor Pardo dice, no en cualquier parte sino en una audiencia en el Senado estadounidense, que el costo podría llegar hasta los 25,000 millones.
Siendo como es, históricamente comprobable, que el Departamento de Defensa ha tenido, desde su construcción, un control directo sobre las operaciones del Canal, las declaraciones brindadas ante el Senado por el subsecretario del mismo, no deben merecer respuestas tan simplistas como las que han dado las autoridades panameñas. Lo que se impone es que éstas, actuando responsablemente, dejen de andarse con tapujos y de una vez por todas comiencen a responder a las legítimas inquietudes de la inmensa mayoría de los panameños. Y para satisfacerlas, ellos deben responder a las tres interrogantes principales que nunca han contestado:
Primera: ¿Cuánto es el costo estimado de la ampliación y cómo lo han calculado?
Segunda: ¿Cómo y quienes la financiarían?
Tercera: ¿Cómo se conseguirá el agua que necesitarían las nuevas esclusas?
Todas las veces que el tema de la ampliación ha sido cuestionado, con sana preocupación y dudas legítimas por distintos compatriotas, algunos de los cuales han cumplido altas responsabilidades políticas en el país o relacionadas directamente con operación del Canal, las respuestas de las autoridades, y muy especialmente las del administrador y los miembros de la Junta Directiva han sido evasivas e imprecisas.
Sin embargo, a la par que a lo interno del país se insiste en mantener el velo del misterio, esas mismas autoridades se prodigan en explicaciones y detalles fuera de Panamá. Con razón se comenta que en el extranjero saben más de la ampliación que nosotros que, supuestamente, somos los dueños del Canal y a quienes nos corresponde decidir su futuro.
Si el administrador del Canal, como lo ha manifestado, considera que el subsecretario de Defensa es irresponsable al anunciar cifras que cuadruplican las que él y sus subalternos han venido mencionando, entonces debe hacer algo más que proferir un calificativo.
Pasando a la acción "responsable", debe demostrarle al país cómo fueron estimadas las suyas, de manera simple, sin rebuscamientos ni pretextos técnicos. De no hacerlo, y pronto, tendremos que pensar que los irresponsables son él y los principales funcionarios de la Autoridad del Canal.
Experiencias pasadas nos demuestran que los principales proyectos del Estado siempre han costado el doble de las cifras originalmente anunciadas. Por ello, nunca me han parecido serias las estimaciones optimistas con que de tiempo en tiempo "nos tratan de maravillar" los expertos de la ACP y del MEF. Tal vez al subsecretario se le fue la mano, pero de lo sí podemos estar seguros es de que el costo sobrepasará los 12,000 millones que otras fuentes han estimado.
Después de la polvareda levantada por el señor Pardo-Maurer, lo que menos procede son los aspavientos. Lo mejor sería que la ACP aclarara, y pronto.
Por todos los conceptos, pero principalmente por sus descomunales implicaciones económicas, que afectarían a varias generaciones de panameños, en el tema de la ampliación hay que hablar alto y claro; pero el actual gobierno y la Autoridad del Canal siguen negándole al país toda posibilidad de conocer lo que se traen entre manos.
Reiterada y solapadamente evaden responder a la creciente preocupación ciudadana que demanda, y merece, información veraz, precisa y, sobre todo oportuna para emitir su voto cuando el proyecto de ampliación sea sometido a referendo, en cumplimiento del ineludible mandato constitucional.
Sin darle crédito total a las estimaciones divulgadas por el subsecretario Pardo-Maurer, llama poderosamente la atención la abismal diferencia que existe entre las estimaciones que han adelantado los funcionarios panameños que manejan el tema y las cifras dadas por el alto representante del gobierno norteamericano, que las cuadruplican. Mientras acá se nos habla de cifras que oscilan entre los 4,000 y los 6,000 millones de dólares, el señor Pardo dice, no en cualquier parte sino en una audiencia en el Senado estadounidense, que el costo podría llegar hasta los 25,000 millones.
Siendo como es, históricamente comprobable, que el Departamento de Defensa ha tenido, desde su construcción, un control directo sobre las operaciones del Canal, las declaraciones brindadas ante el Senado por el subsecretario del mismo, no deben merecer respuestas tan simplistas como las que han dado las autoridades panameñas. Lo que se impone es que éstas, actuando responsablemente, dejen de andarse con tapujos y de una vez por todas comiencen a responder a las legítimas inquietudes de la inmensa mayoría de los panameños. Y para satisfacerlas, ellos deben responder a las tres interrogantes principales que nunca han contestado:
Primera: ¿Cuánto es el costo estimado de la ampliación y cómo lo han calculado?
Segunda: ¿Cómo y quienes la financiarían?
Tercera: ¿Cómo se conseguirá el agua que necesitarían las nuevas esclusas?
Todas las veces que el tema de la ampliación ha sido cuestionado, con sana preocupación y dudas legítimas por distintos compatriotas, algunos de los cuales han cumplido altas responsabilidades políticas en el país o relacionadas directamente con operación del Canal, las respuestas de las autoridades, y muy especialmente las del administrador y los miembros de la Junta Directiva han sido evasivas e imprecisas.
Sin embargo, a la par que a lo interno del país se insiste en mantener el velo del misterio, esas mismas autoridades se prodigan en explicaciones y detalles fuera de Panamá. Con razón se comenta que en el extranjero saben más de la ampliación que nosotros que, supuestamente, somos los dueños del Canal y a quienes nos corresponde decidir su futuro.
Si el administrador del Canal, como lo ha manifestado, considera que el subsecretario de Defensa es irresponsable al anunciar cifras que cuadruplican las que él y sus subalternos han venido mencionando, entonces debe hacer algo más que proferir un calificativo.
Pasando a la acción "responsable", debe demostrarle al país cómo fueron estimadas las suyas, de manera simple, sin rebuscamientos ni pretextos técnicos. De no hacerlo, y pronto, tendremos que pensar que los irresponsables son él y los principales funcionarios de la Autoridad del Canal.
Experiencias pasadas nos demuestran que los principales proyectos del Estado siempre han costado el doble de las cifras originalmente anunciadas. Por ello, nunca me han parecido serias las estimaciones optimistas con que de tiempo en tiempo "nos tratan de maravillar" los expertos de la ACP y del MEF. Tal vez al subsecretario se le fue la mano, pero de lo sí podemos estar seguros es de que el costo sobrepasará los 12,000 millones que otras fuentes han estimado.
Después de la polvareda levantada por el señor Pardo-Maurer, lo que menos procede son los aspavientos. Lo mejor sería que la ACP aclarara, y pronto.
