La peor pesadilla
En el trayecto de la libertad de expresión en Panamá, en que tanto se había ganado en las últimas dos administraciones, estamos por caer a tierra y tocar fondo.
Le corresponderá a otra Asamblea Nacional confirmar los siguientes pasos hacia una útil libertad informativa en Panamá, y lograr la meta tan anhelada por todo el pueblo panameño de proceder hacia un país con menos corrupción, mejor seguridad y mayores atractivos para la inversión. Pues como se entendió cuando se debatió la derogatoria de las leyes mordaza y la adopción de la Ley de Transparencia, la necesidad de tener libre acceso a información no es sólo de importancia para los periodistas, sino también para todos los ciudadanos. Con las evidentes limitaciones en los artículos aprobados en segundo debate en el nuevo Código Penal, ¿en qué quedará este camino logrado por las dos últimas administraciones? Letra muerta, pues será imposible divulgar cualquier documento sin "autorización".
Pero hay más en juego que una ley que origina diferencias con periodistas. La tarea del legislador incluye tomar en cuenta que estamos encaminados a vivir en un mundo más globalizado, donde se requiere mayor escrutinio. Panamá, hoy en día, es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está embarcado en reconvertir su Canal en la principal vía comercial del mundo, y está promoviendo un tratado comercial con la principal potencia comercial. En esta red de relaciones, elementos como nuestros controles aduaneros, fitosanitarios, bancarios, judiciales, y de gestión y licitación pública forman parte del entorno de confianza en el país.
El libre acceso a la información es un elemento absolutamente clave en la supervisión, el control y la auditoría que el mundo cada día reclama y aplaude de cualquiera gestión; y medidas draconianas que sugieren arbitrariedad sobre dicho acceso, pueden claramente repercutir en contra nuestra en la banca o comercio o política internacional.
Las consecuencias no las acarrearán solamente algunos periodistas, sino toda la comunidad. Echar a tierra lo logrado en esta piedra angular en los últimos seis años es un retroceso hacia una época de restricciones civiles, recordándonos un amargo capítulo político casi olvidado. Ojalá nos equivoquemos y que pronto otra Asamblea nos despierte de ésta, la peor pesadilla.
Le corresponderá a otra Asamblea Nacional confirmar los siguientes pasos hacia una útil libertad informativa en Panamá, y lograr la meta tan anhelada por todo el pueblo panameño de proceder hacia un país con menos corrupción, mejor seguridad y mayores atractivos para la inversión. Pues como se entendió cuando se debatió la derogatoria de las leyes mordaza y la adopción de la Ley de Transparencia, la necesidad de tener libre acceso a información no es sólo de importancia para los periodistas, sino también para todos los ciudadanos. Con las evidentes limitaciones en los artículos aprobados en segundo debate en el nuevo Código Penal, ¿en qué quedará este camino logrado por las dos últimas administraciones? Letra muerta, pues será imposible divulgar cualquier documento sin "autorización".
Pero hay más en juego que una ley que origina diferencias con periodistas. La tarea del legislador incluye tomar en cuenta que estamos encaminados a vivir en un mundo más globalizado, donde se requiere mayor escrutinio. Panamá, hoy en día, es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está embarcado en reconvertir su Canal en la principal vía comercial del mundo, y está promoviendo un tratado comercial con la principal potencia comercial. En esta red de relaciones, elementos como nuestros controles aduaneros, fitosanitarios, bancarios, judiciales, y de gestión y licitación pública forman parte del entorno de confianza en el país.
El libre acceso a la información es un elemento absolutamente clave en la supervisión, el control y la auditoría que el mundo cada día reclama y aplaude de cualquiera gestión; y medidas draconianas que sugieren arbitrariedad sobre dicho acceso, pueden claramente repercutir en contra nuestra en la banca o comercio o política internacional.
Las consecuencias no las acarrearán solamente algunos periodistas, sino toda la comunidad. Echar a tierra lo logrado en esta piedra angular en los últimos seis años es un retroceso hacia una época de restricciones civiles, recordándonos un amargo capítulo político casi olvidado. Ojalá nos equivoquemos y que pronto otra Asamblea nos despierte de ésta, la peor pesadilla.
