Los próximo 20 años
LOS PANAMEÑOS ya hemos demostrado capacidad para celebrar elecciones transparentes y de altura, cuyos resultados se cumplen luego de ser honrados por los perdedores. Sin caer en la complacencia, ya que siempre debemos velar por la integridad del sistema electoral, ahora debemos concentrarnos en reforzar la seguridad jurídica, entendida en su más amplia concepción.
Se trata de establecer los mecanismos para asegurarnos que las autoridades respeten y hagan respetar las leyes, que mantengan el orden, que protejan la propiedad privada, que permitan el desarrollo del comercio y la industria, que promuevan la educación en todos los niveles, que ofrezcan servicios de salud eficientes y eficaces, y que salvaguarden los derechos individuales; se trata de involucrar a los ciudadanos en los procesos para establecer esos mecanismos, reforzando en todo momento los valores más elementales de toda sociedad moderna, a saber, libertad, integridad, transparencia y tolerancia.
Eso no se logra en un año, ni en un lustro, sino a través de un esfuerzo generacional. Ya es hora que concentremos nuestras energías en ese gran proyecto, que es generar un régimen que permita el desarrollo del país y ofrezca la oportunidad de progreso para todos sus habitantes.
Este gobierno tiene una rara oportunidad: un mandato contundente, con una mayoría legislativa. Ello le permite hacer cambios importantes en áreas de relevancia como la seguridad social y el régimen tributario. Pero también debe promover reformas en el Organo Judicial, ente clave en toda democracia, sin cuyo protagonismo, a través de actuaciones y fallos claros, independientes y de cumplimiento forzoso y eficaz, no puede haber desarrollo económico. Sin un Organo Judicial con ese protagonismo, este gobierno no podrá cumplir con su compromiso electoral de cero corrupción.
Ya comenzó haciendo nombramientos que, en balance, son positivos y prometedores. Ahora, debe garantizarles su independencia, dotándoles de recursos suficientes para cumplir con su principal mandato constitucional: promover el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas.
Si en cinco años este gobierno logra dotar al país de un Organo Judicial respetado, independiente, eficaz e íntegro, habrá aportado un imprescindible elemento para el desarrollo económico que debemos lograr los próximos 20 años.
Se trata de establecer los mecanismos para asegurarnos que las autoridades respeten y hagan respetar las leyes, que mantengan el orden, que protejan la propiedad privada, que permitan el desarrollo del comercio y la industria, que promuevan la educación en todos los niveles, que ofrezcan servicios de salud eficientes y eficaces, y que salvaguarden los derechos individuales; se trata de involucrar a los ciudadanos en los procesos para establecer esos mecanismos, reforzando en todo momento los valores más elementales de toda sociedad moderna, a saber, libertad, integridad, transparencia y tolerancia.
Eso no se logra en un año, ni en un lustro, sino a través de un esfuerzo generacional. Ya es hora que concentremos nuestras energías en ese gran proyecto, que es generar un régimen que permita el desarrollo del país y ofrezca la oportunidad de progreso para todos sus habitantes.
Este gobierno tiene una rara oportunidad: un mandato contundente, con una mayoría legislativa. Ello le permite hacer cambios importantes en áreas de relevancia como la seguridad social y el régimen tributario. Pero también debe promover reformas en el Organo Judicial, ente clave en toda democracia, sin cuyo protagonismo, a través de actuaciones y fallos claros, independientes y de cumplimiento forzoso y eficaz, no puede haber desarrollo económico. Sin un Organo Judicial con ese protagonismo, este gobierno no podrá cumplir con su compromiso electoral de cero corrupción.
Ya comenzó haciendo nombramientos que, en balance, son positivos y prometedores. Ahora, debe garantizarles su independencia, dotándoles de recursos suficientes para cumplir con su principal mandato constitucional: promover el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas.
Si en cinco años este gobierno logra dotar al país de un Organo Judicial respetado, independiente, eficaz e íntegro, habrá aportado un imprescindible elemento para el desarrollo económico que debemos lograr los próximos 20 años.
