Los anuncios de botaderas
Sin excepción, en todas las encuestas nuestros compatriotas han ratificado que su primera y mayor preocupación es la falta de empleo. Como todos recordamos, durante la campaña electoral, el abanderado del PRD, aparte de responsabilizar al gobierno por la falta de puestos de trabajo, enarboló como bandera su promesa de "mas empleos".
Las promesas son promesas y los hechos otra cosa. Todavía no está claro cómo los nuevos gobernantes cumplirán su compromiso de crear más empleos. El país, y especialmente quienes buscan empleo, esperan saber dónde, cuándo y cómo se materializarán los nuevos puestos de trabajo. Pero, mientras las buenas nuevas no llegan, resulta paradójico que varios personeros del gobierno, en vez de alentar las esperanzas de los desempleados, hayan preferido echarles un balde de agua fría. El ministro de la Presidencia, por un lado, y el nuevo director de la Caja de Seguro Social, por el otro, han dicho que se eliminarán 45,000 puestos en el gobierno y que 7 u 8 mil funcionarios de la Caja serán despedidos. No ha quedado claro si éstos últimos están dentro de la cifra del ministro o son adicionales. Si así fuera, el total superaría los 50,000 puestos.
El que tiene un ejemplo seguro o puede conseguirlo con facilidad, no es capaz de imaginar los niveles de angustias que padecen quienes día a día lo buscan y no lo encuentran. Y con anuncios tan alarmantes su angustia aumentará, pues 45 ó 52 mil competidores adicionales engrosarán las filas de los desempleados, lo que hará más dura la competencia. Y ni que decir del desasosiego y la incertidumbre en que a partir de anuncios tan siniestros ha debido invadir a los posibles afectados con las destituciones. Entre ellos hay padres y madres de familia que, con razón, deben sentir amenazada la estabilidad de sus hogares y su capacidad para alimentarlos y educarlos.
Sabido es los nuevos puestos de trabajo, que ayudarían a disminuir el desempleo, tendrá que crearlos el sector privado. Pero éste no podrá, de la noche a la mañana, generar las plazas que se requieren. Así lo manifestó con toda claridad el nuevo presidente del Sindicato de Industriales. Y si el sector privado no está en capacidad de crear rápidamente suficientes puestos para disminuir el desempleo existente, menos podrá absorber a los 45 mil nuevos ó 52 mil nuevos desocupados que anunciaron los personeros oficiales.
Reducir la planilla del Estado y reestructurar ministerios y entidades autónomas, para eliminar duplicaciones o suprimir oficinas superfluas, son propósitos que todos podemos compartir, pero esas medidas no pueden improvisarse ni tomarse de buenas a primeras, sobre todo en un país con altos índices de desempleo.
En todas las dependencias de la Administración Pública hay miles de funcionarias y funcionarios, que accedieron a sus cargos en buena ley, que no son responsables por la creación de las dependencias en que trabajan. Y que cumplen con dedicación las tareas que les son asignadas. Calificarles de botellas y amenazarles con despidos masivos me parece un acto de extrema crueldad.
Asumiendo que el señor Torrijos quiere actuar con objetividad y evitar atropellos, para apaciguar la tormenta desatada por los funcionarios citados, sería oportuno que frente al país asuma dos compromisos concretos: El primero, que para decidir despidos se harán los estudios y evaluaciones que fundamenten decisiones justas; el segundo, que los cargos de los despedidos no se rellenarán con nuevas designaciones de sus allegados políticos.
"Si está dentro de las normas que respete las regulaciones existentes, vamos a revisarlo. Hay una serie de medidas que vamos a estar estudiando, que no están hechas ni se pueden, de la noche a la mañana, tomarlas", dijo el mandatario.
Sostuvo que hay mecanismos para que se dé un aumento del pasaje, al igual que para que las personas entren a prestar el servicio, por lo que les recalcó a los transportistas que nada ni nadie está por encima de la ley, ni el propio presidente.
Pueden estar seguros que nada se hará por encima de la ley, para eso hay mecanismos que establecen los pasos a seguir y que deben respetarse, respondió Torrijos.
Dijo además que el gobierno es consciente del problema del aumento del combustible, pero que no sólo los transportistas están afectados, sino todo el pueblo panameño.
Aclaró que el precio del petróleo no lo determina el gobierno panameño, pues es un problema de demanda mundial, y agregó que es un problema en la capacidad de refinamiento que tiene el mundo.
Sin embargo, dijo que ahora existirá una política de hidrocarburos y energética que fue un gran ausente durante la administración de gobierno pasado.
Mientras el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Angelino Harris, indicó que entre las alternativas para reducir los costos del sector transporte estaría modificar su sistema de operación, disminuyendo el tiempo de los recorridos por rutas y en su reestructuración para optimizar los recursos.
Mientras los miembros de la Cámara Nacional de Transporte solicitaron al director general de la ATTT su intervención para finiquitar los trámites y ejercer su licencia de comercialización de combustible e iniciar su distribución a menor costo.
Por otra parte, asociaciones sindicales agrupadas en el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO), se pronunciaron ayer en contra del posible aumento.
El sacerdote Conrado Sanjur señaló que estarán vigilantes, pues aumentar el pasaje es atentar contra los derechos humanos y económicos de los panameños.
Para Sanjur, es importante que las organizaciones se manifiesten pacíficamente en las calles, para detener estas políticas que afectan a humildes trabajadores.
Las promesas son promesas y los hechos otra cosa. Todavía no está claro cómo los nuevos gobernantes cumplirán su compromiso de crear más empleos. El país, y especialmente quienes buscan empleo, esperan saber dónde, cuándo y cómo se materializarán los nuevos puestos de trabajo. Pero, mientras las buenas nuevas no llegan, resulta paradójico que varios personeros del gobierno, en vez de alentar las esperanzas de los desempleados, hayan preferido echarles un balde de agua fría. El ministro de la Presidencia, por un lado, y el nuevo director de la Caja de Seguro Social, por el otro, han dicho que se eliminarán 45,000 puestos en el gobierno y que 7 u 8 mil funcionarios de la Caja serán despedidos. No ha quedado claro si éstos últimos están dentro de la cifra del ministro o son adicionales. Si así fuera, el total superaría los 50,000 puestos.
El que tiene un ejemplo seguro o puede conseguirlo con facilidad, no es capaz de imaginar los niveles de angustias que padecen quienes día a día lo buscan y no lo encuentran. Y con anuncios tan alarmantes su angustia aumentará, pues 45 ó 52 mil competidores adicionales engrosarán las filas de los desempleados, lo que hará más dura la competencia. Y ni que decir del desasosiego y la incertidumbre en que a partir de anuncios tan siniestros ha debido invadir a los posibles afectados con las destituciones. Entre ellos hay padres y madres de familia que, con razón, deben sentir amenazada la estabilidad de sus hogares y su capacidad para alimentarlos y educarlos.
Sabido es los nuevos puestos de trabajo, que ayudarían a disminuir el desempleo, tendrá que crearlos el sector privado. Pero éste no podrá, de la noche a la mañana, generar las plazas que se requieren. Así lo manifestó con toda claridad el nuevo presidente del Sindicato de Industriales. Y si el sector privado no está en capacidad de crear rápidamente suficientes puestos para disminuir el desempleo existente, menos podrá absorber a los 45 mil nuevos ó 52 mil nuevos desocupados que anunciaron los personeros oficiales.
Reducir la planilla del Estado y reestructurar ministerios y entidades autónomas, para eliminar duplicaciones o suprimir oficinas superfluas, son propósitos que todos podemos compartir, pero esas medidas no pueden improvisarse ni tomarse de buenas a primeras, sobre todo en un país con altos índices de desempleo.
En todas las dependencias de la Administración Pública hay miles de funcionarias y funcionarios, que accedieron a sus cargos en buena ley, que no son responsables por la creación de las dependencias en que trabajan. Y que cumplen con dedicación las tareas que les son asignadas. Calificarles de botellas y amenazarles con despidos masivos me parece un acto de extrema crueldad.
Asumiendo que el señor Torrijos quiere actuar con objetividad y evitar atropellos, para apaciguar la tormenta desatada por los funcionarios citados, sería oportuno que frente al país asuma dos compromisos concretos: El primero, que para decidir despidos se harán los estudios y evaluaciones que fundamenten decisiones justas; el segundo, que los cargos de los despedidos no se rellenarán con nuevas designaciones de sus allegados políticos.
"Si está dentro de las normas que respete las regulaciones existentes, vamos a revisarlo. Hay una serie de medidas que vamos a estar estudiando, que no están hechas ni se pueden, de la noche a la mañana, tomarlas", dijo el mandatario.
Sostuvo que hay mecanismos para que se dé un aumento del pasaje, al igual que para que las personas entren a prestar el servicio, por lo que les recalcó a los transportistas que nada ni nadie está por encima de la ley, ni el propio presidente.
Pueden estar seguros que nada se hará por encima de la ley, para eso hay mecanismos que establecen los pasos a seguir y que deben respetarse, respondió Torrijos.
Dijo además que el gobierno es consciente del problema del aumento del combustible, pero que no sólo los transportistas están afectados, sino todo el pueblo panameño.
Aclaró que el precio del petróleo no lo determina el gobierno panameño, pues es un problema de demanda mundial, y agregó que es un problema en la capacidad de refinamiento que tiene el mundo.
Sin embargo, dijo que ahora existirá una política de hidrocarburos y energética que fue un gran ausente durante la administración de gobierno pasado.
Mientras el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Angelino Harris, indicó que entre las alternativas para reducir los costos del sector transporte estaría modificar su sistema de operación, disminuyendo el tiempo de los recorridos por rutas y en su reestructuración para optimizar los recursos.
Mientras los miembros de la Cámara Nacional de Transporte solicitaron al director general de la ATTT su intervención para finiquitar los trámites y ejercer su licencia de comercialización de combustible e iniciar su distribución a menor costo.
Por otra parte, asociaciones sindicales agrupadas en el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO), se pronunciaron ayer en contra del posible aumento.
El sacerdote Conrado Sanjur señaló que estarán vigilantes, pues aumentar el pasaje es atentar contra los derechos humanos y económicos de los panameños.
Para Sanjur, es importante que las organizaciones se manifiesten pacíficamente en las calles, para detener estas políticas que afectan a humildes trabajadores.
