La lucha por una constituyente plena y democrática
El debate sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente que reorganice el Estado panameño no emerge, aún, con la fuerza y la importancia que merece, dadas las circunstancias que vive el país. Sigue siendo un escenario propicio para el debate sesgado, tangencial y sin profundidad de quienes no parecen entender que se trata de un debate fundamental para los destinos de la nación panameña, y que el país no requiere retórica sino prudencia y sobriedad.
No voy a disputar sobre la calidad de "constitucionalista" que se auto adjudican algunos, ni sobre las razones que aducen para pedir una Asamblea Constituyente. Ello realmente distraería el debate de lo que pareciera fundamental: las instituciones de un Estado poco compacto y eficiente, que requiere ser descentralizado y dotado con mecanismos de participación política de las mayorías de la Nación; es decir, verdaderamente democrático. Ya habrá tiempo para eso.
Hemos partido señalando que la actual Constitución Política del Estado, con todas sus reformas, tiene un origen ideológico de mediados del siglo XX. Son los principios de un liberalismo social los que informan, desde 1941, la historia de las constituciones panameñas hasta hoy. Obviamente medio siglo de existencia ha desnaturalizado algunas de sus instituciones, desfigurando el sistema político de equilibrio originalmente concebido. Unido dicho transcurso del tiempo a la inveterada costumbre nacional de realizar, por cualesquiera nimiedad, reformas al texto constitucional para acomodarlo a circunstancias personales de los gobernantes de turno.
Pero lo que debe resaltarse es que la desfiguración del propio texto constitucional es sólo expresión de la democracia desfigurada que hemos heredado, de lo que podríamos llamar la declinación de la democracia, de una democracia que se ha atrincherado en los mecanismos electorales y cerrado los espacios sociales de la misma. El tema es complejo y sólo lo dejamos bosquejado.
La situación empeora cuando ni siquiera podemos estar seguros de que los mecanismos electorales y el régimen político mismo aparece deslegitimado. Panamá no escapa al fenómeno generalizado que los medios d comunicación han llamado, de manera superficial, la "crisis de la democracia". Así como es de una terrible superficialidad hablar de la "crisis del socialismo" y no referirse a situaciones concretas; es igualmente superficial (algunas veces con añoranzas de dictaduras) hablar en general de la "crisis de la democracia".
La democracia en Panamá está en crisis, entre otras razones, por la pérdida de coherencia del sistema político (instituciones poco artículadas), la degradación de la cultura política y la irrefrenable corrupción de los dirigentes políticos.
Postular la necesidad de una Asamblea Constituyente es postular la necesidad de construir una nueva democracia que recobre los espacios sociales para la participación social de las mayorías, esto es, una democracia gobernante, sin que se pierdan las libertades democráticas que la historia ha entregado a todos. Para ser más explícitos: que la democracia representativa sea complementada con la mayor participación e igualdad social posible. Sólo ello dará coherencia y corrección al sistema político.
Una democracia reducida a la discusión parlamentaria o a las maniobras de cúpulas (políticas, empresariales o sindicales) o a la manipulación mediática solo puede llamarse democracia por convencionalismo u oportunismo.
Lo mismo puede afirmarse de la descentralización del poder. Creo que la concentración del poder político en un régimen presidencialista fuerte ha desnaturalizado la democracia panameña. Es por esa concentración de prerrogativas de un régimen desequilibrado, en lo que al poder se refiere, lo que llevó a Luis Carlos Sáchica a denominarlos verdaderas "monarquías electivas". A la concentración política y funcional habría que agregarle la centralización territorial, que anula regiones y territorios. El resultado concreto en Panamá es un raquítico régimen de autonomías municipales, con municipios insuficientemente dotados de recursos financieros y administrativos para resolver los problemas comunales y societales a pequeña escala.
Es obvio que el tamaño y la dimensión demográfica del país no hacen viable un régimen federal o de grandes autonomías como la España actual. Pero sí permite una mejor redistribución del poder funcional y territorial, quizás una nueva regionalización administrativa y una mayor participación popular en el gobierno de las municipalidades a través de mecanismos de iniciativa, referéndum, revocatoria de mandatos y nuevas formas de organización de las voluntades colectivas. Como se aprecia, el debate constitucional es un problema que trasciende el mundo de las normas para instalarse en el mundo de lo Social y lo Político.
No voy a disputar sobre la calidad de "constitucionalista" que se auto adjudican algunos, ni sobre las razones que aducen para pedir una Asamblea Constituyente. Ello realmente distraería el debate de lo que pareciera fundamental: las instituciones de un Estado poco compacto y eficiente, que requiere ser descentralizado y dotado con mecanismos de participación política de las mayorías de la Nación; es decir, verdaderamente democrático. Ya habrá tiempo para eso.
Hemos partido señalando que la actual Constitución Política del Estado, con todas sus reformas, tiene un origen ideológico de mediados del siglo XX. Son los principios de un liberalismo social los que informan, desde 1941, la historia de las constituciones panameñas hasta hoy. Obviamente medio siglo de existencia ha desnaturalizado algunas de sus instituciones, desfigurando el sistema político de equilibrio originalmente concebido. Unido dicho transcurso del tiempo a la inveterada costumbre nacional de realizar, por cualesquiera nimiedad, reformas al texto constitucional para acomodarlo a circunstancias personales de los gobernantes de turno.
Pero lo que debe resaltarse es que la desfiguración del propio texto constitucional es sólo expresión de la democracia desfigurada que hemos heredado, de lo que podríamos llamar la declinación de la democracia, de una democracia que se ha atrincherado en los mecanismos electorales y cerrado los espacios sociales de la misma. El tema es complejo y sólo lo dejamos bosquejado.
La situación empeora cuando ni siquiera podemos estar seguros de que los mecanismos electorales y el régimen político mismo aparece deslegitimado. Panamá no escapa al fenómeno generalizado que los medios d comunicación han llamado, de manera superficial, la "crisis de la democracia". Así como es de una terrible superficialidad hablar de la "crisis del socialismo" y no referirse a situaciones concretas; es igualmente superficial (algunas veces con añoranzas de dictaduras) hablar en general de la "crisis de la democracia".
La democracia en Panamá está en crisis, entre otras razones, por la pérdida de coherencia del sistema político (instituciones poco artículadas), la degradación de la cultura política y la irrefrenable corrupción de los dirigentes políticos.
Postular la necesidad de una Asamblea Constituyente es postular la necesidad de construir una nueva democracia que recobre los espacios sociales para la participación social de las mayorías, esto es, una democracia gobernante, sin que se pierdan las libertades democráticas que la historia ha entregado a todos. Para ser más explícitos: que la democracia representativa sea complementada con la mayor participación e igualdad social posible. Sólo ello dará coherencia y corrección al sistema político.
Una democracia reducida a la discusión parlamentaria o a las maniobras de cúpulas (políticas, empresariales o sindicales) o a la manipulación mediática solo puede llamarse democracia por convencionalismo u oportunismo.
Lo mismo puede afirmarse de la descentralización del poder. Creo que la concentración del poder político en un régimen presidencialista fuerte ha desnaturalizado la democracia panameña. Es por esa concentración de prerrogativas de un régimen desequilibrado, en lo que al poder se refiere, lo que llevó a Luis Carlos Sáchica a denominarlos verdaderas "monarquías electivas". A la concentración política y funcional habría que agregarle la centralización territorial, que anula regiones y territorios. El resultado concreto en Panamá es un raquítico régimen de autonomías municipales, con municipios insuficientemente dotados de recursos financieros y administrativos para resolver los problemas comunales y societales a pequeña escala.
Es obvio que el tamaño y la dimensión demográfica del país no hacen viable un régimen federal o de grandes autonomías como la España actual. Pero sí permite una mejor redistribución del poder funcional y territorial, quizás una nueva regionalización administrativa y una mayor participación popular en el gobierno de las municipalidades a través de mecanismos de iniciativa, referéndum, revocatoria de mandatos y nuevas formas de organización de las voluntades colectivas. Como se aprecia, el debate constitucional es un problema que trasciende el mundo de las normas para instalarse en el mundo de lo Social y lo Político.
