La oposición debe proponer
PARA Nadie era un secreto que los gobernantes actuales tenían la intención de proponer y aprobar una reforma fiscal. Si bien ahora, con malabares retóricos y un poco de desvergüenza política siguen despreciando el derecho del país a conocer su contenido, no hay cabida para invocar sorpresa.
Tanto el señor Torrijos como sus principales acompañantes, desde la campaña, la emprendieron contra las reformas fiscales adoptadas durante la administración de la señora Moscoso. Dentro de la generalidad que marcó su discurso electoral nunca precisaron sus inconformidades; al igual que ahora tampoco explican porqué sus propuestas serán mejores. Lo único que les escuchamos repetir, en un sonsonete que ya cansa, es que impulsarán una reforma "integral", lo que sea que eso signifique.
Las reformas fiscales en nuestros países, por experiencia lo sabemos muy excepcionalmente están destinadas a que los contribuyentes paguen menos. En los Estados Unidos, el presidente Bush hizo aprobar rebajas tributarias aprovechando que la administración de su predecesor, el señor Clinton, había acumulado un considerable superávit fiscal. Pero el caso de Panamá es precisamente el opuesto. Los actuales gobernantes dijeron, no bien asumieron el poder, que existe un déficit fiscal de 720 millones. Nunca han explicado, y mucho menos demostrado, con cifras, la veracidad de su afirmación; pero, tomando ese precedente de reformas tributarias esta diseñado para aumentar los ingresos del gobierno.
El gobierno nacional, deliberadamente está tratando de posponer hasta donde le sea posible mostrar sus cartas. En las declaraciones de los responsables económicos, se puede comprobar que su característica es la generalidad y la oscuridad.
"Todo está todavía en consulta" u "oportunamente desvelarán el misterio" Hablan de "talleres y encuentros" en lo que se han estudiado las reformas, pero no especifican cuáles fueron y menos sus resultados.
Con esa estrategia piensan seguir evitando el debate abierto, y al final, hacer uso de su aplanadora legislativa, en las sesiones extraordinarias que convocarán para comienzos de enero del 2005.
Aunque la conducta del gobierno evidencia una total falta de respeto a la ciudadanía, sus propósitos son claros y su rumbo conocido. Por eso, es incomprensible la actitud "de espera" que han asumido los llamados partidos de oposición.
Si siguen esperando a que el gobierno, cuando le parezca hacerlo, de a conocer el texto de las reformas tributarias, cometen un gravísimo error y corren el riesgo de desayunarse frente a ellos cumplido que después será muy difícil retrotraer.
Algunos sectores empresariales y gremiales ya han dado la voz de alarma, pero no así los partidos de la oposición. Y su pasividad es injustificable si se tiene en cuenta que ellos, por haber aspirado a gobernar en este quinquenio, o por tener la esperanza de hacerlo en el próximo, están obligados a tener posiciones y actitudes concretas sobre los temas de mayor importancia para la nación.
El sistema tributario panameño está construido sobre bases injustas. Proporcionalmente quienes menos ganan pagan más.
En términos generales, el sistema favorece a quien tiene mayor capacidad para aprovechar sus resquicios; hay excesivas exoneraciones y ausencia de normas para gravar las riquezas injustificadas.
Cualquier reforma tributaria debe: 1) privilegiar a los más pobres 2) reducir las exoneraciones 3) cerrar los requisitos que permiten, especialmente a quienes perciben las rentas mayores pagar cada vez menos 4) establecer criterios más efectivos para estimar la renta gravable.
Tanto frente a las reformas tributarias como sobre la crisis del Seguro Social, la ampliación del Canal o las reformas electorales, para citar sólo temas de bulto, todo el que aspire a gobernar o que tenga protagonismo como representante empresarial, gremial o sindical debe tener actitudes y posiciones concretas, independientemente de que el gobierno no divulgue o esconda las suyas. Esos temas son medulares y frente a ellos no caben esperas y mucho menos pasar agachado.
Tanto el señor Torrijos como sus principales acompañantes, desde la campaña, la emprendieron contra las reformas fiscales adoptadas durante la administración de la señora Moscoso. Dentro de la generalidad que marcó su discurso electoral nunca precisaron sus inconformidades; al igual que ahora tampoco explican porqué sus propuestas serán mejores. Lo único que les escuchamos repetir, en un sonsonete que ya cansa, es que impulsarán una reforma "integral", lo que sea que eso signifique.
Las reformas fiscales en nuestros países, por experiencia lo sabemos muy excepcionalmente están destinadas a que los contribuyentes paguen menos. En los Estados Unidos, el presidente Bush hizo aprobar rebajas tributarias aprovechando que la administración de su predecesor, el señor Clinton, había acumulado un considerable superávit fiscal. Pero el caso de Panamá es precisamente el opuesto. Los actuales gobernantes dijeron, no bien asumieron el poder, que existe un déficit fiscal de 720 millones. Nunca han explicado, y mucho menos demostrado, con cifras, la veracidad de su afirmación; pero, tomando ese precedente de reformas tributarias esta diseñado para aumentar los ingresos del gobierno.
El gobierno nacional, deliberadamente está tratando de posponer hasta donde le sea posible mostrar sus cartas. En las declaraciones de los responsables económicos, se puede comprobar que su característica es la generalidad y la oscuridad.
"Todo está todavía en consulta" u "oportunamente desvelarán el misterio" Hablan de "talleres y encuentros" en lo que se han estudiado las reformas, pero no especifican cuáles fueron y menos sus resultados.
Con esa estrategia piensan seguir evitando el debate abierto, y al final, hacer uso de su aplanadora legislativa, en las sesiones extraordinarias que convocarán para comienzos de enero del 2005.
Aunque la conducta del gobierno evidencia una total falta de respeto a la ciudadanía, sus propósitos son claros y su rumbo conocido. Por eso, es incomprensible la actitud "de espera" que han asumido los llamados partidos de oposición.
Si siguen esperando a que el gobierno, cuando le parezca hacerlo, de a conocer el texto de las reformas tributarias, cometen un gravísimo error y corren el riesgo de desayunarse frente a ellos cumplido que después será muy difícil retrotraer.
Algunos sectores empresariales y gremiales ya han dado la voz de alarma, pero no así los partidos de la oposición. Y su pasividad es injustificable si se tiene en cuenta que ellos, por haber aspirado a gobernar en este quinquenio, o por tener la esperanza de hacerlo en el próximo, están obligados a tener posiciones y actitudes concretas sobre los temas de mayor importancia para la nación.
El sistema tributario panameño está construido sobre bases injustas. Proporcionalmente quienes menos ganan pagan más.
En términos generales, el sistema favorece a quien tiene mayor capacidad para aprovechar sus resquicios; hay excesivas exoneraciones y ausencia de normas para gravar las riquezas injustificadas.
Cualquier reforma tributaria debe: 1) privilegiar a los más pobres 2) reducir las exoneraciones 3) cerrar los requisitos que permiten, especialmente a quienes perciben las rentas mayores pagar cada vez menos 4) establecer criterios más efectivos para estimar la renta gravable.
Tanto frente a las reformas tributarias como sobre la crisis del Seguro Social, la ampliación del Canal o las reformas electorales, para citar sólo temas de bulto, todo el que aspire a gobernar o que tenga protagonismo como representante empresarial, gremial o sindical debe tener actitudes y posiciones concretas, independientemente de que el gobierno no divulgue o esconda las suyas. Esos temas son medulares y frente a ellos no caben esperas y mucho menos pasar agachado.
