La Universidad y la agitación callejera
La frustración incubada por el fallo de la Corte Suprema que sanciona en última y definitiva instancia la inconstitucional de una medida de orden presupuestal, concerniente a la Universidad de Panamá, lanzó a la plana mayor del centro de estudios y a los estudiantes a la promoción de una situación caótica que desarticuló la ciudad capital por espacio de ocho horas.
Al parecer, el detonante de la desestabilización callejera fue la comprensible negativa de la Presidenta de la República a recibir una comitiva de autoridades universitarias que pretendió que la mandataria interfiriera en el fallo de la Corte Suprema. Temeridad antidemocrática de quienes no respetaron el principio constitucional de separación de poderes que rige las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y en su obcecación intentaron arrastrar a ese juego desestabilizador, nada menos que a la primera autoridad de la Nación.
Por otro lado, las autoridades universitarias conocen que el gobierno ha dictado medidas para sancionar a los que obstaculicen el tránsito libre por las calles, perjudicando a innumerables panameños, por completo, ajenos a las causas de la protesta. A pesar de ello, indirectamente estimularon los desmanes de conocidas organizaciones estudiantiles que aprovecharon inescrupulosamente la protesta para instalar obstáculos en la Vía España, la Vía Simón Bolívar contigua a la universidad y otros lugares, amén de enfrentarse a las fuerzas del orden y lanzar proyectiles que sometieron a riesgo a los custodios del orden público que cumplían su deber constitucional.
Fue, en suma, una jornada caótica que atoró el tránsito y trabó el desenvolvimiento fluido del comercio, industria, empresas públicas y privadas e instituciones, en horas que habitualmente se dedican a la producción. Algunos voceros del FER acudieron a un programa de televisión en el que no mostraron ningún atisbo de arrepentimiento por los estragos desencadenados por causa de su irresponsabilidad, sino que insistieron en que repetirán sus acciones de abierto sabotaje cuando lo consideren conveniente.
No puede permitirse una alteración del orden público como la que se produjo el miércoles 30, en la que se transgredieron desaforadamente las normas básicas que resguardan el estado de derecho y la estructura productiva de un país que lucha por superar la crisis. Por otro lado, no podemos dejar de decir que si la Universidad de Panamá se propuso de alguna manera captar la solidaridad de la ciudadanía en sus aspiraciones de gasto presupuestal, flaco servicio le hizo a la causa, porque la ciudadanía repudió las ocho horas que conmovieron a la capital.
Al parecer, el detonante de la desestabilización callejera fue la comprensible negativa de la Presidenta de la República a recibir una comitiva de autoridades universitarias que pretendió que la mandataria interfiriera en el fallo de la Corte Suprema. Temeridad antidemocrática de quienes no respetaron el principio constitucional de separación de poderes que rige las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y en su obcecación intentaron arrastrar a ese juego desestabilizador, nada menos que a la primera autoridad de la Nación.
Por otro lado, las autoridades universitarias conocen que el gobierno ha dictado medidas para sancionar a los que obstaculicen el tránsito libre por las calles, perjudicando a innumerables panameños, por completo, ajenos a las causas de la protesta. A pesar de ello, indirectamente estimularon los desmanes de conocidas organizaciones estudiantiles que aprovecharon inescrupulosamente la protesta para instalar obstáculos en la Vía España, la Vía Simón Bolívar contigua a la universidad y otros lugares, amén de enfrentarse a las fuerzas del orden y lanzar proyectiles que sometieron a riesgo a los custodios del orden público que cumplían su deber constitucional.
Fue, en suma, una jornada caótica que atoró el tránsito y trabó el desenvolvimiento fluido del comercio, industria, empresas públicas y privadas e instituciones, en horas que habitualmente se dedican a la producción. Algunos voceros del FER acudieron a un programa de televisión en el que no mostraron ningún atisbo de arrepentimiento por los estragos desencadenados por causa de su irresponsabilidad, sino que insistieron en que repetirán sus acciones de abierto sabotaje cuando lo consideren conveniente.
No puede permitirse una alteración del orden público como la que se produjo el miércoles 30, en la que se transgredieron desaforadamente las normas básicas que resguardan el estado de derecho y la estructura productiva de un país que lucha por superar la crisis. Por otro lado, no podemos dejar de decir que si la Universidad de Panamá se propuso de alguna manera captar la solidaridad de la ciudadanía en sus aspiraciones de gasto presupuestal, flaco servicio le hizo a la causa, porque la ciudadanía repudió las ocho horas que conmovieron a la capital.
