La crisis presupuestal en Salud
Los recortes presupuestales sufridos por el Ministerio de Salud en la última etapa del período gubernamental reafirman la carencia de una genuina planificación en un régimen que se comprometió a priorizar el gasto público en las áreas de asistencia social. Así las cosas, la atención en el Hospital Oncológico, único refugio hospitalario para los enfermos de cáncer de modesta condición económica, se afectará en grado importante, en tanto que la certificación de alimentos envasados que efectuaba una unidad especializada de la Universidad de Panamá, adolecerá de medios técnicos y recursos humanos para proteger a los consumidores.
Por otro lado, informes periodísticos dan cuenta de despidos masivos en diversas dependencias burocráticas de Salud por la supresión de partidas presupuestarias vigentes en años anteriores. Por ejemplo, se han despedido unidades administrativas en las dependencias de lucha contra el dengue y otras afecciones epidémicas. El funcionamiento del nuevo hospital de San Miguelito se dilató por nueve meses supuestamente por obstrucciones presupuestales. Las iniciativas formuladas por las altas autoridades, tales como un mecanismo tipo Teletón para recaudar contribuciones o la creación de un impuesto a la salud trasuntan improvisación, ausencia de seriedad planificadora tanto en el MIPPE como en Salud.
El país merece que el Ministerio de Planificación cumpla con la responsabilidad de entregar un informe realista y minucioso de la coyuntura económica desde el punto de vista presupuestal. Asimismo el Ministerio de Hacienda debe dar a conocer cuál es la realidad de la situación tributaria en función de los ingresos previstos que, por una y otra razón, no pueden cumplirse, en los gastos diseñados en el presupuesto. Desdichadamente, después de la frustrante campaña por el referéndum, que monopolizó el discurso político por largo lapso, ahora debemos sumergirnos en la sucesión de campañas por las primarias y las elecciones generales del dos de mayo de 1999. Este quehacer político le ha restado energía creativa a las autoridades que deben aportar respuestas y soluciones de la administración estatal permanente. En Salud se merma seriamente el cumplimiento de obligaciones en servicios básicos. En Agricultura, los productores y campesinos han sido lanzados a una competencia desigual a nombre de una globalización que tampoco beneficia a los consumidores. Servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable van a pasar a empresas privadas extranjeras, sin claro concepto de la responsabilidad social. El Estado panameño acusa una preocupante debilidad en el cumplimiento de sus obligaciones a pocos meses del cambio de gobierno. Esto es algo en lo que se debe pensar profundamente.
Por otro lado, informes periodísticos dan cuenta de despidos masivos en diversas dependencias burocráticas de Salud por la supresión de partidas presupuestarias vigentes en años anteriores. Por ejemplo, se han despedido unidades administrativas en las dependencias de lucha contra el dengue y otras afecciones epidémicas. El funcionamiento del nuevo hospital de San Miguelito se dilató por nueve meses supuestamente por obstrucciones presupuestales. Las iniciativas formuladas por las altas autoridades, tales como un mecanismo tipo Teletón para recaudar contribuciones o la creación de un impuesto a la salud trasuntan improvisación, ausencia de seriedad planificadora tanto en el MIPPE como en Salud.
El país merece que el Ministerio de Planificación cumpla con la responsabilidad de entregar un informe realista y minucioso de la coyuntura económica desde el punto de vista presupuestal. Asimismo el Ministerio de Hacienda debe dar a conocer cuál es la realidad de la situación tributaria en función de los ingresos previstos que, por una y otra razón, no pueden cumplirse, en los gastos diseñados en el presupuesto. Desdichadamente, después de la frustrante campaña por el referéndum, que monopolizó el discurso político por largo lapso, ahora debemos sumergirnos en la sucesión de campañas por las primarias y las elecciones generales del dos de mayo de 1999. Este quehacer político le ha restado energía creativa a las autoridades que deben aportar respuestas y soluciones de la administración estatal permanente. En Salud se merma seriamente el cumplimiento de obligaciones en servicios básicos. En Agricultura, los productores y campesinos han sido lanzados a una competencia desigual a nombre de una globalización que tampoco beneficia a los consumidores. Servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable van a pasar a empresas privadas extranjeras, sin claro concepto de la responsabilidad social. El Estado panameño acusa una preocupante debilidad en el cumplimiento de sus obligaciones a pocos meses del cambio de gobierno. Esto es algo en lo que se debe pensar profundamente.
