La "rampa ecológica" entre Boquete y Cerro Punta
Todo parece indicar que la batalla por la conservación del Santuario de los Quetzales en el volcán Barú, se está moviendo hacia sectores peligrosos. Me sorprende la obstinación e intransigencia de los gestores e interesados en la construcción de este "camino ecológico" . El ministro del MOP, que del asunto sabe lo que le dicen sus asesores, pues tiene el problema que debe obedecer las órdenes y deseos del Ejecutivo, que es su jefe, so pena de perder su jugoso puesto, por lo que es parte prejuiciada e interesada y su opinión no tiene "peso moral". Y obviamente, no es un conservacionista "Pro Natura".
La Mandataria, a pesar de que ha dicho que ella no tiene tierras en el sitio, ni ningún interés en el proyecto, contradictoriamente demuestra en público un notable interés en este asunto, que de hecho es insignificante y que comparativamente no tiene mucha relevancia en el ámbito de las inversiones nacionales.
Ya los conservacionistas han interpuesto acciones ante la Corte Suprema, primero porque este proyecto, fue considerado "de urgencia notoria" y eximido de la licitación pública que exige la ley. Y fue, por supuesto, adjudicado a CUSA. Los conservacionistas alegan que este proyecto no es de "urgencia notoria", que debió ir a licitación, por lo que se violó la ley. Los humoristas-ecológicos dicen que dejan por fuera el hecho de que si no se hubiera hecho de esta manera, por los procesos de licitación, etc. habría demorado como un año, y el gobierno sólo tiene 10 meses de vida. Es decir, que la "urgencia notoria" es construir este camino en 10 meses, ya que de otro modo nunca se va a construir.
Como decía en un artículo anterior, veo el Estudio de Impacto Ambiental bastante difícil. La Categoría III obliga a un "foro público", que es una especie de referéndum. Allí se verá si los que se oponen al camino son una "minoría", como dicen algunos funcionarios. Es importante que este foro se haga correctamente, y que en él participen representantes de las comunidades. Los grupos conservacionistas deben vigilar de cerca esto. El Gobierno no puede hacer ningún tipo de campaña pública o mediática a favor de este proyecto, ya que no tiene fondos para esto, y además sería inmoral.
Sé que el Estudio de Impacto Ambiental, como dije anteriormente, está presentando problemas por los enormes impactos ambientales producidos. El alineamiento actual implica movimientos de tierra y rellenos de tal magnitud que alterarían el propio paisaje. Existen lugares en que la única manera de evitar esto, sería haciendo túneles, ya que las "rampas" son impensables en un "camino ecológico". En la práctica, la mitigación de los impactos producidos por este proyecto, serían más costosos que el mismo proyecto. Este costo no ha sido tomado en cuenta en su presupuesto, ni en el famoso contrato con CUSA.
Además, no me explico la intransigencia de estos funcionarios de alto nivel, cuando no presentan ninguna sustentación técnica o científica a este "mamotreto ecológico". Y, no quieren ver ni oír la opinión de verdaderos especialistas, de grupos ambientalistas, del propio ANCON, máxima autoridad ambiental ONG, y del Fiscal Ambiental, e inclusive de la opinión de miles de ciudadanos de "carne y hueso", que se oponen a esta necedad.
Finalmente, tenemos a la ANAM en medio de todo esto, que ha permanecido casi en silencio total. Pienso que su deber no es simplemente "ver que se cumpla la ley" y cobrar por esto, sino emitir su opinión técnica sobre el asunto, ya que para esto tiene, o debe tener, los técnicos más calificados en el tema. La ANAM no es un ente pasivo, sino activo, participativo. Por Constitución debe proteger el ambiente y la naturaleza. Quisiera ver estos especialistas, poniendo en juego su prestigio profesional, emitir públicamente su criterio sobre el tema, sin prejuicios o temores de ninguna clase. Las circunstancias lo exigen.
La Mandataria, a pesar de que ha dicho que ella no tiene tierras en el sitio, ni ningún interés en el proyecto, contradictoriamente demuestra en público un notable interés en este asunto, que de hecho es insignificante y que comparativamente no tiene mucha relevancia en el ámbito de las inversiones nacionales.
Ya los conservacionistas han interpuesto acciones ante la Corte Suprema, primero porque este proyecto, fue considerado "de urgencia notoria" y eximido de la licitación pública que exige la ley. Y fue, por supuesto, adjudicado a CUSA. Los conservacionistas alegan que este proyecto no es de "urgencia notoria", que debió ir a licitación, por lo que se violó la ley. Los humoristas-ecológicos dicen que dejan por fuera el hecho de que si no se hubiera hecho de esta manera, por los procesos de licitación, etc. habría demorado como un año, y el gobierno sólo tiene 10 meses de vida. Es decir, que la "urgencia notoria" es construir este camino en 10 meses, ya que de otro modo nunca se va a construir.
Como decía en un artículo anterior, veo el Estudio de Impacto Ambiental bastante difícil. La Categoría III obliga a un "foro público", que es una especie de referéndum. Allí se verá si los que se oponen al camino son una "minoría", como dicen algunos funcionarios. Es importante que este foro se haga correctamente, y que en él participen representantes de las comunidades. Los grupos conservacionistas deben vigilar de cerca esto. El Gobierno no puede hacer ningún tipo de campaña pública o mediática a favor de este proyecto, ya que no tiene fondos para esto, y además sería inmoral.
Sé que el Estudio de Impacto Ambiental, como dije anteriormente, está presentando problemas por los enormes impactos ambientales producidos. El alineamiento actual implica movimientos de tierra y rellenos de tal magnitud que alterarían el propio paisaje. Existen lugares en que la única manera de evitar esto, sería haciendo túneles, ya que las "rampas" son impensables en un "camino ecológico". En la práctica, la mitigación de los impactos producidos por este proyecto, serían más costosos que el mismo proyecto. Este costo no ha sido tomado en cuenta en su presupuesto, ni en el famoso contrato con CUSA.
Además, no me explico la intransigencia de estos funcionarios de alto nivel, cuando no presentan ninguna sustentación técnica o científica a este "mamotreto ecológico". Y, no quieren ver ni oír la opinión de verdaderos especialistas, de grupos ambientalistas, del propio ANCON, máxima autoridad ambiental ONG, y del Fiscal Ambiental, e inclusive de la opinión de miles de ciudadanos de "carne y hueso", que se oponen a esta necedad.
Finalmente, tenemos a la ANAM en medio de todo esto, que ha permanecido casi en silencio total. Pienso que su deber no es simplemente "ver que se cumpla la ley" y cobrar por esto, sino emitir su opinión técnica sobre el asunto, ya que para esto tiene, o debe tener, los técnicos más calificados en el tema. La ANAM no es un ente pasivo, sino activo, participativo. Por Constitución debe proteger el ambiente y la naturaleza. Quisiera ver estos especialistas, poniendo en juego su prestigio profesional, emitir públicamente su criterio sobre el tema, sin prejuicios o temores de ninguna clase. Las circunstancias lo exigen.
