La Caja de Seguro Social. Lo importante de su supervivencia
Así titula un reciente artículo del periodista Julio Bermúdez V., publicado en un periódico semanal, en el que se hace referencia a algunos aspectos que, aunque no propuestos por el sector privado, se han convertido en el estandarte de presentación de la causa de los inmovilistas, entre ellos el Director de la CSS. Lamentablemente, y como en otros tantos artículos similares, se hacen asertos como "propuestas de opciones por formas privatizadoras en detrimento de los mecanismos solidarios" (el subrayado es nuestro), sin la mínima explicación de lo que intentan argumentar.
En primer lugar, quiere alguien explicar qué se entiende por solidaridad, ante un sistema cuya única "virtud" probada es una escandalosa transferencia intergeneracional, que condena a la privación de una legítima aspiración a la igualdad de oportunidades y a una mejor calidad de vida, a los párvulos, adolescentes y jóvenes de nuestra población? Si el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está descapitalizado, es porque no es capaz de acumular el monto de las obligaciones que el programa ocasiona, a costa de los más jóvenes, de los excluidos, de los menos favorecidos y de los trabajadores activos. Por lo tanto, si los jubilados gastan mucho más que lo que son capaces de aportar los que trabajan, y muchísimo más que lo que aportaron dichos jubilados, el sistema no es solidario. Es una estafa, penada con cárcel por prometer, con un supuesto contrato social, lo que no puede pagar, y si lo hace es a costa de grabar más a las siguientes generaciones. Claro está que al Estado nadie lo va a recluir en la cárcel, y que los funcionarios que ejercen el poder jamás han pretendido asumir las responsabilidades de sus actos; pero de que hay muchísimos perjudicados, no hay la menor duda. Y que nos desmientan los inmovilistas. Así las cosas, cualquier intento por parar esa sangría intergeneracional tiende a ofrecer justicia a todos los que, hasta hoy, han sido birlados de sus esfuerzos y de sus reales derechos.
Por otro lado, y para evitar que nadie saque lo más posible, poniendo lo menos, hemos propuesto analizar un sistema de dos pilares, uno solidario, para el 100% de los asegurados, y otro de cuenta individual que afectaría al 10% solamente. Ambos de carácter obligatorio, el primero con garantía de una pensión mínima y el segundo alimentado con las cuotas sobre los excedentes salariales del primero, y grabado con un impuesto de solidaridad, que se acreditaría a los capitales patrimoniales del primero. Las cuotas netas del impuesto de solidaridad se acreditarían a la cuenta individual del asegurado, dándole el sentido de pertenencia, que hoy no tiene, e incentivando la cotización. Hemos llegado a proponer que se analice el gravar los gastos de representación, pero por supuesto que, como todo, tiene un límite. La alternativa ofrece múltiples ventajas para todos los individuos y por ende para la sociedad, por que nadie sale estafado, como en el sistema actual. Por añadidura, también generaría recaudación adicional para el Estado y para el programa de Enfermedad y Maternidad. El Estado se releva de la supuesta obligación de una prestación definida en los niveles medios y altos de salarios, para con asegurados con mayor capacidad de discrecionalidad decisiva en el destino de sus ahorros. Y digo supuesta obligación porque los derechos que otorga el Estado mediante ley, siempre han sido, son y serán negados por otra ley.
Ante esta presentación de un escenario a considerar en el Diálogo (la CSS no ha presentado ninguno, pero reniega de considerar otros), se alega en el artículo reseñado que las cuotas de la porción individual "podrían ser administradas por entes privados", y agregamos que también por la CSS, si son capaces de hacerlo mejor y más barato, y continúa diciendo que " en función de sus cotizaciones (complementarias) y de los costos derivados de esa administración determinarían qué cantidad recibirían los cotizantes", como complemento de la pensión recibida del primer pilar. Además de que la Caja no reconoce derecho alguno a los cotizantes de IVM mientras no reciba y apruebe la solicitud en estricto apego a la ley, y que sólo ese día dirá cuánto va a pagar, así sea sin las garantías correspondientes, no encuentro nada pecaminoso en el concepto, pues es mucho más justo y equitativo para el asegurado, con una mayor garantía que en el sistema actual, en el que se traslada la última responsabilidad a los contribuyentes y al Estado. En ese traslado confiaban los asegurados y jubilados argentinos, los chilenos, uruguayos, los mexicanos, los nicaragüenses y resto de los centroamericanos, los peruanos y los supuestamente afortunados venezolanos. Hoy reciben una fracción de lo prometido por los antiguos sistemas. En EE.UU. y en Europa, que es la cuna de los sistemas solidarios obligatorios, les han cambiado las reglas del juego, buscando sistemas complementarios obligatorios y voluntarios, y a nadie se le ocurre ir para atrás, por muy socialista o de izquierdas que sea el gobierno electo.
Si el prurito ante la opción de administración privada son los costos de administración, no veo el punto de los adversarios a la iniciativa privada, ya que la CSS administra IVM con los impuestos de los contribuyentes y subsidia los rendimientos de las reservas con 20,5 millones adicionales, que también vienen de dichos impuestos. Total, suman alrededor de 60MM en subsidios para recaudar entre 360 y 400MM en cuotas de IVM. ¡Esa administración es cara! , nada clara ni justa, sobre todo para los que no tienen agua, luz, ni educación en la campiña panameña. Y para eso de que "los cotizantes no sabrían, sino hasta el momento de recibir sus pensiones, qué cantidad le correspondería", pregúntenle a un afiliado al SIACAP si sabe o no por qué no ha querido, cuánto tiene o cómo va acumulando aportes y rendimientos en su cuenta individual para recibirlo el día de su jubilación, todo junto, en retiros programados o, si lo prefiere, comprando una renta vitalicia complementaria a la hoy dudosa pensión que la CSS le ha prometido. Además, si muere en el intento por llegar a su jubilación, sus beneficiarios pueden ser titulares del 100% de su patrimonio.
Dicho esto, ¿qué interés hay en mantener un sistema que no se puede pagar, por muchos afiliados nuevos que incorporemos, por muy al día que estén los patronos, o por muy baja que sea la supuesta evasión y por muchos patronos que quiera meter en la cárcel?
A propósito de propuestas de la CSS, navegando en las cómodas olas de la demagogia, la Dirección, junto a sus correligionarios de conveniencia, ha venido insistiendo en la idea de perseguir algunas fuentes de ingreso que la ley laboral no considera salario, con el argumento de que son un atentado a la solidaridad. Incluso está proponiendo elevar la evasión a delito penal. Según la normativa fiscal, tales ingresos son susceptibles del pago de Impuesto sobre la Renta.
Una revisión rápida de la recaudación de Impuesto sobre la Renta generado sobre los ingresos de los asalariados demuestra que hoy el 40% de las personas naturales que devengan salario no pagan impuesto. El siguiente 47%, personas que devengan entre 300 y 800 balboas mensuales, pagan el 21% de la recaudación total y con una tasa promedio del 5.31% sobre sus ingresos. A este grupo se le ha mencionado para ser exonerado de pago en las diferentes discusiones sobre la reforma tributaria. Si bien estoy muy de acuerdo con la reducción del tamaño del Estado, y eso se logra reduciendo los ingresos que financien la burocracia, tampoco creo que los ciudadanos en general no paguen un real de impuesto. ¿Cómo podrían reconocerles su derecho a reclamar si por poco que puedan los que pueden, no pagan nada? Le sigue en la tabla el grupo que devenga ingresos por más de 800 y menos de 2000 mensuales. Este grupo representa el 11.4% de las personas estudiadas y pagan el 29% de la recaudación, con una tasa promedio de retención del 11.2% y una marginal de más del 20%. El resto de la tabla, unas de 12000 personas o el 2.2%, cargan con el 50% de la recaudación con tasas marginales de hasta el 33% de sus ingresos!. ¿No es éste el mecanismo que el Estado ha escogido para cumplir con su rol de distribuidor de la igualdad de oportunidades? Ante el saqueo rampante de los escasos recursos por parte de un aparato estatal gigante e ineficiente, a los regentes de la CSS no se les ocurre otra idea que seguir confiscando el producto del estudio, del esfuerzo, del trabajo, del logro y mérito personal, de la motivación por la iniciativa individual para ser diferentes al rebaño de ovejas al que los planificadores del Estado y su economía nos quieren reducir.
Por cierto que sistemas confiscatorios como el propuesto derivan en mayor evasión, no sólo de cuotas de seguro social sino de impuestos de rentas, y lo más curioso es que el que se empeña en ello, lo puede hacer mediante la utilización de múltiples instrumentos legales disponibles para todos los contribuyentes.
Al economista Juan Jované le preocupa que el SIACAP, a través de la empresa privada principalmente, maneje más de 400 MM de los funcionarios públicos que aportan a su fondo complementario. No es porque las obligaciones legales del SIACAP sean 150% mayores que su patrimonio, ni porque sus obligaciones contingentes sean cinco veces el fondo administrado, pues ese no es el escenario del SIACAP y sí lo es en el caso del programa de IVM. A Jované, simplemente, nunca le ha gustado que la iniciativa privada sea compensada, en un mercado que, bien regulado, le resulte en una competencia que acabe con la elefantiasis de la que adolece la institución. Tal competencia no resultaría precisamente en detrimento de los asegurados y la sociedad, sino del suyo propio, de sus intereses y los de los que lo acompañan en su oportunismo.
Las cómodas olas de la demagogia han transportado a los pueblos siempre a verdaderos huracanes de violencia, con la fatal destrucción de la convivencia y con la mayor cuota del precio en los menos favorecidos. Hagamos el esfuerzo de argumentar con la verdad, por dura y contra corriente que ésta sea.
*Representante del CoNEP en el Diálogo por el Seguro Social
En primer lugar, quiere alguien explicar qué se entiende por solidaridad, ante un sistema cuya única "virtud" probada es una escandalosa transferencia intergeneracional, que condena a la privación de una legítima aspiración a la igualdad de oportunidades y a una mejor calidad de vida, a los párvulos, adolescentes y jóvenes de nuestra población? Si el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está descapitalizado, es porque no es capaz de acumular el monto de las obligaciones que el programa ocasiona, a costa de los más jóvenes, de los excluidos, de los menos favorecidos y de los trabajadores activos. Por lo tanto, si los jubilados gastan mucho más que lo que son capaces de aportar los que trabajan, y muchísimo más que lo que aportaron dichos jubilados, el sistema no es solidario. Es una estafa, penada con cárcel por prometer, con un supuesto contrato social, lo que no puede pagar, y si lo hace es a costa de grabar más a las siguientes generaciones. Claro está que al Estado nadie lo va a recluir en la cárcel, y que los funcionarios que ejercen el poder jamás han pretendido asumir las responsabilidades de sus actos; pero de que hay muchísimos perjudicados, no hay la menor duda. Y que nos desmientan los inmovilistas. Así las cosas, cualquier intento por parar esa sangría intergeneracional tiende a ofrecer justicia a todos los que, hasta hoy, han sido birlados de sus esfuerzos y de sus reales derechos.
Por otro lado, y para evitar que nadie saque lo más posible, poniendo lo menos, hemos propuesto analizar un sistema de dos pilares, uno solidario, para el 100% de los asegurados, y otro de cuenta individual que afectaría al 10% solamente. Ambos de carácter obligatorio, el primero con garantía de una pensión mínima y el segundo alimentado con las cuotas sobre los excedentes salariales del primero, y grabado con un impuesto de solidaridad, que se acreditaría a los capitales patrimoniales del primero. Las cuotas netas del impuesto de solidaridad se acreditarían a la cuenta individual del asegurado, dándole el sentido de pertenencia, que hoy no tiene, e incentivando la cotización. Hemos llegado a proponer que se analice el gravar los gastos de representación, pero por supuesto que, como todo, tiene un límite. La alternativa ofrece múltiples ventajas para todos los individuos y por ende para la sociedad, por que nadie sale estafado, como en el sistema actual. Por añadidura, también generaría recaudación adicional para el Estado y para el programa de Enfermedad y Maternidad. El Estado se releva de la supuesta obligación de una prestación definida en los niveles medios y altos de salarios, para con asegurados con mayor capacidad de discrecionalidad decisiva en el destino de sus ahorros. Y digo supuesta obligación porque los derechos que otorga el Estado mediante ley, siempre han sido, son y serán negados por otra ley.
Ante esta presentación de un escenario a considerar en el Diálogo (la CSS no ha presentado ninguno, pero reniega de considerar otros), se alega en el artículo reseñado que las cuotas de la porción individual "podrían ser administradas por entes privados", y agregamos que también por la CSS, si son capaces de hacerlo mejor y más barato, y continúa diciendo que " en función de sus cotizaciones (complementarias) y de los costos derivados de esa administración determinarían qué cantidad recibirían los cotizantes", como complemento de la pensión recibida del primer pilar. Además de que la Caja no reconoce derecho alguno a los cotizantes de IVM mientras no reciba y apruebe la solicitud en estricto apego a la ley, y que sólo ese día dirá cuánto va a pagar, así sea sin las garantías correspondientes, no encuentro nada pecaminoso en el concepto, pues es mucho más justo y equitativo para el asegurado, con una mayor garantía que en el sistema actual, en el que se traslada la última responsabilidad a los contribuyentes y al Estado. En ese traslado confiaban los asegurados y jubilados argentinos, los chilenos, uruguayos, los mexicanos, los nicaragüenses y resto de los centroamericanos, los peruanos y los supuestamente afortunados venezolanos. Hoy reciben una fracción de lo prometido por los antiguos sistemas. En EE.UU. y en Europa, que es la cuna de los sistemas solidarios obligatorios, les han cambiado las reglas del juego, buscando sistemas complementarios obligatorios y voluntarios, y a nadie se le ocurre ir para atrás, por muy socialista o de izquierdas que sea el gobierno electo.
Si el prurito ante la opción de administración privada son los costos de administración, no veo el punto de los adversarios a la iniciativa privada, ya que la CSS administra IVM con los impuestos de los contribuyentes y subsidia los rendimientos de las reservas con 20,5 millones adicionales, que también vienen de dichos impuestos. Total, suman alrededor de 60MM en subsidios para recaudar entre 360 y 400MM en cuotas de IVM. ¡Esa administración es cara! , nada clara ni justa, sobre todo para los que no tienen agua, luz, ni educación en la campiña panameña. Y para eso de que "los cotizantes no sabrían, sino hasta el momento de recibir sus pensiones, qué cantidad le correspondería", pregúntenle a un afiliado al SIACAP si sabe o no por qué no ha querido, cuánto tiene o cómo va acumulando aportes y rendimientos en su cuenta individual para recibirlo el día de su jubilación, todo junto, en retiros programados o, si lo prefiere, comprando una renta vitalicia complementaria a la hoy dudosa pensión que la CSS le ha prometido. Además, si muere en el intento por llegar a su jubilación, sus beneficiarios pueden ser titulares del 100% de su patrimonio.
Dicho esto, ¿qué interés hay en mantener un sistema que no se puede pagar, por muchos afiliados nuevos que incorporemos, por muy al día que estén los patronos, o por muy baja que sea la supuesta evasión y por muchos patronos que quiera meter en la cárcel?
A propósito de propuestas de la CSS, navegando en las cómodas olas de la demagogia, la Dirección, junto a sus correligionarios de conveniencia, ha venido insistiendo en la idea de perseguir algunas fuentes de ingreso que la ley laboral no considera salario, con el argumento de que son un atentado a la solidaridad. Incluso está proponiendo elevar la evasión a delito penal. Según la normativa fiscal, tales ingresos son susceptibles del pago de Impuesto sobre la Renta.
Una revisión rápida de la recaudación de Impuesto sobre la Renta generado sobre los ingresos de los asalariados demuestra que hoy el 40% de las personas naturales que devengan salario no pagan impuesto. El siguiente 47%, personas que devengan entre 300 y 800 balboas mensuales, pagan el 21% de la recaudación total y con una tasa promedio del 5.31% sobre sus ingresos. A este grupo se le ha mencionado para ser exonerado de pago en las diferentes discusiones sobre la reforma tributaria. Si bien estoy muy de acuerdo con la reducción del tamaño del Estado, y eso se logra reduciendo los ingresos que financien la burocracia, tampoco creo que los ciudadanos en general no paguen un real de impuesto. ¿Cómo podrían reconocerles su derecho a reclamar si por poco que puedan los que pueden, no pagan nada? Le sigue en la tabla el grupo que devenga ingresos por más de 800 y menos de 2000 mensuales. Este grupo representa el 11.4% de las personas estudiadas y pagan el 29% de la recaudación, con una tasa promedio de retención del 11.2% y una marginal de más del 20%. El resto de la tabla, unas de 12000 personas o el 2.2%, cargan con el 50% de la recaudación con tasas marginales de hasta el 33% de sus ingresos!. ¿No es éste el mecanismo que el Estado ha escogido para cumplir con su rol de distribuidor de la igualdad de oportunidades? Ante el saqueo rampante de los escasos recursos por parte de un aparato estatal gigante e ineficiente, a los regentes de la CSS no se les ocurre otra idea que seguir confiscando el producto del estudio, del esfuerzo, del trabajo, del logro y mérito personal, de la motivación por la iniciativa individual para ser diferentes al rebaño de ovejas al que los planificadores del Estado y su economía nos quieren reducir.
Por cierto que sistemas confiscatorios como el propuesto derivan en mayor evasión, no sólo de cuotas de seguro social sino de impuestos de rentas, y lo más curioso es que el que se empeña en ello, lo puede hacer mediante la utilización de múltiples instrumentos legales disponibles para todos los contribuyentes.
Al economista Juan Jované le preocupa que el SIACAP, a través de la empresa privada principalmente, maneje más de 400 MM de los funcionarios públicos que aportan a su fondo complementario. No es porque las obligaciones legales del SIACAP sean 150% mayores que su patrimonio, ni porque sus obligaciones contingentes sean cinco veces el fondo administrado, pues ese no es el escenario del SIACAP y sí lo es en el caso del programa de IVM. A Jované, simplemente, nunca le ha gustado que la iniciativa privada sea compensada, en un mercado que, bien regulado, le resulte en una competencia que acabe con la elefantiasis de la que adolece la institución. Tal competencia no resultaría precisamente en detrimento de los asegurados y la sociedad, sino del suyo propio, de sus intereses y los de los que lo acompañan en su oportunismo.
Las cómodas olas de la demagogia han transportado a los pueblos siempre a verdaderos huracanes de violencia, con la fatal destrucción de la convivencia y con la mayor cuota del precio en los menos favorecidos. Hagamos el esfuerzo de argumentar con la verdad, por dura y contra corriente que ésta sea.
*Representante del CoNEP en el Diálogo por el Seguro Social
