La reforma de los reformadores

Nada de lo que está aconteciendo, respecto a las propuestas de reformas a la Constitución, debería causarnos extrañeza alguna.

El escenario que se nos presenta acredita, amén de algún tipo de incapacidad para discutir o debatir con objetividad y en función de Patria, las reformas constitucionales; este ha puesto de manifiesto la existencia de una cuestionada incredulidad de que realmente se esté pretendiendo, por parte de los diputados, el considerar que, lo que se está debatiendo, no es una propuesta meramente legislativa a ultranza o a tambor batiente, sino normas de carácter y esencia netamente constitucionales y que, una vez aprobadas en libre referéndum por el pueblo panameño, se convertirán en el rosario jurídico de nuestra nación.

Los temas constitucionales importan a todos.

Ni persona natural o jurídica, tampoco sindicato u organización alguna, nadie en absoluto escapa de la tutela constitucional la cual, una vez consagrada en el estatuto en una Carta Magna de la República, también vendrá a ser el gran paraguas normativo para todos cuanto habitamos este país.

No podemos mirar con ligereza o con algún grado de indiferencia este debate constitucional.

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Ello nos conlleva a sostener, junto a otros críticos, que la fórmula elegida por el gobierno –Legislaturas y debates en el Asamblea- , a fin de redactar una constitución o para presentar reformas parciales, en base al proyecto previo que le entregara la Mesa de la Concertación Nacional, ha sido, sin duda alguna, un rotundo fracaso.

El método más viable habría sido, no me cabe la menor duda, el de la Constituyente Paralela y el método ideal una Asamblea Constituyente Originaria.

En alguna entrega del pasado reciente, precisé mi apetencia por el mecanismo de la elección de 60 constituyentes.

Estaba dispuesto a postularme para constituyente no por vanagloria sino por considerar, libre de inmodestia alguna, que mucho tenemos para aportar en estos temas constitucionales. El mismo fue menospreciado.

Esta fórmula me parecía muy democrática.

Lo que estamos observando en los debates que se vienen dando en el hemiciclo panameño, también acredita desorden y trifulcas propias de un barrio limoso. ¡Vaya escenario para discutir el futuro de nuestra nación!

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Y cuando digo "futuro" no hago otra cosa que indicar la estrecha relación, íntima, que existe entre hombre-sociedad y Derecho.

El Derecho nos rige; nos circunscribe a un contexto jurídico general; nos establece pausas y reglas, y nos define hasta dónde y cómo podemos llegar en la realización de actos jurídicos.

El Derecho nos consagra como ente principal del universo jurídico y nos establece una fisonomía legal en la cual debemos enmarcarnos para el desarrollo de la vida en familia, en sociedad y dentro del Estado.

Y si quienes tienen que discutir este panorama constitucional, desde ya, se están jalando las greñas, ofendiéndose entre sí con todo tipo de improperios e injurias, tendríamos que preguntarnos cuál ha de ser el producto de reforma constitucional, el quilate de las mismas.

Conforme a lo que también se está advirtiendo, podemos vaticinar que en un referéndum, esas propuestas de reformas están condenadas al fracaso, a la repulsa social.

Tocaría analizar si, al final de cuentas, no es eso lo que se quiere por parte de quienes, a diestras y a siniestras, defienden la actual Constitución, pues la ven como la mejor herramienta para preservar intereses egoístas y como un instrumento efectivo para perpetuar el status quo.

Flaco favor se le está haciendo al país, a nuestro pueblo, con una propuesta de reforma constitucional que nació en cuna de manifiesta ilegalidad, y en su momento lo denuncié públicamente tanto en medios escritos como audiovisuales del país.

Una Mesa de Concertación que desbordó y rebasó el marco de su propia Ley, pues en ningún momento estaba facultada para atribuirse la redacción de un Proyecto de Constitución.

Cosa distinta habría sido un proyecto constitucional que emergiera de una Asamblea Constituyente Paralela.

Pero ahora ¿qué es lo que tenemos?

Pues una Asamblea Nacional de diputados, prescrita para hacer las leyes del país, haciendo la constitución.

También abandonando su función natural –hacer las leyes-, convertidos en constituyentes de la nación.

Ahora, como cosa de sobresaltos, que no faltan en nuestro medio, la Concertación Nacional sale a decir que estarán vigilantes de su proyecto; la Asamblea, por arte de birli birloque, anuncia que se aprueba en bloques el proyecto de esta concertación –mesa en la que el país nunca ha concurrido-; el vicepresidente anuncia que no descarta convocar a una constituyente paralela, entre tanto, el país sigue marginado del respeto a su voluntad soberana.

Abogado