Magistrados ¿para qué?
Con el tema de la designación de dos nuevos Magistrados, hemos tenido de todo, como en botica. Los principales actores, desde el Ejecutivo, nos han brindado un bochornoso espectáculo y un rosario de actuaciones.
Los panameños hemos tenido la oportunidad de conocer olas de mentiras, demagogia, falacias, sofismas, hipocresías, engaños, incumplimientos de palabra y de compromisos, ilusiones, esperanzas, decepciones, manipulación, descalificaciones, suposiciones, violaciones al debido proceso, a las leyes, a las normas constitucionales, por mencionar solo algunos de las acciones con las que los encumbrados factores reales de poder, una vez más, se han burlado soberbiamente de todo lo que tenga que ver con ciudadanos, ciudadanía, Estado de Derecho o constitucionalismo.
Poco ha importado al Ejecutivo y demás rectores de los otros Órganos del Estado, el compromiso y la obligación estatal de crear y proteger las condiciones reales que permitan una administración de justicia verdaderamente independiente, que sirva, entre otras cosas, de estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales sin distinción alguna.
Una vez más, se ha pisoteado la obligatoriedad de todas las instituciones y autoridades de respetar y acatar la independencia judicial. Se ha actuado haciendo uso de todas las intromisiones indebidas e injustificadas. Se ha preferido no respetar siquiera, los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, establecidos por las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, que en su numeral 10 establece que:
“Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos…”
Venimos de asistir a una sesión de descarado terrorismo político y de exhibicionismo de las cúpulas políticas partidistas en su dionisíaca sed de poder y monopolio del mismo. Poco les ha importado descalificar a los abogados y a las funciones que a estos le caben en el desempeño de su profesión. Se ha ofendido las dignidad de decenas de profesionales del Derecho y de funcionarios del Órgano Judicial, con el aval de los integrantes de la directiva de la Corte Suprema. Un hecho, justificadamente, calificado de peligroso y de atentatorio, por el propio Colegio Nacional de Abogados.
Y si el Presidente de la República no supo medirse en sus intervenciones sobre el tema, el que sí ha logrado rebelarse como un aventajado alumno de la ignorancia inexcusable, lo ha sido el Vicepresidente cuando declaró “urbi et orbe” que, “los casos del pueblo no llegan a la Corte…” y acto seguido reafirmó: “Ya el Presidente tomó su decisión y esperamos que la Asamblea los ratifique”. Bueno, tomamos nota pues “a confesión de partes… relevo de prueba.”
La actuación de los diputados Mario Miller, Manuel Cohen, Mario Lazarus y Zaida González, de la Comisión de Credenciales de la Asamblea en asocio de los “asesores legales” de dicho Órgano, con relación a la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta debidamente sobre la escogencia de Magistrados, nos confirma que el camino hacia la arbitrariedad y el autoritarismo está trazado.
Magistrados ¿para qué? , Magistrados para actuar genuflexos y como adocenados espoliques en contra de la Justicia, de las Libertades, de la Democracia y los Derechos Humanos. En esa posición, no dudemos, no serán capaces de servir para nada más.
