Ley 55 y recursos
Las declaraciones ofrecidas al país a través de los medios de comunicación social por parte del ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, desde el complejo penitenciario La Joya, causaron justificado revuelo. La orden de disparar contra los detenidos en fuga, impartida a los miembros de la Policía, han producido diversas reacciones.
La mayoría aparenta estar de acuerdo con la instrucción, más como una reacción a la ola delincuencial que azota al país que como una reflexión mesurada sobre las implicaciones de lo dicho por el ministro.
Pero, a diferencia de los gobernados, los gobernantes no deben actuar con la desesperación como consejera.
La Ley 55 de 2003, que reorganizó el sistema penitenciario, estableció una serie de parámetros que no han podido cumplirse por la falta de voluntad política de los gobernantes, para asignar los recursos necesarios que allí deben invertirse.
Mientras nuestras cárceles sigan siendo los vertederos de seres humanos que son en la actualidad, quienes allí se encuentran seguirán condenados a la peor de las sanciones, la imposibilidad de reinsertarse en la sociedad.
