Los proyectos de seguridad
La presentación por parte del Ejecutivo de cinco proyectos de ley relacionados con temas de seguridad obedecen al reclamo popular de atender eficazmente los serios problemas que el país enfrenta, relacionados con el aumento de las actividades delincuenciales de todo tipo. Estas medidas no surgen de la nada y son parte de un proyecto iniciado en 1990 en el que han participado de manera responsable todas las fuerzas políticas del país.
Terminada la dictadura, los panameños acordamos no tener ejército y esa voluntad contó con el apoyo del PRD y de la Democracia Cristiana, hoy Partido Popular, para aprobar una reforma constitucional, en dos Asambleas consecutivas surgidas de dos diferentes elecciones, que dejó consignada en nuestra Carta Magna esa decisión histórica. Durante los gobiernos de Endara y Pérez Balladares se aprobaron también otras leyes relacionadas con esta materia, incluyendo la Ley Orgánica de la Policía Nacional, cuya elaboración estuvo a cargo de una Comisión nombrada por Pérez Balladares, de la que formaron parte tanto Endara como el actual presidente, Martín Torrijos.
En el año 2000, ante la salida definitiva de los norteamericanos, el entonces ministro de Gobierno, Winston Spadafora, planteó la necesidad de formular una política panameña de seguridad nacional, pues la República de Panamá debía por primera vez garantizársela por sí misma. El texto inicial presentado por Spadafora partía del principio básico de que es un derecho legítimo del Estado hacer la guerra en determinadas circunstancias. Fue Ricardo Arias Calderón quien planteó lo poco realista que era para un país como el nuestro esa visión de una política de seguridad limitada a la defensa de la territorialidad, para la que no teníamos ni enemigos identificados ni recursos suficientes.
El PRD, entonces en la oposición, aceptó la propuesta del ministro Spadafora para que representantes del gobierno de Mireya Moscoso, el propio PRD y el Partido Popular elaboraran una nueva política que garantizara la seguridad. El consenso surgido de ese grupo se plasmó en un documento titulado Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, avalado por el Consejo de Gabinete de la presidenta Moscoso, que lo declaró política de Estado y al mismo se adhirieron todos los partidos políticos, aún los que no habían participado en su redacción.
A partir de ese momento, se aceptó el concepto de "seguridad integral multidimensional, diferenciado, armónico, democrático y multilateral", se adoptó la doctrina de seguridad humana, tal como la ha formulado el PNUD e identificó como objetivos "optimizar la protección y seguridad de la vida, honra y bienes de los habitantes del país", el control y autoridad plenas en la operación del canal y la preservación de la neutralidad del país así como el compromiso de respetar y promover los derechos humanos.
Es ahora el momento para que todos los partidos, asociaciones y grupos retornen al diálogo, haciendo las recomendaciones y modificaciones que sean necesarias para continuar un proceso iniciado en 1990 y que no debemos abandonar.
Es mucho lo que está en juego.
