Los vagabundos
Santiago de Chile/AIPE.- La llamada reforma previsional aprobada el 20 de enero por la Cámara de Diputados de Brasil es como combatir el cáncer con una aspirina.
El sistema de pensiones estatal tuvo un déficit en 1998 de alrededor de 40.000 millones de dólares, equivalente a un 5 por ciento del PIB de Brasil. El déficit previsional es responsable de dos tercios del gigantesco déficit fiscal. Los impuestos a las pensiones aprobados ayer recaudarán
2.600 millones de dólares. Esta no sólo no es una reforma, sino otro aumento impositivo más que ni siquiera ataca frontalmente los problemas del actual sistema.
En 1997, 15.000 personas se jubilaron antes de alcanzar los 40 años en Brasil. Cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso, exasperado, llamó "vagabundos" a los que se jubilaban antes de cumplir 50, la prensa le enrostró que su propio ex ministro de previsión social se había jubilado a los 46 años, con una pensión de 2.600 dólares al mes. Con una tasa de descuento de 5 por ciento, el valor presente de recibir una pensión vitalicia de esa cantidad es superior al medio millón de dólares; ese es el regalo que le hacen los contribuyentes a ese jubilado prematuro. Cabe
destacar que estos regalos se computan, tanto en Brasil como en Chile, dentro del llamado gasto social.
En Chile cada vez que, por unanimidad, el gobierno y los parlamentarios han aumentado, en forma arbitraria y a costa del resto de los chilenos, las pensiones del sistema estatal, jamás han intentado concentrar esos aumentos
en los verdaderamente pobres. Por ejemplo, no excluyen a los que se jubilaron prematuramente o a los que tienen altos ingresos provenientes de otras fuentes. Todavía no comprenden que no es necesariamente lo mismo tener una baja pensión y ser pobre.
La inmensa mayoría de estos vagabundos proviene de la masiva burocracia federal, estatal y municipal de Brasil. Por largos años, los funcionarios del sector público se han jubilado con 25 años de trabajo, mientras que los del sector privado con 35 años.
La mitad de los 85.000 millones de dólares que se pagaron en pensiones en 1997 fueron para los 2,7 millones de jubilados del sector público. La otra mitad fue para los 17,7 millones de trabajadores del sector privado.
Como los funcionarios públicos no comenzaron a hacer contribuciones al sistema hasta 1992, sus pensiones, en ciertos casos de niveles estratosféricos, están siendo fuertemente subsidiadas por los trabajadores
del sector privado y por los contribuyentes.
Los funcionarios públicos se jubilan con el 100 por ciento de su última renta, y reciben cualquier aumento salarial que se entregue posteriormente al titular del cargo que detentaron (la famosa e injusta perseguidora de
algunos privilegiados, eliminada en Chile en 1978 tanto a pensionados civiles como militares).
El presidente Cardoso todavía no comprende que estas características kafkianas son producto de una falla estructural del sistema estatal de reparto. Al quebrar la relación entre contribuciones y beneficios, el sistema de reparto crea estímulos para que toda la población intente
minimizar lo que aporta al sistema y maximizar lo que obtiene de este. En un sistema estatal, esto se hace a través de la presión política, proceso en que ganan los grupos más fuertes y pierden los más débiles. El sistema no sólo es la injusticia misma, sino que está condenado a explotar.
¡Que abismante diferencia con Chile! Es alentador e instructivo apreciar que comparativamente el sistema chileno de pensiones de capitalización individual, al que ingresan todos los nuevos trabajadores desde hace ya 18
años, es al sistema de Brasil como un Mercedes Benz a una carreta.
El sistema de pensiones estatal tuvo un déficit en 1998 de alrededor de 40.000 millones de dólares, equivalente a un 5 por ciento del PIB de Brasil. El déficit previsional es responsable de dos tercios del gigantesco déficit fiscal. Los impuestos a las pensiones aprobados ayer recaudarán
2.600 millones de dólares. Esta no sólo no es una reforma, sino otro aumento impositivo más que ni siquiera ataca frontalmente los problemas del actual sistema.
En 1997, 15.000 personas se jubilaron antes de alcanzar los 40 años en Brasil. Cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso, exasperado, llamó "vagabundos" a los que se jubilaban antes de cumplir 50, la prensa le enrostró que su propio ex ministro de previsión social se había jubilado a los 46 años, con una pensión de 2.600 dólares al mes. Con una tasa de descuento de 5 por ciento, el valor presente de recibir una pensión vitalicia de esa cantidad es superior al medio millón de dólares; ese es el regalo que le hacen los contribuyentes a ese jubilado prematuro. Cabe
destacar que estos regalos se computan, tanto en Brasil como en Chile, dentro del llamado gasto social.
En Chile cada vez que, por unanimidad, el gobierno y los parlamentarios han aumentado, en forma arbitraria y a costa del resto de los chilenos, las pensiones del sistema estatal, jamás han intentado concentrar esos aumentos
en los verdaderamente pobres. Por ejemplo, no excluyen a los que se jubilaron prematuramente o a los que tienen altos ingresos provenientes de otras fuentes. Todavía no comprenden que no es necesariamente lo mismo tener una baja pensión y ser pobre.
La inmensa mayoría de estos vagabundos proviene de la masiva burocracia federal, estatal y municipal de Brasil. Por largos años, los funcionarios del sector público se han jubilado con 25 años de trabajo, mientras que los del sector privado con 35 años.
La mitad de los 85.000 millones de dólares que se pagaron en pensiones en 1997 fueron para los 2,7 millones de jubilados del sector público. La otra mitad fue para los 17,7 millones de trabajadores del sector privado.
Como los funcionarios públicos no comenzaron a hacer contribuciones al sistema hasta 1992, sus pensiones, en ciertos casos de niveles estratosféricos, están siendo fuertemente subsidiadas por los trabajadores
del sector privado y por los contribuyentes.
Los funcionarios públicos se jubilan con el 100 por ciento de su última renta, y reciben cualquier aumento salarial que se entregue posteriormente al titular del cargo que detentaron (la famosa e injusta perseguidora de
algunos privilegiados, eliminada en Chile en 1978 tanto a pensionados civiles como militares).
El presidente Cardoso todavía no comprende que estas características kafkianas son producto de una falla estructural del sistema estatal de reparto. Al quebrar la relación entre contribuciones y beneficios, el sistema de reparto crea estímulos para que toda la población intente
minimizar lo que aporta al sistema y maximizar lo que obtiene de este. En un sistema estatal, esto se hace a través de la presión política, proceso en que ganan los grupos más fuertes y pierden los más débiles. El sistema no sólo es la injusticia misma, sino que está condenado a explotar.
¡Que abismante diferencia con Chile! Es alentador e instructivo apreciar que comparativamente el sistema chileno de pensiones de capitalización individual, al que ingresan todos los nuevos trabajadores desde hace ya 18
años, es al sistema de Brasil como un Mercedes Benz a una carreta.
