La CSS y su futuro
Por mandato expreso de nuestra Constitución Política de la República y muy en especial el Artículo No. 109, corresponde al Ejecutivo hacer que se establezcan todos y cada uno de los mecanismos que, como buen y diligente padre de familia, debe realizar con el fin de impulsar planes nacionales de salud, educación y trabajo. Es importante para nuestro país, los deberes y obligaciones del gobernante, así como los de los gobernados, en todo lo referente a la seguridad social. Acaba de terminar el siglo, caracterizado por sus constantes luchas en pro de los derechos políticos y civiles (a la vida, a la libertad, a la expresión), por lo que la humanidad, si quiere dar un paso hacia adelante y Panamá sumarse a esta iniciativa, nos obliga a todos los panameños consagrar este nuevo siglo como el de los derechos económicos, sociales y culturales. De este punto, entramos en claros conceptos sobre la salud, previsión y seguridad social, haciendo énfasis en el derecho al trabajo y a todas las protecciones inherentes a éste.
Dividiré los retos de la CSS en tres grandes áreas: la primera, es todo lo referente a los servicios médicos y sus prestaciones; la segunda, el enmarco en la atención a los pensionados y jubilados frente a su nueva realidad; y la tercera, a todo los aspectos financieros, económicos, incluidos los problemas actuariales que generan las pensiones por vejez, con el ingrediente adicional en la maximización de las utilidades provenientes de las inversiones financieras.
Comencemos por lo económico y lo financiero. Los rendimientos de las inversiones a largo plazo están deprimidos productos de la caída de los intereses en los mercados financieros internacionales. Este fenómeno pone frente a un panorama desalentador a la fuente más importante de recursos líquidos de la CSS, ya que los otros rendimientos provenientes de los bonos del Estado se convirtieron en más papel. Hay B/.1,120 millones en plazos fijos y sus rendimientos al 30 de abril eran de casi 6% anual y la tasa LIBOR está en el 4% anual. Las demás inversiones son unos B/.900 y tantos millones, las que están respaldadas en bonos, pagarés y letras del Tesoro Nacional, pero su ingreso, por supuesto, entra también, en su gran mayoría, en más papeles. Teniendo como consecuencia directa y a pesar de estar colocados con los intereses del 8% anual y más, que no se cuente con la inyección de capital, para así sacarle provecho financiero inmediato. Hay una gran morosidad en las cuentas por cobrar, el Gobierno desde casi B/.60 millones de las cuotas obrero patronales, así como de los intereses y recargos causados. De igual forma, un número plural de patronos privados, ya sea por insolvencia de sus negocios, o por simple y llana retención de las cuotas obrero patronales, hacen que en total podamos tener unos B/.90 millones por cobrar entre ambos patronos.
La jurisdicción coactiva y la pena de prisión a quienes retengan cuotas, no se aplican, creando aún más impunidad. Como quien diría en idioma empresarial, las ventas bajan, los cobros y los mala pagas aumentan, pero los gastos de operación se mantienen al 100%. No hay empresa que lo resista. Por eso, cuando se miran con detenimiento las finanzas, se percibe un gran déficit de caja producto de esto, ya que se puede generar una tendencia a utilizar los recursos de las operaciones corrientes y a lo mejor hasta tocar las reservas y/o superávits, porque las proyecciones económicas tomadas como base no han sido las esperadas y los salarios básicos cotizados serán menores. Siendo todo esto el producto de una política para vivir de un presupuesto de aproximadamente B/.1,300 millones, muy abultado en los servicios personales, operaciones y agotado en las prestaciones médicas (insumos, medicamentos y demás). Estas distorsiones financieras podrán corregirse con resultados inmediatos con una reestructuración al sistema de cobranzas que sea motivador y coactivo; que obligue penalmente a quien no haga su trabajo, o a lo mejor, quizás responsabilizando a grupos especializados en estos menesteres. En la parte financiera, habrá que aplicar con prudencia lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica sobre "Las Inversiones" y lo pertinente a la compra de títulos y cédulas hipotecarias, valores y acciones de empresas, así como un fomento al mercado secundario de hipotecas que permita, inclusive actuar como banca de segundo piso sin la necesaria intermediación de la banca estatal, y reactivar préstamos para la construcción de viviendas para los asegurados de manera directa o por medio de fideicomisos. Eliminar las modificaciones a la ley, tal como el cambio que se pretende impulsar en la legislación del SIACAP, lo que equivale a dar una licencia para desmotivar el ahorro, sistema que fue creado para capitalizar y complementa las pensiones. Además, sería un certero y mortal golpe que la CSS sea quien recompre estos certificados. La economía deberá tener motores que la aceleren, y la CSS tiene su papel en esto, pero debemos definir qué modelo de desarrollo queremos como país, es imprescindible esta decisión nacional.
En cuanto a los servicios y prestaciones médicas, deberemos adoptar los más modernos modelos de atención de salud, en los cuales sea prioritario la calidad y la prevención de enfermedades. Nuestros cuerpos médicos son conocedores de los cambios que se requieren, pero se falla en la programación de las citas, de las cirugías, de los exámenes y laboratorios; así como en la proyección de las compras en materiales médico quirúrgicos y medicamentos, creando escasez., frustración al usuario y el tener que recurrir a compras urgentes y onerosas. En el argot de mercadeo, el consumidor es el rey; pues reyes son también los asegurados, los pensionados y sus beneficiarios. Ellos son y serán a quienes no debemos, la institución es para ellos, para nadie más. Tampoco hace sentido, que tengamos varios miles de cirugías pendientes y que no se aproveche al máximo las soluciones ambulatorias, aliviando así la presión del día a día. Los hospitales privados tienen capacidad ociosa dispuesta para atender la mora quirúrgica, sólo falta romper el paradigma de que no es una privatización. Que lo que se requiere es que se utilice al máximo la red hospitalaria nacional. Esto sólo será mediante una negociación amplia, abierta y directa que beneficie al asegurado, que sea de calidad y más económica a la CSS y así, de manera concertada, se dé el giro en cuanto la prestación de este servicio y sólo por un tiempo estipulado.
La CSS no se puede desligar de las ventajas y ahorros, sobre todo de satisfacción para el usuario que ofrece el sistema de "outsourcing". Recientemente, pude ver algunas cifras que oscilan entre los B/.280 y los B/.380 diarios por un paciente en el sistema hospitalario de la CSS, incluidos los servicios médicos, es una realidad insoslayable que los costos operativos son superiores.
Queda por mencionar los Riesgos Profesionales y el superávit que este programa muestra, el cual puede ser cuasi que doblado, pero no se hace nada para aplicar igual prima por igual nivel de siniestralidad, también habrá que corregirlo porque el Estado seguirá cotizando al mínimo, pero tampoco lo pagará como sus otras cuentas. Aunque será parte de las conclusiones, no hay sitio que se toque donde no aflore la importancia del sector privado y la manera como subsidia constantemente, hay una necesidad real de una reforma integral. Tenemos una institución que al cumplir hace poco sus 60 años, tiene 130,000 pensionados y jubilados y unos 2 millones de usuarios en total, pero no se preparó para enfrentar este crecimiento y verdaderamente hoy día es un problema que merece toda la atención. No tenemos programas masivos para la tercera edad, así como tampoco para los niños asegurados. Todos aspiramos a un feliz retiro, con salud y ahorros al final de una vida productiva; el poder gozar de la ancianidad, ya sea con nuestros familiares o en residencias donde se nos provea de todo lo necesario. Sin embargo, los cálculos actuariales indican que se hace difícil sostenerlos a ellos y a los que vienen, o sea a nosotros. Entonces, uno de los pilares básicos de nuestra seguridad social ha fallado, ya sea que erraron las generaciones y los gobiernos anteriores. Hay métodos aprobados y que harán pronto justicia al ansiado aumento a los jubilados, pero dentro de nuestras limitaciones es también de justicia que se dé el aumento entre aquellos que cobran menos de B/.400, es a ellos que debemos atender primero.
Entonces, el futuro de la CSS está en preservarla y cementándola bien con los sagrados principios de la Constitución y la Ley, pero también debemos adecuarla y preservarla para los tiempos modernos, en donde se dividan y se asignen los deberes y obligaciones, con claras responsabilidades, que sea una decisión de país. Que la institución sea respetada en su autonomía, que se le honren las deudas, que cumpla con sus pagos, que se mantenga actualizada en lo gerencial, en lo profesional y en lo científico; que se le devuelva al funcionario su autoestima y sus derechos adquiridos, que sus actuaciones sean un reflejo del derecho a la libertad y al vivir en transparencia, que se mantenga como un complemento a los beneficios de la educación, la vivienda, la salud y el trabajo. Sólo así podremos salir de la socavada realidad financiera y actuarial que la amenaza. ¿Cómo reglamentar a los futuros usuarios del sistema y de cómo no violaremos, aquel mandato constitucional, que no habrá ni fueros, ni privilegios? Sólo por medio de una concertación nacional seria y responsable podremos alcanzarlo. Pero sí es de consideración destacar, que todos los actores, los que aportamos todos los días somos los empresarios y sus trabajadores, ya que los servidores públicos son pagados con los impuestos que se generan también en el sector privado, por lo tanto, el rol del sector empresarial es muy importante en cualquier cambio en la legislación o en cualquier proyección futura de la seguridad social panameña.
Para terminar, es bueno, recordar que el Gobierno Nacional disolvió la Comisión de Alto Nivel y puso en manos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el problema. Ellos han estado reuniéndose con todos los actores en este drama y esperamos de ellos que alguna propuesta saldrá para que, a los que le corresponde tomar las decisiones finales sobre el nuevo concepto, produzcan una nueva Ley Orgánica que proyecte a la Caja de Seguro Social a este nuevo siglo, con una nueva visión y una nueva misión, en armonía total con los planes nacionales de salud y previsión social.
Dividiré los retos de la CSS en tres grandes áreas: la primera, es todo lo referente a los servicios médicos y sus prestaciones; la segunda, el enmarco en la atención a los pensionados y jubilados frente a su nueva realidad; y la tercera, a todo los aspectos financieros, económicos, incluidos los problemas actuariales que generan las pensiones por vejez, con el ingrediente adicional en la maximización de las utilidades provenientes de las inversiones financieras.
Comencemos por lo económico y lo financiero. Los rendimientos de las inversiones a largo plazo están deprimidos productos de la caída de los intereses en los mercados financieros internacionales. Este fenómeno pone frente a un panorama desalentador a la fuente más importante de recursos líquidos de la CSS, ya que los otros rendimientos provenientes de los bonos del Estado se convirtieron en más papel. Hay B/.1,120 millones en plazos fijos y sus rendimientos al 30 de abril eran de casi 6% anual y la tasa LIBOR está en el 4% anual. Las demás inversiones son unos B/.900 y tantos millones, las que están respaldadas en bonos, pagarés y letras del Tesoro Nacional, pero su ingreso, por supuesto, entra también, en su gran mayoría, en más papeles. Teniendo como consecuencia directa y a pesar de estar colocados con los intereses del 8% anual y más, que no se cuente con la inyección de capital, para así sacarle provecho financiero inmediato. Hay una gran morosidad en las cuentas por cobrar, el Gobierno desde casi B/.60 millones de las cuotas obrero patronales, así como de los intereses y recargos causados. De igual forma, un número plural de patronos privados, ya sea por insolvencia de sus negocios, o por simple y llana retención de las cuotas obrero patronales, hacen que en total podamos tener unos B/.90 millones por cobrar entre ambos patronos.
La jurisdicción coactiva y la pena de prisión a quienes retengan cuotas, no se aplican, creando aún más impunidad. Como quien diría en idioma empresarial, las ventas bajan, los cobros y los mala pagas aumentan, pero los gastos de operación se mantienen al 100%. No hay empresa que lo resista. Por eso, cuando se miran con detenimiento las finanzas, se percibe un gran déficit de caja producto de esto, ya que se puede generar una tendencia a utilizar los recursos de las operaciones corrientes y a lo mejor hasta tocar las reservas y/o superávits, porque las proyecciones económicas tomadas como base no han sido las esperadas y los salarios básicos cotizados serán menores. Siendo todo esto el producto de una política para vivir de un presupuesto de aproximadamente B/.1,300 millones, muy abultado en los servicios personales, operaciones y agotado en las prestaciones médicas (insumos, medicamentos y demás). Estas distorsiones financieras podrán corregirse con resultados inmediatos con una reestructuración al sistema de cobranzas que sea motivador y coactivo; que obligue penalmente a quien no haga su trabajo, o a lo mejor, quizás responsabilizando a grupos especializados en estos menesteres. En la parte financiera, habrá que aplicar con prudencia lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica sobre "Las Inversiones" y lo pertinente a la compra de títulos y cédulas hipotecarias, valores y acciones de empresas, así como un fomento al mercado secundario de hipotecas que permita, inclusive actuar como banca de segundo piso sin la necesaria intermediación de la banca estatal, y reactivar préstamos para la construcción de viviendas para los asegurados de manera directa o por medio de fideicomisos. Eliminar las modificaciones a la ley, tal como el cambio que se pretende impulsar en la legislación del SIACAP, lo que equivale a dar una licencia para desmotivar el ahorro, sistema que fue creado para capitalizar y complementa las pensiones. Además, sería un certero y mortal golpe que la CSS sea quien recompre estos certificados. La economía deberá tener motores que la aceleren, y la CSS tiene su papel en esto, pero debemos definir qué modelo de desarrollo queremos como país, es imprescindible esta decisión nacional.
En cuanto a los servicios y prestaciones médicas, deberemos adoptar los más modernos modelos de atención de salud, en los cuales sea prioritario la calidad y la prevención de enfermedades. Nuestros cuerpos médicos son conocedores de los cambios que se requieren, pero se falla en la programación de las citas, de las cirugías, de los exámenes y laboratorios; así como en la proyección de las compras en materiales médico quirúrgicos y medicamentos, creando escasez., frustración al usuario y el tener que recurrir a compras urgentes y onerosas. En el argot de mercadeo, el consumidor es el rey; pues reyes son también los asegurados, los pensionados y sus beneficiarios. Ellos son y serán a quienes no debemos, la institución es para ellos, para nadie más. Tampoco hace sentido, que tengamos varios miles de cirugías pendientes y que no se aproveche al máximo las soluciones ambulatorias, aliviando así la presión del día a día. Los hospitales privados tienen capacidad ociosa dispuesta para atender la mora quirúrgica, sólo falta romper el paradigma de que no es una privatización. Que lo que se requiere es que se utilice al máximo la red hospitalaria nacional. Esto sólo será mediante una negociación amplia, abierta y directa que beneficie al asegurado, que sea de calidad y más económica a la CSS y así, de manera concertada, se dé el giro en cuanto la prestación de este servicio y sólo por un tiempo estipulado.
La CSS no se puede desligar de las ventajas y ahorros, sobre todo de satisfacción para el usuario que ofrece el sistema de "outsourcing". Recientemente, pude ver algunas cifras que oscilan entre los B/.280 y los B/.380 diarios por un paciente en el sistema hospitalario de la CSS, incluidos los servicios médicos, es una realidad insoslayable que los costos operativos son superiores.
Queda por mencionar los Riesgos Profesionales y el superávit que este programa muestra, el cual puede ser cuasi que doblado, pero no se hace nada para aplicar igual prima por igual nivel de siniestralidad, también habrá que corregirlo porque el Estado seguirá cotizando al mínimo, pero tampoco lo pagará como sus otras cuentas. Aunque será parte de las conclusiones, no hay sitio que se toque donde no aflore la importancia del sector privado y la manera como subsidia constantemente, hay una necesidad real de una reforma integral. Tenemos una institución que al cumplir hace poco sus 60 años, tiene 130,000 pensionados y jubilados y unos 2 millones de usuarios en total, pero no se preparó para enfrentar este crecimiento y verdaderamente hoy día es un problema que merece toda la atención. No tenemos programas masivos para la tercera edad, así como tampoco para los niños asegurados. Todos aspiramos a un feliz retiro, con salud y ahorros al final de una vida productiva; el poder gozar de la ancianidad, ya sea con nuestros familiares o en residencias donde se nos provea de todo lo necesario. Sin embargo, los cálculos actuariales indican que se hace difícil sostenerlos a ellos y a los que vienen, o sea a nosotros. Entonces, uno de los pilares básicos de nuestra seguridad social ha fallado, ya sea que erraron las generaciones y los gobiernos anteriores. Hay métodos aprobados y que harán pronto justicia al ansiado aumento a los jubilados, pero dentro de nuestras limitaciones es también de justicia que se dé el aumento entre aquellos que cobran menos de B/.400, es a ellos que debemos atender primero.
Entonces, el futuro de la CSS está en preservarla y cementándola bien con los sagrados principios de la Constitución y la Ley, pero también debemos adecuarla y preservarla para los tiempos modernos, en donde se dividan y se asignen los deberes y obligaciones, con claras responsabilidades, que sea una decisión de país. Que la institución sea respetada en su autonomía, que se le honren las deudas, que cumpla con sus pagos, que se mantenga actualizada en lo gerencial, en lo profesional y en lo científico; que se le devuelva al funcionario su autoestima y sus derechos adquiridos, que sus actuaciones sean un reflejo del derecho a la libertad y al vivir en transparencia, que se mantenga como un complemento a los beneficios de la educación, la vivienda, la salud y el trabajo. Sólo así podremos salir de la socavada realidad financiera y actuarial que la amenaza. ¿Cómo reglamentar a los futuros usuarios del sistema y de cómo no violaremos, aquel mandato constitucional, que no habrá ni fueros, ni privilegios? Sólo por medio de una concertación nacional seria y responsable podremos alcanzarlo. Pero sí es de consideración destacar, que todos los actores, los que aportamos todos los días somos los empresarios y sus trabajadores, ya que los servidores públicos son pagados con los impuestos que se generan también en el sector privado, por lo tanto, el rol del sector empresarial es muy importante en cualquier cambio en la legislación o en cualquier proyección futura de la seguridad social panameña.
Para terminar, es bueno, recordar que el Gobierno Nacional disolvió la Comisión de Alto Nivel y puso en manos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el problema. Ellos han estado reuniéndose con todos los actores en este drama y esperamos de ellos que alguna propuesta saldrá para que, a los que le corresponde tomar las decisiones finales sobre el nuevo concepto, produzcan una nueva Ley Orgánica que proyecte a la Caja de Seguro Social a este nuevo siglo, con una nueva visión y una nueva misión, en armonía total con los planes nacionales de salud y previsión social.
