¿Los políticos tradicionales cumplen?
Al inicio de cada nuevo gobierno se crean muchas expectativas y esperanzas en los nuevos líderes, quienes por lo general fueron oposición política en la administración anterior. Esa sensación se opacó muy pronto, cuando el presidente Martín Torrijos informó al país el lamentable estado de las finanzas públicas y el enorme déficit del gobierno, dejando entender que éste fue por la mala administración de Mireya Moscoso.
Sin pasar a discutir lo cierto o falso de esta aseveración, queremos resaltar la costumbre de los gobiernos tradicionales de acusar a sus antecesores de los presentes y futuros problemas económicos, sociales, políticos, climáticos y etc., en vez de aprender de estos errores. Hay que buscar soluciones para afrontar este problema, tratando que sean lo menos traumáticas para el sector más sensible de la población.
En la pasada contienda electoral, el candidato presidencial, Ricardo Martinelli propuso alternativas para reducir el gasto público que convendría tomar en consideración. Eran propuestas no traumáticas para sanear las finanzas públicas. Sin embargo, lo primero que se escuchó del nuevo gobierno fue que alrededor de 49 mil empleados públicos perderán sus trabajos. Pero, el Ejecutivo no ha mencionado, con ese mismo ímpetu, que eliminará los privilegios y exoneraciones a los legisladores, a pesar que el gobierno tiene la mayor representatividad en la Asamblea Legislativa.
Tampoco se ha escuchado que se reducirán los altísimos sueldos y gastos de representación de Ministros, directores, altos funcionarios, asesores y nuevamente legisladores. Pero nuestros ilustres gobernantes justifican estos sueldos con la premisa de que "hay que pagar bien la excelencia". Entonces, ¿por qué tantos asesores? ¿Y los asesores conocidos como las botellas-elitistas? Continúan en la planilla con onerosos sueldos y ubicados en cada institución, ministerios y curules, cuyo costo total representa una carga de más de cinco millones dólares anuales.
Otra alternativa es la retrotracción del contrato de Panama Ports a su estado original, que incrementaría $30 millones más a las arcas del Estado. Ya se anuncio la intención del nuevo gobierno de recuperar esta suma, que graciosamente regaló el gobierno de Moscoso, ¿pero, estará dispuesto el gobierno de Torrijos a castigar con todo el peso de la ley a los responsable de este latrocinio?
Con respecto a las entidades burocráticas, el PARLACEN absorbe más de $3 millones al año en sueldos, exoneraciones y gastos de representación y no tiene ninguna función que justifique su existencia, aparte, claro está, de la de premiar por cinco años de estabilidad económica y tranquilidad judicial a los allegados de los partidos políticos.
El Estado podría ahorrarse varios millones de dólares con todas estas medidas, pero afectaría a la cúpula política. Es más fácil sacrificar a 49 mil empleados públicos que cumplir con las promesas de la campaña electoral.
Sin pasar a discutir lo cierto o falso de esta aseveración, queremos resaltar la costumbre de los gobiernos tradicionales de acusar a sus antecesores de los presentes y futuros problemas económicos, sociales, políticos, climáticos y etc., en vez de aprender de estos errores. Hay que buscar soluciones para afrontar este problema, tratando que sean lo menos traumáticas para el sector más sensible de la población.
En la pasada contienda electoral, el candidato presidencial, Ricardo Martinelli propuso alternativas para reducir el gasto público que convendría tomar en consideración. Eran propuestas no traumáticas para sanear las finanzas públicas. Sin embargo, lo primero que se escuchó del nuevo gobierno fue que alrededor de 49 mil empleados públicos perderán sus trabajos. Pero, el Ejecutivo no ha mencionado, con ese mismo ímpetu, que eliminará los privilegios y exoneraciones a los legisladores, a pesar que el gobierno tiene la mayor representatividad en la Asamblea Legislativa.
Tampoco se ha escuchado que se reducirán los altísimos sueldos y gastos de representación de Ministros, directores, altos funcionarios, asesores y nuevamente legisladores. Pero nuestros ilustres gobernantes justifican estos sueldos con la premisa de que "hay que pagar bien la excelencia". Entonces, ¿por qué tantos asesores? ¿Y los asesores conocidos como las botellas-elitistas? Continúan en la planilla con onerosos sueldos y ubicados en cada institución, ministerios y curules, cuyo costo total representa una carga de más de cinco millones dólares anuales.
Otra alternativa es la retrotracción del contrato de Panama Ports a su estado original, que incrementaría $30 millones más a las arcas del Estado. Ya se anuncio la intención del nuevo gobierno de recuperar esta suma, que graciosamente regaló el gobierno de Moscoso, ¿pero, estará dispuesto el gobierno de Torrijos a castigar con todo el peso de la ley a los responsable de este latrocinio?
Con respecto a las entidades burocráticas, el PARLACEN absorbe más de $3 millones al año en sueldos, exoneraciones y gastos de representación y no tiene ninguna función que justifique su existencia, aparte, claro está, de la de premiar por cinco años de estabilidad económica y tranquilidad judicial a los allegados de los partidos políticos.
El Estado podría ahorrarse varios millones de dólares con todas estas medidas, pero afectaría a la cúpula política. Es más fácil sacrificar a 49 mil empleados públicos que cumplir con las promesas de la campaña electoral.
