A la cárcel mandarán a Miguel Antonio Bernal
La dictadura de Torrijos exilió al Dr. Miguel Antonio Bernal y luego casi lo mata a punta de manguerazos y patadas; en la dictadura de Noriega a Bernal le cancelaron de por vida su licencia de locutor, lo multaron y lo exiliaron nuevamente; en el gobierno de Endara trataron de quitarle sus credenciales como abogado y profesor; en el gobierno de Pérez Balladares, por algo que Bernal no dijo, el director de la Policía Nacional, José Luis Sosa, le puso una demanda por calumnia e injuria; en este gobierno el Director de Policía Nacional, Toty Barés, ha mantenido aquella demanda y el 14 de mayo enjuiciarán a Bernal para mandarlo a la cárcel.
Desde el golpe militar de 1968, todos los gobiernos, ya sean dictatoriales o elegidos por la voluntad popular, han perseguido a Bernal por la misma razón que hoy se trata de imponer una nueva ley de prensa. El individuo incorruptible que denuncia así como el periodismo independiente y responsable son los peores enemigos del abuso del poder y la corrupción.
En un gobierno dictatorial no extrañan la censura, las golpizas y el exilio. Pero en un gobierno elegido democráticamente, el atropello y la cárcel para quienes defienden los intereses de la ciudadanía están totalmente fuera de lugar y es una aberración que a 13 años de la caída de la dictadura se mantengan leyes mordaza para amedrentar y silenciar a los ciudadanos que denuncian la injusticia y se pretenda ponerles cortapisas a los medios de comunicación para que no destapen la corrupción.
Dos elementos son indispensables para que la corrupción prospere en un sistema democrático. Primero, tiene que haber contubernio tras bastidores entre los dirigentes políticos de ambos bandos. De hecho, los enormes salarios, prebendas y privilegios ausentes de fiscalización efectiva otorgados a la clase política durante la dictadura de Noriega y el gobierno de Pérez Balladares han logrado que dirigentes y partidos que supuestamente se oponen, cierran filas para mantener el statu quo. El caso de Bernal es un ejemplo de lo anterior. Aunque era de esperar que Toty Barés, funcionario de un gobierno arnulfista, retirara la injusta demanda contra Bernal presentada por su homólogo del gobierno perredista, Barés no lo ha hecho. Al contrario, ha permitido que siga su curso una aberración de la justicia que puede llevar a Bernal a la cárcel.
Segundo, el gobierno que encubre la corrupción en su seno tiene que silenciar las voces que investigan y denuncian. Un clarísimo ejemplo de lo anterior es la proyectada ley de prensa. Todavía estaba al rojo vivo el escándalo de los "Afudólares", el cual involucraba tanto a legisladores perredistas como a figuras relacionadas con el actual Gobierno, cuando el legislador perredista Denis Arce resucitó un proyecto de ley de prensa rechazado durante el gobierno de Pérez Balladares. Como dijo El Pulso de Panamá, dicho proyecto es "un adefesio de marca mayor" además de tratarse "de un pase de factura a los periodistas y los medios por el desastre sufrido por su partido a raíz del escándalo de los sobornos para aprobar el CEMIS" (El Panamá América, 27 de marzo 2002).
Panamá se desploma bajo el peso de la corrupción. La ciudadanía queda atónita ante la ola de escándalos que no parece tener fin. Pero las "investigaciones" quedan en nada.
La presidenta Moscoso rehusó apoyar o recomendar investigaciones sobre los casos del CEMIS y la ratificación de los magistrados, así como sobre la disputa Tricom-BellSouth. Se descubren los restos de panameños asesinados por la dictadura sin esperanza de que se les haga justicia. ¿Qué pasa con el caso de la empresa ADELAG que perjudicó a cientos de ciudadanos? ¿Quedó claro el asunto del hundimiento del helicóptero proveniente de la casa presidencial de Punta Mala? El mismo director de policía que se muestra empecinado en mandar a Bernal a la cárcel, ¿no es cuestionado con motivo de un tráfico ilegal de armas a las guerrillas colombianas?
Lo más triste de todo es que los escándalos de este gobierno vienen a ser una capa cancerosa de corrupción sobrepuesta a los escándalos del gobierno anterior. Por supuesto, ambos bandos han participado activamente en silenciar las voces que claman por justicia. Anteriormente, demandaron a decenas de periodistas, salieron de Gustavo Gorriti y neutralizaron a La Prensa. Ahora no sólo siguen demandando a los periodistas sino que una Asamblea conocida por su corrupción intenta imponer una nueva ley de prensa y, mediante una demanda por calumnia e injuria, pretenden meter en la cárcel a Miguel Antonio Bernal.
La presidenta Moscoso ha dicho que le toca a su gobierno defenderse. Pues yo afirmo lo siguiente: Bernal no es el que estará en el banquillo de los acusados el 14 de mayo, será el gobierno de Mireya Moscoso. Quedará al desnudo ante la ciudadanía, ante los ojos de los organismos internacionales que velan por la transparencia y la libertad de expresión y ante los ojos del mundo un hecho inaudito: este gobierno persigue a los ciudadanos incorruptibles y a los culpables de delitos y crímenes solamente si son pobres.
Planteó que en varias ocasiones le han preguntado a las autoridades nicaragüenses por qué no se les comunicó personalmente o por escrito a los directivos de la Policía Nacional de Panamá o del Ministerio de Gobierno y Justicia sobre este proceso de compra si venía desde 1999, y desde esa fecha en varias ocasiones se han reunido. Sin embargo, Salas añadió que las autoridades de Nicaragua deben definir dónde están los errores en la venta de armas.
"Se han mencionado algunos panameños y tenemos la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias su relación", sentenció Salas. Sustentó que le llama la atención que se les haya entregado estas armas a un comprador particular. "Sólo queremos que se llegue a los responsables y se exonere a Panamá de cualquier responsabilidad", enfatizaron.
Por su parte, el vicecanciller de la República, Harmodio Arias, señaló que las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua se mantienen en su mejor nivel. "A pesar de este incidente las relaciones diplomáticas entre ambos países son excelentes", expresó Arias.
Mientras que desde Guatemala, la agencia ACAN-EFE informó que el Departamento guatemalteco de Control de Armas y Municiones (DECAM), suspendió temporalmente la licencia a la empresa GIRSA, propiedad de dos israelíes, implicados en la compra de un cargamento de armas a Nicaragua que fue a parar a Colombia, anunció ayer una fuente oficial. El jefe del DECAM, Saúl Blanco, explicó que la decisión fue adoptada el pasado 23 de abril y que la licencia no le será revocada a los israelíes hasta que se aclare este escándalo.
Desde el golpe militar de 1968, todos los gobiernos, ya sean dictatoriales o elegidos por la voluntad popular, han perseguido a Bernal por la misma razón que hoy se trata de imponer una nueva ley de prensa. El individuo incorruptible que denuncia así como el periodismo independiente y responsable son los peores enemigos del abuso del poder y la corrupción.
En un gobierno dictatorial no extrañan la censura, las golpizas y el exilio. Pero en un gobierno elegido democráticamente, el atropello y la cárcel para quienes defienden los intereses de la ciudadanía están totalmente fuera de lugar y es una aberración que a 13 años de la caída de la dictadura se mantengan leyes mordaza para amedrentar y silenciar a los ciudadanos que denuncian la injusticia y se pretenda ponerles cortapisas a los medios de comunicación para que no destapen la corrupción.
Dos elementos son indispensables para que la corrupción prospere en un sistema democrático. Primero, tiene que haber contubernio tras bastidores entre los dirigentes políticos de ambos bandos. De hecho, los enormes salarios, prebendas y privilegios ausentes de fiscalización efectiva otorgados a la clase política durante la dictadura de Noriega y el gobierno de Pérez Balladares han logrado que dirigentes y partidos que supuestamente se oponen, cierran filas para mantener el statu quo. El caso de Bernal es un ejemplo de lo anterior. Aunque era de esperar que Toty Barés, funcionario de un gobierno arnulfista, retirara la injusta demanda contra Bernal presentada por su homólogo del gobierno perredista, Barés no lo ha hecho. Al contrario, ha permitido que siga su curso una aberración de la justicia que puede llevar a Bernal a la cárcel.
Segundo, el gobierno que encubre la corrupción en su seno tiene que silenciar las voces que investigan y denuncian. Un clarísimo ejemplo de lo anterior es la proyectada ley de prensa. Todavía estaba al rojo vivo el escándalo de los "Afudólares", el cual involucraba tanto a legisladores perredistas como a figuras relacionadas con el actual Gobierno, cuando el legislador perredista Denis Arce resucitó un proyecto de ley de prensa rechazado durante el gobierno de Pérez Balladares. Como dijo El Pulso de Panamá, dicho proyecto es "un adefesio de marca mayor" además de tratarse "de un pase de factura a los periodistas y los medios por el desastre sufrido por su partido a raíz del escándalo de los sobornos para aprobar el CEMIS" (El Panamá América, 27 de marzo 2002).
Panamá se desploma bajo el peso de la corrupción. La ciudadanía queda atónita ante la ola de escándalos que no parece tener fin. Pero las "investigaciones" quedan en nada.
La presidenta Moscoso rehusó apoyar o recomendar investigaciones sobre los casos del CEMIS y la ratificación de los magistrados, así como sobre la disputa Tricom-BellSouth. Se descubren los restos de panameños asesinados por la dictadura sin esperanza de que se les haga justicia. ¿Qué pasa con el caso de la empresa ADELAG que perjudicó a cientos de ciudadanos? ¿Quedó claro el asunto del hundimiento del helicóptero proveniente de la casa presidencial de Punta Mala? El mismo director de policía que se muestra empecinado en mandar a Bernal a la cárcel, ¿no es cuestionado con motivo de un tráfico ilegal de armas a las guerrillas colombianas?
Lo más triste de todo es que los escándalos de este gobierno vienen a ser una capa cancerosa de corrupción sobrepuesta a los escándalos del gobierno anterior. Por supuesto, ambos bandos han participado activamente en silenciar las voces que claman por justicia. Anteriormente, demandaron a decenas de periodistas, salieron de Gustavo Gorriti y neutralizaron a La Prensa. Ahora no sólo siguen demandando a los periodistas sino que una Asamblea conocida por su corrupción intenta imponer una nueva ley de prensa y, mediante una demanda por calumnia e injuria, pretenden meter en la cárcel a Miguel Antonio Bernal.
La presidenta Moscoso ha dicho que le toca a su gobierno defenderse. Pues yo afirmo lo siguiente: Bernal no es el que estará en el banquillo de los acusados el 14 de mayo, será el gobierno de Mireya Moscoso. Quedará al desnudo ante la ciudadanía, ante los ojos de los organismos internacionales que velan por la transparencia y la libertad de expresión y ante los ojos del mundo un hecho inaudito: este gobierno persigue a los ciudadanos incorruptibles y a los culpables de delitos y crímenes solamente si son pobres.
Planteó que en varias ocasiones le han preguntado a las autoridades nicaragüenses por qué no se les comunicó personalmente o por escrito a los directivos de la Policía Nacional de Panamá o del Ministerio de Gobierno y Justicia sobre este proceso de compra si venía desde 1999, y desde esa fecha en varias ocasiones se han reunido. Sin embargo, Salas añadió que las autoridades de Nicaragua deben definir dónde están los errores en la venta de armas.
"Se han mencionado algunos panameños y tenemos la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias su relación", sentenció Salas. Sustentó que le llama la atención que se les haya entregado estas armas a un comprador particular. "Sólo queremos que se llegue a los responsables y se exonere a Panamá de cualquier responsabilidad", enfatizaron.
Por su parte, el vicecanciller de la República, Harmodio Arias, señaló que las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua se mantienen en su mejor nivel. "A pesar de este incidente las relaciones diplomáticas entre ambos países son excelentes", expresó Arias.
Mientras que desde Guatemala, la agencia ACAN-EFE informó que el Departamento guatemalteco de Control de Armas y Municiones (DECAM), suspendió temporalmente la licencia a la empresa GIRSA, propiedad de dos israelíes, implicados en la compra de un cargamento de armas a Nicaragua que fue a parar a Colombia, anunció ayer una fuente oficial. El jefe del DECAM, Saúl Blanco, explicó que la decisión fue adoptada el pasado 23 de abril y que la licencia no le será revocada a los israelíes hasta que se aclare este escándalo.
