¿Miedos y espantos?
De ninguna manera, obvio que no se trata de olvidar los abusos y desafueros a los que fue sometido el pueblo panameño por muchos años, sino de asumir, seria y responsablemente, una posición positiva frente a la democracia y las novedosas instituciones del Panamá de hoy. Por ello, hay que pensar y actuar en el sentido de que una y otras pueden ser mejoradas. Como ha afirmado mi hermano Ramiro: "Los traumas colectivos e individuales, de situaciones vividas o experiencias pasadas, turban y mediatizan el análisis objetivo, que terminan afectando la democracia y la institucionalidad que se dice defender y consolidar". Esto lo decimos a propósito del eventual proyecto de ley que modernizará a la Policía Técnica Judicial.
Los detractores del proyecto argumentan que el hecho de encomendar la función investigadora a un componente de la Policía Nacional, pudiera dar lugar a una institución represiva y antidemocrática, evocándose con ello lo que fuera el fenecido G2 o el antiguo DENI. Además, se argumenta que el proyecto, en este punto, violenta la Constitución Nacional, en tanto que se señala que la función investigativa es privativa del Ministerio Público.
Observo que nos tocó participar, también Ramiro, de las consultas iniciales del documento, y por ello somos del criterio que los argumentos en contra del proyecto no tienen razón de ser.
En el mismo queda establecido que la cadena de mando en la Policía no podrá intervenir en el proceso de investigación delictiva, y éstas últimas estarán dirigidas y coordinadas por los funcionarios de instrucción del Ministerio Público. Con relación a la función investigadora, no es cierto que la Constitución señale que corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Lo que la norma suprema prescribe, en el Art. 220, es que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de perseguir los delitos. En la doctrina penal, precisa advertir, se distinguen estas dos funciones: Investigativa y persecutoria. Esta última se inicia con la indagatoria que da curso a la vista fiscal. La investigación criminal, desde el punto de vista operativo, en la mayoría de los países de corte democrático, se maneja con esquemas que no pertenecen o hacen parte de la estructuran orgánica de sus respectivos ministerios públicos.
Con el respeto y la debida consideración de las críticas al aludido proyecto, percibimos, temores y miedos de realidades harto superadas por la entronización de nuevos esquemas y modelos que permiten la protección y tutela ciudadana. Quede claro que el Panamá de hoy es diametralmente distinto al de ayer; que vivimos en democracia y que el modelo que se propone, el de la investigación criminal, ha resultado sumamente eficiente en la lucha contra el crimen en países hermanos.
