La voz del pueblo y las partidas circuitales
Es obvio que las promesas de campaña de Doña Mireya, hoy presidenta del país, llenaron de tal forma las expectativas de los panameños que en forma elocuente refrendamos su programa de gobierno, a través del voto mayoritario del 2 de mayo. La eliminación de las partidas circuitales fue una de las promesas que convenció a muchos panameños de que, al fin, una mujer enrumbaría a la Asamblea Legislativa a desempeñar su papel constitucional de hacer leyes y no la de administrar fondos con fines politiqueros.
De igual forma, el Lic. José Isabel Blandón, hoy legislador de la República, plasmó su compromiso con sus electores, (entre los cuales me cuento), de luchar para eliminar tal práctica, ya que la misma representa una intromisión del legislador en la función del representante. Es este último, de acuerdo con el Licenciado Blandón, el llamado a luchar por las partidas necesarias para dar respuesta a las necesidades de su respectivo corregimiento.
El hecho de que las partidas circuitales se asignaron en forma discriminatoria durante el gobierno perredista, siendo los legisladores de ese partido los mayores beneficiados, hicieron que las mismas fueron doblemente nefastas para el principio democrático de la equidad, por un lado, y por el otro, por ser totalmente ajenas a la función legislativa de la Asamblea.
Continuar la práctica anti-democrática de malversar fondos públicos para hacer política, aunque se realice una que otra obra de interés social, cuando ya existe una ley que determina fondos para los partidos durante el proceso electoral, es convertir al legislador en "el niño consentido" dentro de los tres poderes del Estado. A su ya abultado salario (mayor aún al de un senador en Estados Unidos) y a la lista interminable de exoneraciones, ahora se le asigna fondos para sufragar su campaña de reelección.
¿Es esto justicia social en un país donde la gran mayoría de sus habitantes viven en extrema pobreza? ¿No es esto, acaso, un vivo ejemplo del nuevo político que surgió de los años de la dictadura en que el concepto del servidor público se transformó por el de saqueador de los fondos públicos y el juega vivo?
Considerando las limitaciones presupuestarias con que el presente gobierno trata de dar la respuesta a las necesidades básicas de la población, tales como: salud, educación y trabajo en forma equitativa y sin distingos partidistas, cómo se explica que ahora la Honorable Asamblea se abrogue funciones no legislativas y fraccione aún más los exiguos recursos del Estado?
Los panameños confiamos en la palabra empeñada por nuestra presidenta y miembros de su equipo de gobierno. La derogación de la Sala Quinta es un ejemplo elocuente de que existe voluntad política para hacer prevalecer el querer mayoritario. Derogar las partidas circuitales debiera ser mucho más fácil, ya que no existe argumento alguno que justifique su existencia, y porque la mayoría de los legisladores deben estar comprometidos con el principio de justicia social como pilar inseparable de una verdadera democracia.
El manejo antojadizo de los dineros públicos, específicamente con fines proselitistas, le resta capacidad al Ejecutivo para dar respuesta a un porcentaje de la población cada vez mayor, que vive totalmente marginada y en condiciones infrahumanas, sin percibir un rayito de luz al final del túnel en forma de una mano generosa que le ofrezca siquiera migajas de la abundancia que una minoría de los panameños disfrutamos.
Es apenas justo que los panameños exijamos a nuestros legisladores un poco de compasión humana por sus electores que confiamos en su capacidad legislativa y en su vocación por erigirse en verdaderos "padres de la patria" y no en monstruos que devoran (metafóricamente) a sus propios hijos al arrebatarles el pan que los sustenta.
Urge, pues, la derogatoria de las partidas circuitales, la rebaja de salario a un nivel de dignidad, pero cónsono con la realidad nacional y la eliminación de fueros y privilegios dentro de la Asamblea Legislativa como medidas reivindicativas de ese importante poder del Estado, cuya imagen de desprestigio ha alcanzado niveles preocupantes para muchos panameños para quienes Panamá y su bienestar es primero.
De igual forma, el Lic. José Isabel Blandón, hoy legislador de la República, plasmó su compromiso con sus electores, (entre los cuales me cuento), de luchar para eliminar tal práctica, ya que la misma representa una intromisión del legislador en la función del representante. Es este último, de acuerdo con el Licenciado Blandón, el llamado a luchar por las partidas necesarias para dar respuesta a las necesidades de su respectivo corregimiento.
El hecho de que las partidas circuitales se asignaron en forma discriminatoria durante el gobierno perredista, siendo los legisladores de ese partido los mayores beneficiados, hicieron que las mismas fueron doblemente nefastas para el principio democrático de la equidad, por un lado, y por el otro, por ser totalmente ajenas a la función legislativa de la Asamblea.
Continuar la práctica anti-democrática de malversar fondos públicos para hacer política, aunque se realice una que otra obra de interés social, cuando ya existe una ley que determina fondos para los partidos durante el proceso electoral, es convertir al legislador en "el niño consentido" dentro de los tres poderes del Estado. A su ya abultado salario (mayor aún al de un senador en Estados Unidos) y a la lista interminable de exoneraciones, ahora se le asigna fondos para sufragar su campaña de reelección.
¿Es esto justicia social en un país donde la gran mayoría de sus habitantes viven en extrema pobreza? ¿No es esto, acaso, un vivo ejemplo del nuevo político que surgió de los años de la dictadura en que el concepto del servidor público se transformó por el de saqueador de los fondos públicos y el juega vivo?
Considerando las limitaciones presupuestarias con que el presente gobierno trata de dar la respuesta a las necesidades básicas de la población, tales como: salud, educación y trabajo en forma equitativa y sin distingos partidistas, cómo se explica que ahora la Honorable Asamblea se abrogue funciones no legislativas y fraccione aún más los exiguos recursos del Estado?
Los panameños confiamos en la palabra empeñada por nuestra presidenta y miembros de su equipo de gobierno. La derogación de la Sala Quinta es un ejemplo elocuente de que existe voluntad política para hacer prevalecer el querer mayoritario. Derogar las partidas circuitales debiera ser mucho más fácil, ya que no existe argumento alguno que justifique su existencia, y porque la mayoría de los legisladores deben estar comprometidos con el principio de justicia social como pilar inseparable de una verdadera democracia.
El manejo antojadizo de los dineros públicos, específicamente con fines proselitistas, le resta capacidad al Ejecutivo para dar respuesta a un porcentaje de la población cada vez mayor, que vive totalmente marginada y en condiciones infrahumanas, sin percibir un rayito de luz al final del túnel en forma de una mano generosa que le ofrezca siquiera migajas de la abundancia que una minoría de los panameños disfrutamos.
Es apenas justo que los panameños exijamos a nuestros legisladores un poco de compasión humana por sus electores que confiamos en su capacidad legislativa y en su vocación por erigirse en verdaderos "padres de la patria" y no en monstruos que devoran (metafóricamente) a sus propios hijos al arrebatarles el pan que los sustenta.
Urge, pues, la derogatoria de las partidas circuitales, la rebaja de salario a un nivel de dignidad, pero cónsono con la realidad nacional y la eliminación de fueros y privilegios dentro de la Asamblea Legislativa como medidas reivindicativas de ese importante poder del Estado, cuya imagen de desprestigio ha alcanzado niveles preocupantes para muchos panameños para quienes Panamá y su bienestar es primero.
