La ignorancia supina de los diputados
A golpe de curul, y con el mayor desprecio a las más elementales reglas de convivencia democrática, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate las reformas al Código Penal a pesar de las críticas al mismo provenientes de diversos sectores de la sociedad.
Con este proceder los diputados, al igual que algunos conspicuos comisionados, han demostrado su ignorancia supina en las convenciones internacionales que regulan la libertad de expresión, la transparencia gubernamental y el combate a las prácticas corruptas por servidores públicos. Uno de estos documentos es la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", que es fundamental para la correcta interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyéndose no sólo en un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas, sino que, además, incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.
Los diputados, con el apoyo de algunos leguleyos comisionados, parecen a propósito ignorar que el ejercicio pleno de la libertad de expresión, a través de los comunicadores sociales, debe constituirse en una herramienta básica de participación, en donde la ciudadanía adquiere el poder de controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios, como atinadamente ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Panamá, las leyes de calumnias e injurias han sido utilizadas, en la mayoría de las ocasiones, para silenciar el discurso que se considera crítico en contra de la administración pública, en lugar de proteger el honor de las personas y, es por ello, que la Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión.
El acceso a la información en poder del Estado, que las reformas penales atacan de manera singular, es uno de los pilares fundacionales de las democracias y la importancia del mismo radica en que éste esta íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. Por ello, es preocupante que aunado a los artículos que atentan contra la libertad de expresión se sumen, a su vez, aquellos contra la administración pública que deliberadamente les han sido rebajadas las sanciones penales con lo cual sólo se estaría promoviendo una cultura de impunidad, impropia de una sociedad con valores democráticos mínimos.
Cuando los diputados "sonrientes" se tomaron la foto de la aprobación en tercer debate de las reformas penales, recordé la frase de El Quijote: "Cada uno es como Dios le ha hecho, y aún peor muchas veces", ya que es deprimente, por decir lo menos, saber que personas sin estatura moral ni vergüenza pública aprueben este tipo de leyes manifiestamente violatorias a los derechos humanos. Ya han conseguido el andamiaje legal para acallar a la prensa libre y que impere la corrupción rampante y, por tanto, sólo les hace falta tener el control del ente jurisdiccional para lo cual ya tienen preparado el proyecto de reforma a la justicia constitucional, con el propósito de contar con una mayoría dentro de la Corte Suprema de Justicia que les garantice una impunidad a través de espurios fallos judiciales.
Ningún avance contenido en estas reformas penales es justificante para que se promulguen las mismas, ya que mientras exista un espada de Damocles en contra de los periodistas, a través de la intimidación y la amenaza, será impensable el libre debate de ideas y la transparencia gubernamental con lo cual se verá afectada la libertad de expresión y la institucionalidad democrática.
El veto presidencial es la última esperanza ciudadana para que no se pierda totalmente la fe en nuestros políticos; confiamos en usted, Sr. Presidente.
De acuerdo con el decreto emitido el año pasado, el objetivo es uniformar la prestación del servicio de transporte selectivo en todo el país.
Pintar un carro en un taller de la localidad no es nada barato, siempre y cuando se quiera un trabajo de calidad. En un recorrido realizado por el Panamá América en los diferentes talleres de chapistería y pintura.
Según Montalvo Rivera, administrador del taller Auto Servicios Rivera, lo más barato que puede costar el trabajo de pintura de un carro puede ser B/. 600 y que pueden llegar a estar pro el orden de los mil dólares, dependiendo del modelo, y de la calidad de trabajo que quiere el dueño del vehículo.
"Para hacer este tipo de trabajos, requiere de una pintura especial llamado poliuretano, para poder tener un mejor acabado y esa pintura en el mercado es un poco cara, más la mano de obra" explica.
Rivera comenta que a su taller se han apersonado varios conductores de taxis para cotizar cuánto sería el costo que tendrían que pagar para poder pintar su carro, pero que ninguno ha llegado a realizar la pintura.
Brenda Morales: "Yo pienso que si se debe cambiar el color de los taxis, porque así puede que haya una mejor seguridad para la persona que utilice el servicio".
Aracelis Sánchez: "Me parece bien que todos los taxis se identifiquen con un color en particular, porque así no habría confusión y no se podrían prestan para cosas ilícitas".
Rogelio Aguilar: "Considero que unificar el color de los taxis es factible, porque en otros países se ha puesto en práctica, y así se brindaría un mejor servicio".
Iván Guardia: "La medida de pintar los taxis de un sólo color es buena, pero hacerlo representa un costo que muchos de ellos no están dispuestos a costear".
Con este proceder los diputados, al igual que algunos conspicuos comisionados, han demostrado su ignorancia supina en las convenciones internacionales que regulan la libertad de expresión, la transparencia gubernamental y el combate a las prácticas corruptas por servidores públicos. Uno de estos documentos es la "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión", que es fundamental para la correcta interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyéndose no sólo en un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas, sino que, además, incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.
Los diputados, con el apoyo de algunos leguleyos comisionados, parecen a propósito ignorar que el ejercicio pleno de la libertad de expresión, a través de los comunicadores sociales, debe constituirse en una herramienta básica de participación, en donde la ciudadanía adquiere el poder de controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios, como atinadamente ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Panamá, las leyes de calumnias e injurias han sido utilizadas, en la mayoría de las ocasiones, para silenciar el discurso que se considera crítico en contra de la administración pública, en lugar de proteger el honor de las personas y, es por ello, que la Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión.
El acceso a la información en poder del Estado, que las reformas penales atacan de manera singular, es uno de los pilares fundacionales de las democracias y la importancia del mismo radica en que éste esta íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. Por ello, es preocupante que aunado a los artículos que atentan contra la libertad de expresión se sumen, a su vez, aquellos contra la administración pública que deliberadamente les han sido rebajadas las sanciones penales con lo cual sólo se estaría promoviendo una cultura de impunidad, impropia de una sociedad con valores democráticos mínimos.
Cuando los diputados "sonrientes" se tomaron la foto de la aprobación en tercer debate de las reformas penales, recordé la frase de El Quijote: "Cada uno es como Dios le ha hecho, y aún peor muchas veces", ya que es deprimente, por decir lo menos, saber que personas sin estatura moral ni vergüenza pública aprueben este tipo de leyes manifiestamente violatorias a los derechos humanos. Ya han conseguido el andamiaje legal para acallar a la prensa libre y que impere la corrupción rampante y, por tanto, sólo les hace falta tener el control del ente jurisdiccional para lo cual ya tienen preparado el proyecto de reforma a la justicia constitucional, con el propósito de contar con una mayoría dentro de la Corte Suprema de Justicia que les garantice una impunidad a través de espurios fallos judiciales.
Ningún avance contenido en estas reformas penales es justificante para que se promulguen las mismas, ya que mientras exista un espada de Damocles en contra de los periodistas, a través de la intimidación y la amenaza, será impensable el libre debate de ideas y la transparencia gubernamental con lo cual se verá afectada la libertad de expresión y la institucionalidad democrática.
El veto presidencial es la última esperanza ciudadana para que no se pierda totalmente la fe en nuestros políticos; confiamos en usted, Sr. Presidente.
De acuerdo con el decreto emitido el año pasado, el objetivo es uniformar la prestación del servicio de transporte selectivo en todo el país.
Pintar un carro en un taller de la localidad no es nada barato, siempre y cuando se quiera un trabajo de calidad. En un recorrido realizado por el Panamá América en los diferentes talleres de chapistería y pintura.
Según Montalvo Rivera, administrador del taller Auto Servicios Rivera, lo más barato que puede costar el trabajo de pintura de un carro puede ser B/. 600 y que pueden llegar a estar pro el orden de los mil dólares, dependiendo del modelo, y de la calidad de trabajo que quiere el dueño del vehículo.
"Para hacer este tipo de trabajos, requiere de una pintura especial llamado poliuretano, para poder tener un mejor acabado y esa pintura en el mercado es un poco cara, más la mano de obra" explica.
Rivera comenta que a su taller se han apersonado varios conductores de taxis para cotizar cuánto sería el costo que tendrían que pagar para poder pintar su carro, pero que ninguno ha llegado a realizar la pintura.
Brenda Morales: "Yo pienso que si se debe cambiar el color de los taxis, porque así puede que haya una mejor seguridad para la persona que utilice el servicio".
Aracelis Sánchez: "Me parece bien que todos los taxis se identifiquen con un color en particular, porque así no habría confusión y no se podrían prestan para cosas ilícitas".
Rogelio Aguilar: "Considero que unificar el color de los taxis es factible, porque en otros países se ha puesto en práctica, y así se brindaría un mejor servicio".
Iván Guardia: "La medida de pintar los taxis de un sólo color es buena, pero hacerlo representa un costo que muchos de ellos no están dispuestos a costear".
