La seguridad social es un derecho humano
El artículo 10 del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, del cual Panamá es signataria, establece que "la seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana. El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para la seguridad en todos sus órdenes; la consideración de la pobreza y de la extrema pobreza, como amenazas a la seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades centroamericanas". ¿Estamos respetando éste y otros compromisos?
Más de un millón de panameños está en situación de pobreza, y de esa cantidad, 700 mil son extremadamente pobres; o sea que no satisfacen sus necesidades nutricionales. La casi totalidad de los pueblos indígenas y las dos terceras partes de la población rural están en situación de pobreza, con una creciente concentración de ésta en las áreas urbanas. En Panamá, la mitad más pobre posee el mismo volumen de ingreso que el 1% más rico. El ingreso promedio del 20% más rico es 40 veces mayor que el ingreso promedio del 20% más pobre. Nueve de cada diez países del mundo tienen un grado de desigualdad menor que el panameño.
La pobreza es más producto de la mala distribución de los recursos disponibles que de la ausencia o limitación de éstos. La extrema pobreza podría resolverse con sólo 3% del ingreso de los sectores de más ingresos. Panamá es un país rico empobrecido. Un análisis objetivo de los recursos con los que la nación cuenta real o potencialmente establece la desproporción con los niveles de pobreza, y la brecha creciente en la distribución del ingreso.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2002 afirma, contundentemente, que "el modelo de desarrollo del país no responde a las necesidades diversas que emanan de las diferentes expresiones de la pobreza evidentes en el país. Panamá no merece ser pobre, y no tiene por qué ser pobre". Este modelo pone en manos del mercado la solución de los problemas sociales, como el desempleo, la pobreza rural y urbana, la crisis de la vivienda y otros. Es decir, "la mano invisible" de la oferta y la demanda posee la magia para redistribuir ingresos y generar equidad. A pesar de su alto gasto social, en el caso de Panamá es altamente ineficiente su impacto sobre la pobreza y la desigualdad, pues posee profundas desigualdades socioeconómicas regionales y una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. La necesaria reactivación económica del país no resolvería un problema de fondo, pues vivimos a expensas de modelos de crecimiento socioeconómico que son fabricantes de desigualdades y brechas con abismales distribuciones de la riqueza.
La seguridad social es reflejo de esta situación. Unas 700 mil personas pagan sus cuotas, que benefician a dos millones. Seis de cada diez de los atendidos por la Caja son pobres, y casi el 70% de los pensionados reciben muy bajas cantidades de dinero, porque sus salarios fueron muy bajos cuando cotizaban.
La principal fuente de ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) es la cuota obrero-patronal. Esta fuente de ingresos significa aproximadamente el 80 % de los ingresos de la CSS. El incremento de los ingresos por cuotas a la Caja depende del crecimiento de los empleos y salarios, la que a su vez depende, directamente, del comportamiento de la economía. Si analizamos el desempeño de la economía nacional, podemos apreciar con claridad que la misma ha crecido por debajo del promedio histórico durante los últimos seis años. La pérdida de empleo originada en la política económica neoliberal ha significado 20 años de atraso en desarrollo social, ya que la cobertura se ha reducido hasta los niveles de inicios de la década del "80 (52.3 % de la fuerza de trabajo). Este bajo rendimiento de la economía se ha traducido en los últimos dos años en la pérdida de más de 21 mil cotizantes, lo que señala que el problema económico de Panamá no es producto de este momento (carácter coyuntural), sino más bien un problema de fondo (de tipo estructural).
Además del impacto de la crisis económica, los abusos y errores heredados en el sistema de seguridad social han empeorado la capacidad de la CSS para generar liquidez a través de la cuota obrero patronal. Hoy, cerca de 120 mil trabajadores panameños en relación de dependencia no son afiliados a la seguridad social. Esto junto con la evasión por su declaración del salario (a través de gastos de representación que no pagan seguro, principalmente), la morosidad y un mercado laboral cada vez más inestable, precario e informal, dan como resultado que la CSS deje de percibir, como mínimo, cien millones por año en cuotas obrero patronal. Los esfuerzos de la administración Jované evitaron un deterioro aún mayor de los niveles de liquidez y recaudación, cuando se lograron afiliar de oficio a 48 mil trabajadores y se han recuperaron, en concepto de morosidad, más de B/.200 millones. La seguridad social pública, solidaria, autónoma y eficiente es un derecho humano.
Más de un millón de panameños está en situación de pobreza, y de esa cantidad, 700 mil son extremadamente pobres; o sea que no satisfacen sus necesidades nutricionales. La casi totalidad de los pueblos indígenas y las dos terceras partes de la población rural están en situación de pobreza, con una creciente concentración de ésta en las áreas urbanas. En Panamá, la mitad más pobre posee el mismo volumen de ingreso que el 1% más rico. El ingreso promedio del 20% más rico es 40 veces mayor que el ingreso promedio del 20% más pobre. Nueve de cada diez países del mundo tienen un grado de desigualdad menor que el panameño.
La pobreza es más producto de la mala distribución de los recursos disponibles que de la ausencia o limitación de éstos. La extrema pobreza podría resolverse con sólo 3% del ingreso de los sectores de más ingresos. Panamá es un país rico empobrecido. Un análisis objetivo de los recursos con los que la nación cuenta real o potencialmente establece la desproporción con los niveles de pobreza, y la brecha creciente en la distribución del ingreso.
El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2002 afirma, contundentemente, que "el modelo de desarrollo del país no responde a las necesidades diversas que emanan de las diferentes expresiones de la pobreza evidentes en el país. Panamá no merece ser pobre, y no tiene por qué ser pobre". Este modelo pone en manos del mercado la solución de los problemas sociales, como el desempleo, la pobreza rural y urbana, la crisis de la vivienda y otros. Es decir, "la mano invisible" de la oferta y la demanda posee la magia para redistribuir ingresos y generar equidad. A pesar de su alto gasto social, en el caso de Panamá es altamente ineficiente su impacto sobre la pobreza y la desigualdad, pues posee profundas desigualdades socioeconómicas regionales y una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. La necesaria reactivación económica del país no resolvería un problema de fondo, pues vivimos a expensas de modelos de crecimiento socioeconómico que son fabricantes de desigualdades y brechas con abismales distribuciones de la riqueza.
La seguridad social es reflejo de esta situación. Unas 700 mil personas pagan sus cuotas, que benefician a dos millones. Seis de cada diez de los atendidos por la Caja son pobres, y casi el 70% de los pensionados reciben muy bajas cantidades de dinero, porque sus salarios fueron muy bajos cuando cotizaban.
La principal fuente de ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) es la cuota obrero-patronal. Esta fuente de ingresos significa aproximadamente el 80 % de los ingresos de la CSS. El incremento de los ingresos por cuotas a la Caja depende del crecimiento de los empleos y salarios, la que a su vez depende, directamente, del comportamiento de la economía. Si analizamos el desempeño de la economía nacional, podemos apreciar con claridad que la misma ha crecido por debajo del promedio histórico durante los últimos seis años. La pérdida de empleo originada en la política económica neoliberal ha significado 20 años de atraso en desarrollo social, ya que la cobertura se ha reducido hasta los niveles de inicios de la década del "80 (52.3 % de la fuerza de trabajo). Este bajo rendimiento de la economía se ha traducido en los últimos dos años en la pérdida de más de 21 mil cotizantes, lo que señala que el problema económico de Panamá no es producto de este momento (carácter coyuntural), sino más bien un problema de fondo (de tipo estructural).
Además del impacto de la crisis económica, los abusos y errores heredados en el sistema de seguridad social han empeorado la capacidad de la CSS para generar liquidez a través de la cuota obrero patronal. Hoy, cerca de 120 mil trabajadores panameños en relación de dependencia no son afiliados a la seguridad social. Esto junto con la evasión por su declaración del salario (a través de gastos de representación que no pagan seguro, principalmente), la morosidad y un mercado laboral cada vez más inestable, precario e informal, dan como resultado que la CSS deje de percibir, como mínimo, cien millones por año en cuotas obrero patronal. Los esfuerzos de la administración Jované evitaron un deterioro aún mayor de los niveles de liquidez y recaudación, cuando se lograron afiliar de oficio a 48 mil trabajadores y se han recuperaron, en concepto de morosidad, más de B/.200 millones. La seguridad social pública, solidaria, autónoma y eficiente es un derecho humano.
