Legislando a la carrera
Como si pretendiera recuperar a última hora el tiempo perdido, el gobierno actual se encuentra empujando hasta la indigestión cuanto proyecto de ley o decisión trascendente ha quedado rezagado por causas diversas, muchas imputables a su propia desidia y malas decisiones.
Entre los anteriores se destacan los proyectos de leyes de la Sala Quinta, de los nuevos códigos Penal y Procesal Penal, y el de la Autoridad del Transporte. El Ejecutivo se ha trazado, como razón de estado, aprobarlos a marcha forzada en los tres meses que le faltan, recurriendo al argumento de la urgencia notoria y a su control mayoritario en la Asamblea Legislativa.
De hecho la semana pasada fueron citados a la Presidencia los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Democrático, quienes fueron advertidos de la clara determinación del Ejecutivo de "gobernar hasta el último día de su mandato", acelerando los proyectos pendientes.
Nuestra Constitución otorga un período de gobierno de cinco años, el cual resulta largo, a juzgar por el natural desgaste que su ejercicio conlleva dentro de un sistema de robusto presidencialismo que hace de sus mandatarios virtuales monarcas quinquenales. Pero al actual no le bastó, hasta el punto que buscó prolongar su mandato por un lustro más.
El tiempo desperdiciado en el interminable caso Faúndes, más los seis debates y un referéndum que requirió la malhadada reforma constitucional, tuvo para el país un costo incalculable además de irrecuperable. Mal puede pretenderse hacer en tres meses lo que no se hizo en dieciocho.
Ahora quiere cambiar a la carrera toda la legislación y el procedimiento penal, cuyos primeros borradores eran como campos minados en peor condición que los polígonos de tiro. Una de sus disposiciones fue objeto de mofas en el extranjero, cuando el laureado Andrés Oppenheimer reportó que preveía enviar a la cárcel a quien insultara a animales; mientras que en otras, anticipaba mayor severidad para la divulgación de secretos de estado, entendiendo por tal cualquier cosa que los gobernantes desearan ocultar a los ciudadanos.
Contemplan solucionar el hacinamiento carcelario enviando a las calles a los delincuentes; mientras que los crímenes cometidos por menores de alta peligrosidad, serán tratados como pecados veniales cometidos por víctimas de una sociedad malvada. La improvisación y la falta de adecuada divulgación y consulta campea por doquier.
La creación de una Quinta Sala en la Corte Suprema de Justicia, especializada en materia constitucional y laboral, por novedosa, requiere también una mejor y más serena ponderación de especialistas y toda la sociedad. Pero al contrario, se le ha dado un apresurado primer debate y ya está casi lista para una discusión relámpago en el segundo, donde las fuerzas vivas del país no tienen mayor acceso para exteriorizar sus opiniones e inquietudes.
Igual la ley del transporte, que nada soluciona y todo lo deja pendiente; por lo que se impone dejarlo al gobierno próximo para que lo revise durante los cinco largos años con que cuenta. Igual cabe expresar respecto a los demás, con la excepción de la ley sobre intereses preferenciales para la vivienda, cuya urgencia es más que evidente, porque cada mes de atraso significa millones en dinero perdido y la frustración de las esperanzas de miles de familias medias y pobres.
Entre los anteriores se destacan los proyectos de leyes de la Sala Quinta, de los nuevos códigos Penal y Procesal Penal, y el de la Autoridad del Transporte. El Ejecutivo se ha trazado, como razón de estado, aprobarlos a marcha forzada en los tres meses que le faltan, recurriendo al argumento de la urgencia notoria y a su control mayoritario en la Asamblea Legislativa.
De hecho la semana pasada fueron citados a la Presidencia los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Democrático, quienes fueron advertidos de la clara determinación del Ejecutivo de "gobernar hasta el último día de su mandato", acelerando los proyectos pendientes.
Nuestra Constitución otorga un período de gobierno de cinco años, el cual resulta largo, a juzgar por el natural desgaste que su ejercicio conlleva dentro de un sistema de robusto presidencialismo que hace de sus mandatarios virtuales monarcas quinquenales. Pero al actual no le bastó, hasta el punto que buscó prolongar su mandato por un lustro más.
El tiempo desperdiciado en el interminable caso Faúndes, más los seis debates y un referéndum que requirió la malhadada reforma constitucional, tuvo para el país un costo incalculable además de irrecuperable. Mal puede pretenderse hacer en tres meses lo que no se hizo en dieciocho.
Ahora quiere cambiar a la carrera toda la legislación y el procedimiento penal, cuyos primeros borradores eran como campos minados en peor condición que los polígonos de tiro. Una de sus disposiciones fue objeto de mofas en el extranjero, cuando el laureado Andrés Oppenheimer reportó que preveía enviar a la cárcel a quien insultara a animales; mientras que en otras, anticipaba mayor severidad para la divulgación de secretos de estado, entendiendo por tal cualquier cosa que los gobernantes desearan ocultar a los ciudadanos.
Contemplan solucionar el hacinamiento carcelario enviando a las calles a los delincuentes; mientras que los crímenes cometidos por menores de alta peligrosidad, serán tratados como pecados veniales cometidos por víctimas de una sociedad malvada. La improvisación y la falta de adecuada divulgación y consulta campea por doquier.
La creación de una Quinta Sala en la Corte Suprema de Justicia, especializada en materia constitucional y laboral, por novedosa, requiere también una mejor y más serena ponderación de especialistas y toda la sociedad. Pero al contrario, se le ha dado un apresurado primer debate y ya está casi lista para una discusión relámpago en el segundo, donde las fuerzas vivas del país no tienen mayor acceso para exteriorizar sus opiniones e inquietudes.
Igual la ley del transporte, que nada soluciona y todo lo deja pendiente; por lo que se impone dejarlo al gobierno próximo para que lo revise durante los cinco largos años con que cuenta. Igual cabe expresar respecto a los demás, con la excepción de la ley sobre intereses preferenciales para la vivienda, cuya urgencia es más que evidente, porque cada mes de atraso significa millones en dinero perdido y la frustración de las esperanzas de miles de familias medias y pobres.
