Más gastos militares, más pobreza en América
Sólo Perú gastó en armamento, sobre todo en aviones rusos de dudosa calidad, mil millones 992 mil 591 dólares durante la década gubernamental de Fujimori. Tal como se viene revelando, buena parte del dinero invertido se desvió en pagos de comisiones a testaferros de Montesinos, Fujimori y de varios generales, mientras los índices de pobreza subieron a alturas próximas a los picachos andinos. Ecuador, en su turno, compró armamento argentino en una operación que, además de burlar los acuerdos internacionales de desarme, ocultó hasta su destape por un juez, un jugoso negociado cuyo deslinde judicial determinó el procesamiento del ex presidente Carlos Menem, de su asesor y pariente Emir Yoma y de funcionarios civiles y militares.
Solucionado el diferendo fronterizo entre Ecuador y Perú, Chile ha vuelto a revolver el avispero con la anunciada compra de aviones F - 16, naves de guerra y submarinos, que podría ser un nuevo punto de partida para el reciclaje del armamentismo de la región. Si Chile compra aviones de avanzada tecnología, dicen los analistas que se rompería el equilibrio militar y en poco tiempo, los militares de Argentina, Perú y Brasil, presionarían a sus gobiernos para ponerse al nivel chileno. Así, pues, se reconstruiría una vez más el ciclo de más armas, más corrupción, más pobreza, que, en última instancia, únicamente beneficia a los vendedores de armas y a los usufructuadores civiles y militares de las compras multimillonarias. Después del escándalo de las compras de armas, y de la complicidad de militares en oscuros negocios en la década fujimorista, Perú ha emprendido una reorganización radical de sus institutos armados. Toledo se propone reinvertir en gasto social el gasto militar. Algo similar sucede en Ecuador. Es en Chile donde la presión del engranaje militar impregnado de pinochetismo es más fuerte y le concede menos espacio de negociación al gobierno de la Concertación.
La respuesta chilena de adquirir los F-16 y después congelar las compras, refleja la cautelosa posición de un régimen que evita al máximo las posiciones de confrontación con militares que pareciera no aceptan todavía el fin de la autocracia militar. El gobierno de Lagos no alcanza acuerdos consensuados sobre reformas constitucionales que afectan a las fuerzas armadas, como el mantenimiento de la inamovilidad de los comandantes en jefe, figura reglamentaria introducida por la constitución de Pinochet, para asegurar el mando de los oficiales leales a su dictadura. En tales circunstancias, es difícil para Lagos asumir acuerdos internacionales que no concuerden con el status quo militar interno.
Sólo en la medida en que los militares sudamericanos se subordinen totalmente al gobierno democrático civil, podrá evitarse el ciclo de escaladas armamentísticas, nocivas a la paz, al desarrollo social y a la honestidad administrativa.
Solucionado el diferendo fronterizo entre Ecuador y Perú, Chile ha vuelto a revolver el avispero con la anunciada compra de aviones F - 16, naves de guerra y submarinos, que podría ser un nuevo punto de partida para el reciclaje del armamentismo de la región. Si Chile compra aviones de avanzada tecnología, dicen los analistas que se rompería el equilibrio militar y en poco tiempo, los militares de Argentina, Perú y Brasil, presionarían a sus gobiernos para ponerse al nivel chileno. Así, pues, se reconstruiría una vez más el ciclo de más armas, más corrupción, más pobreza, que, en última instancia, únicamente beneficia a los vendedores de armas y a los usufructuadores civiles y militares de las compras multimillonarias. Después del escándalo de las compras de armas, y de la complicidad de militares en oscuros negocios en la década fujimorista, Perú ha emprendido una reorganización radical de sus institutos armados. Toledo se propone reinvertir en gasto social el gasto militar. Algo similar sucede en Ecuador. Es en Chile donde la presión del engranaje militar impregnado de pinochetismo es más fuerte y le concede menos espacio de negociación al gobierno de la Concertación.
La respuesta chilena de adquirir los F-16 y después congelar las compras, refleja la cautelosa posición de un régimen que evita al máximo las posiciones de confrontación con militares que pareciera no aceptan todavía el fin de la autocracia militar. El gobierno de Lagos no alcanza acuerdos consensuados sobre reformas constitucionales que afectan a las fuerzas armadas, como el mantenimiento de la inamovilidad de los comandantes en jefe, figura reglamentaria introducida por la constitución de Pinochet, para asegurar el mando de los oficiales leales a su dictadura. En tales circunstancias, es difícil para Lagos asumir acuerdos internacionales que no concuerden con el status quo militar interno.
Sólo en la medida en que los militares sudamericanos se subordinen totalmente al gobierno democrático civil, podrá evitarse el ciclo de escaladas armamentísticas, nocivas a la paz, al desarrollo social y a la honestidad administrativa.
