La razón del ciudadano
Demasiado pronto han surgido obstáculos para neutralizar la labor que está llamada a realizar el Defensor del Pueblo en beneficio de todos los panameños y en defensa de aquellos principios y normas que abogan por una sociedad en donde el ser humano sea merecedor del respeto a su dignidad y a sus derechos inalienables.
Y es que desde un principio la creación de la figura del Defensor del Pueblo de tanta urgencia para proteger la vida, la libertad y bienes de los asociados, encontró sus enemigos que pensaron en que vendría a ser una dificultad para la marcha de una administración de justicia que, a nuestro juicio, es deficiente, tardía e ineficaz.
La institución que viene trabajando en otros países hermanos y en Europa con el mayor de los éxitos ha debido encontrar una mejor acogida para que logre cumplir su misión tal como lo indica el espíritu de la ley para la cual fue creada.
Frente a la realidad que vive el país en donde el juega vivo, el abuso y atropello a los más débiles, la corrupción y el irrespeto a los derechos del ciudadano, la creación del Defensor del Pueblo constituyó para nosotros un gran paso en el camino de asegurar una justicia más expedita para centenares de panameños que permanecen en las cárceles del país en espera de un juicio; una herramienta en la defensa de la comunidad y del ciudadano donde la fuerza, finalmente, reside en las propias manos organizadas de la comunidad y del ciudadano; una institución en donde los panameños, sin distingos de ninguna clase, encontrarían una respuesta a sus ansias de justicia y de protección a sus derechos.
No estamos de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de declarar inconstitucionales las normas que facultan al Defensor del Pueblo para investigar la administración de justicia, ya que tal decisión convierte a la figura del Defensor del Pueblo en un funcionario decorativo sin ninguna trascendencia en la vida de un país que está en la espera de una administración de justicia que sea una verdadera respuesta a los derechos humanos de la comunidad nacional.
Mi hijo Santander Tristán Donoso fue candidato para ocupar la Defensoría del Pueblo y de haber ganado la posición ya que reunía los méritos exigidos, le habría recomendado renunciar frente a un fallo de la Corte Suprema que pareciera negar la justicia a la que tiene derecho el pueblo de Panamá.
Ojalá que se reflexione un poco más en torno a este problema que se le plantea al Defensor del Pueblo a fin de que su creación, traiga consigo los beneficios que espera la ciudadanía en materia de administración de justicia efectiva y expedita.
Y es que desde un principio la creación de la figura del Defensor del Pueblo de tanta urgencia para proteger la vida, la libertad y bienes de los asociados, encontró sus enemigos que pensaron en que vendría a ser una dificultad para la marcha de una administración de justicia que, a nuestro juicio, es deficiente, tardía e ineficaz.
La institución que viene trabajando en otros países hermanos y en Europa con el mayor de los éxitos ha debido encontrar una mejor acogida para que logre cumplir su misión tal como lo indica el espíritu de la ley para la cual fue creada.
Frente a la realidad que vive el país en donde el juega vivo, el abuso y atropello a los más débiles, la corrupción y el irrespeto a los derechos del ciudadano, la creación del Defensor del Pueblo constituyó para nosotros un gran paso en el camino de asegurar una justicia más expedita para centenares de panameños que permanecen en las cárceles del país en espera de un juicio; una herramienta en la defensa de la comunidad y del ciudadano donde la fuerza, finalmente, reside en las propias manos organizadas de la comunidad y del ciudadano; una institución en donde los panameños, sin distingos de ninguna clase, encontrarían una respuesta a sus ansias de justicia y de protección a sus derechos.
No estamos de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de declarar inconstitucionales las normas que facultan al Defensor del Pueblo para investigar la administración de justicia, ya que tal decisión convierte a la figura del Defensor del Pueblo en un funcionario decorativo sin ninguna trascendencia en la vida de un país que está en la espera de una administración de justicia que sea una verdadera respuesta a los derechos humanos de la comunidad nacional.
Mi hijo Santander Tristán Donoso fue candidato para ocupar la Defensoría del Pueblo y de haber ganado la posición ya que reunía los méritos exigidos, le habría recomendado renunciar frente a un fallo de la Corte Suprema que pareciera negar la justicia a la que tiene derecho el pueblo de Panamá.
Ojalá que se reflexione un poco más en torno a este problema que se le plantea al Defensor del Pueblo a fin de que su creación, traiga consigo los beneficios que espera la ciudadanía en materia de administración de justicia efectiva y expedita.
