Nepotismo, como de costumbre...
La Ley 9 de 20 de junio de 1994 define el nepotismo como "la falta administrativa en que incurre la autoridad nominadora que beneficia con nombramientos en puestos públicos a sus cónyuges, pareja de unión consensual o otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. También incurre en nepotismo el servidor público que, sin notificarlo oportunamente a su superior jerárquico inmediato, ejerza la función pública en la misma unidad o en unidades administrativas que mantengan entre sí relaciones de control y fiscalización en las que compartan los mencionados lazos de parentesco original y sobreviviente."
En buen romance, el nepotismo es un delito moral y legal porque implica la injusticia de la discriminación, al escoger a una persona por encima de otra para un nombramiento por un interés personal basado en un parentesco cercano en vez de escogerla por un motivo social basado en la capacidad, la efectividad y la honradez superiores de un aspirante por encima de los demás. Esta injusticia contra la persona discriminada implica malgastar los recursos del Estado y llega a representar una malversación de fondos públicos. Además, el control y la fiscalización de un pariente por otro no es tan exigente como cuando la supervisión se da al margen del parentesco. En el primer caso se favorece la corrupción y se da una predisposición al engaño y al encubrimiento, incluso a la complicidad.
La Presidenta nombró una Comisión para combatir la corrupción, comprometiéndose a acoger sus recomendaciones. Pero tan pronto la Comisión recomendó que se tomaran medidas para evitar el nepotismo, la Presidenta personalmente salió a la defensa de esta práctica sin ninguna vergüenza. Habló como si el que otros hubieran hecho lo mismo justificara que ella lo continuara haciendo o, peor aún, como si su tradicionalismo político la rindiera insensible a ni siquiera sospechar que se trata de una práctica inmoral y nociva.
En realidad, si la Presidenta erradicara el nepotismo, tendría que desmantelar por completo su gobierno, pues éste ha sido el gobierno más caracterizado por el nepotismo desde que vivimos en democracia. De acuerdo con la investigación realizada por El Panamá América los días 15 y 16 de abril del año en curso, la red de nepotismo cubre buena parte de las dependencias estatales e involucra un buen número de los principales apellidos políticos del arnulfismo, de Molirena y de los recién "pegados", representando el nepotismo a veces en sentido estricto, dentro del grado de parentesco y en las unidades administrativas proscritas, otras veces en sentido a lato, con lazos de parentesco y relaciones de subordinación administrativa un poco más distantes, pero no menos comprometedoras. Así extendido y descarado, el nepotismo se encuentra en la médula misma del Gobierno de la Presidenta Moscoso.
No sorprende, por ello, que las dos organizaciones internacionales que combaten la corrupción hayan expresado severas críticas a la Presidenta, lo que recuerda la advertencia de un antiguo asesor suyo quien expresó el temor de que pasara su tiempo después de la Presidencia huyendo de la policía de puerto en puerto. El capítulo local de Transparencia Internacional le dice a la Presidenta y a su alianza política que no han cumplido con la promesa formal que formularon en su programa de gobierno, "Nuestro Compromiso para el cambio, 1999-2004", puesto que prometieron "adoptar la reglamentación legal necesaria para evitar los conflictos de intereses...y establecer controles para evitar el nepotismo". Se han burlado del electorado.
Cuando la Presidenta fue incluida en la Galería de Corruptos Latinoamericanos que publica la institución internacional Probidad, la respuesta de la Presidencia fue una muy escueta carta donde se declaraba que los cargos eran "absolutamente falsos" y se invitaban a la institución "a realizar una investigación profunda". Pero ni la Ministra de la Presidencia ni ningún otro funcionario dio la cara y firmó la carta con su nombre propio. El representante legal de Probidad respondió: "La inclusión de la Sra. Moscoso en la Galería está fundamentada en una extensa cantidad de reportajes periodísticos, así como en estudios e informes de instancias internacionales sobre la corrupción en Panamá y en elementos de información que son de consumo público". No sólo reitera así su acusación, sino que va más hondo, al concluir que "las democracias en América Latina tienen pocas oportunidades de sobrevivir si los mecanismos de pesos y contrapesos no se equilibran a favor del Estado de Derecho y la transparencia gubernamental." Evidentemente, Probidad sabe que la Presidenta profesa una concepción plebiscitaria del poder público que la conduce a irrespetar las funciones propias de los otros Órganos del Estado en su afán por dominarlos y hasta la fecha ha rehuido cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia, recientemente aprobada, a pesar de que los presidentes de los Órganos Legislativo y Judicial ya han comenzado a cumplirla seriamente.
Lo que el nepotismo del actual gobierno, que no es colateral sino medular, revela es un concepto y una práctica patrimonial del Estado por parte de la gobernante y de su equipo más alto y más íntimo de gobierno. Octavio Paz, en el Ogro filántrópico describía esta concepción del Estado en los siguientes términos: "...a pesar de haber sido el agente cardinal de la modernización, él mismo no ha logrado modernizarse enteramente. En muchos aspectos, especialmente en su trato al público y en su manera de conducir los asuntos, sigue siendo patrimonialista. En un régimen de ese tipo el Jefe de Gobierno -el Príncipe o el Presidente- considera el Estado como su patrimonio personal. Por tal razón, el cuerpo de funcionarios y empleados gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los magistrados y senadores a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad, compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal. El patrimonialismo es la vida privada incrustrada en la vida pública". En esta concepción, explica Paz, " se trata no tanto de una inmoralidad como de la vigencia inconsciente de otra moral: en el régimen patrimonial son más bien vagas y fluctuantes las fronteras entre la esfera pública y la privada, la familia y el Estado." Añadamos que dicho patrimonialismo genera corrupción y garantiza mediocridad en la gestión de gobierno.
Quienes comparten este enfoque están convencidos que su acceso a los cargos públicos les debe proporcionar la oportunidad y en alguna medida el derecho de enriquecerse. Se compran residencias lujosas, principales o de vacaciones, aquí y en Miami, adquieren autos, lanchas y helicópteros costosísimos para su uso privado, cuya adquisición ni tan siquiera intentan justificar con sus ingresos oficiales, obtienen concesiones estatales arbitrariamente, pingües contratos, informaciones privilegiadas que les dan ventaja en los negocios, poderes discrecionales para traficar influencia y favorecer a sus socios, allegados, parientes y naturalmente a ellos mismos. Las pugnas intragubernamentales que se dan entre ellos no tienen que ver con diferencias en cuanto a políticas de Estado o de Gobierno, sino en cuanto a sus respectivas participaciones en ventajas, influencias, privilegios, comisiones e incluso presuntos peculados.
Se gesta así una ilimitada privatización, informal, ilegal y turbia de los recursos financieros y económicos del Estado en comparación con la cual las privatizaciones formales son operaciones restringidas, legales y que pueden incluso ser transparentes por comparación. Mientras estas últimas tienden a distinguir y a separar lo público de lo privado, la privatización informal medra de la confusión entre ambos, porque es al amparo de dicha confusión que el gobernante y sus adláteres se benefician personalmente del Estado por cuenta propia.
Así como cabe decir que el nepotismo de este gobierno es medular también cabe afirmar que su patrimonialismo no se encuentra en tensión con su dimensión modernizante, como fue el caso en los dos pasados gobiernos, sino que su patrimonialismo engloba y neutraliza cualquiera dimensión modernizante que pueda reconocérsele. Es por eso que la corrupción es tan persistente y generalizada bajo el actual gobierno.
La opinión pública comienza a reaccionar frente al nepotismo, el patrimonialismo y la corrupción resultante. Es de suponer que no sólo juzgue a los actores principales de este verdadero drama nacional, sino también a quienes tratan de pasar silenciosos o medio callados aunque debieran asumir responsabilidades expresas al respecto.
Cuando se llegue a las candidaturas del 2004, el electorado querrá saber no solamente qué promesa de integridad representan los diferentes candidatos de cara al futuro, sino qué hicieron y dijeron en concreto cuando el país se encontraba en plena crisis de moralidad pública. El electorado tendrá derecho a saber si usaron o no su influencia política sobre sus seguidores legislativos para intentar sacar a la Asamblea de su postración.
Tendrá derecho a saber si juzgaron y reaccionaron o no a la imposición por medios bochornosos de dos Magistrados sin independencia alguna en la Corte Suprema. Tendrá derecho a saber si repudiaron y enfrentaron o no las actuaciones más moralmente cuestionables de la Presidenta y su gobierno. Y conociendo las posturas al respecto de los diferentes candidatos, el electorado podrá escoger, así lo espero, entre más de lo mismo o una acción realmente rectificadora. En sus manos estará así la suerte moral de la República.
(ariyan@sinfo.net)
En buen romance, el nepotismo es un delito moral y legal porque implica la injusticia de la discriminación, al escoger a una persona por encima de otra para un nombramiento por un interés personal basado en un parentesco cercano en vez de escogerla por un motivo social basado en la capacidad, la efectividad y la honradez superiores de un aspirante por encima de los demás. Esta injusticia contra la persona discriminada implica malgastar los recursos del Estado y llega a representar una malversación de fondos públicos. Además, el control y la fiscalización de un pariente por otro no es tan exigente como cuando la supervisión se da al margen del parentesco. En el primer caso se favorece la corrupción y se da una predisposición al engaño y al encubrimiento, incluso a la complicidad.
La Presidenta nombró una Comisión para combatir la corrupción, comprometiéndose a acoger sus recomendaciones. Pero tan pronto la Comisión recomendó que se tomaran medidas para evitar el nepotismo, la Presidenta personalmente salió a la defensa de esta práctica sin ninguna vergüenza. Habló como si el que otros hubieran hecho lo mismo justificara que ella lo continuara haciendo o, peor aún, como si su tradicionalismo político la rindiera insensible a ni siquiera sospechar que se trata de una práctica inmoral y nociva.
En realidad, si la Presidenta erradicara el nepotismo, tendría que desmantelar por completo su gobierno, pues éste ha sido el gobierno más caracterizado por el nepotismo desde que vivimos en democracia. De acuerdo con la investigación realizada por El Panamá América los días 15 y 16 de abril del año en curso, la red de nepotismo cubre buena parte de las dependencias estatales e involucra un buen número de los principales apellidos políticos del arnulfismo, de Molirena y de los recién "pegados", representando el nepotismo a veces en sentido estricto, dentro del grado de parentesco y en las unidades administrativas proscritas, otras veces en sentido a lato, con lazos de parentesco y relaciones de subordinación administrativa un poco más distantes, pero no menos comprometedoras. Así extendido y descarado, el nepotismo se encuentra en la médula misma del Gobierno de la Presidenta Moscoso.
No sorprende, por ello, que las dos organizaciones internacionales que combaten la corrupción hayan expresado severas críticas a la Presidenta, lo que recuerda la advertencia de un antiguo asesor suyo quien expresó el temor de que pasara su tiempo después de la Presidencia huyendo de la policía de puerto en puerto. El capítulo local de Transparencia Internacional le dice a la Presidenta y a su alianza política que no han cumplido con la promesa formal que formularon en su programa de gobierno, "Nuestro Compromiso para el cambio, 1999-2004", puesto que prometieron "adoptar la reglamentación legal necesaria para evitar los conflictos de intereses...y establecer controles para evitar el nepotismo". Se han burlado del electorado.
Cuando la Presidenta fue incluida en la Galería de Corruptos Latinoamericanos que publica la institución internacional Probidad, la respuesta de la Presidencia fue una muy escueta carta donde se declaraba que los cargos eran "absolutamente falsos" y se invitaban a la institución "a realizar una investigación profunda". Pero ni la Ministra de la Presidencia ni ningún otro funcionario dio la cara y firmó la carta con su nombre propio. El representante legal de Probidad respondió: "La inclusión de la Sra. Moscoso en la Galería está fundamentada en una extensa cantidad de reportajes periodísticos, así como en estudios e informes de instancias internacionales sobre la corrupción en Panamá y en elementos de información que son de consumo público". No sólo reitera así su acusación, sino que va más hondo, al concluir que "las democracias en América Latina tienen pocas oportunidades de sobrevivir si los mecanismos de pesos y contrapesos no se equilibran a favor del Estado de Derecho y la transparencia gubernamental." Evidentemente, Probidad sabe que la Presidenta profesa una concepción plebiscitaria del poder público que la conduce a irrespetar las funciones propias de los otros Órganos del Estado en su afán por dominarlos y hasta la fecha ha rehuido cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia, recientemente aprobada, a pesar de que los presidentes de los Órganos Legislativo y Judicial ya han comenzado a cumplirla seriamente.
Lo que el nepotismo del actual gobierno, que no es colateral sino medular, revela es un concepto y una práctica patrimonial del Estado por parte de la gobernante y de su equipo más alto y más íntimo de gobierno. Octavio Paz, en el Ogro filántrópico describía esta concepción del Estado en los siguientes términos: "...a pesar de haber sido el agente cardinal de la modernización, él mismo no ha logrado modernizarse enteramente. En muchos aspectos, especialmente en su trato al público y en su manera de conducir los asuntos, sigue siendo patrimonialista. En un régimen de ese tipo el Jefe de Gobierno -el Príncipe o el Presidente- considera el Estado como su patrimonio personal. Por tal razón, el cuerpo de funcionarios y empleados gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los magistrados y senadores a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad, compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal. El patrimonialismo es la vida privada incrustrada en la vida pública". En esta concepción, explica Paz, " se trata no tanto de una inmoralidad como de la vigencia inconsciente de otra moral: en el régimen patrimonial son más bien vagas y fluctuantes las fronteras entre la esfera pública y la privada, la familia y el Estado." Añadamos que dicho patrimonialismo genera corrupción y garantiza mediocridad en la gestión de gobierno.
Quienes comparten este enfoque están convencidos que su acceso a los cargos públicos les debe proporcionar la oportunidad y en alguna medida el derecho de enriquecerse. Se compran residencias lujosas, principales o de vacaciones, aquí y en Miami, adquieren autos, lanchas y helicópteros costosísimos para su uso privado, cuya adquisición ni tan siquiera intentan justificar con sus ingresos oficiales, obtienen concesiones estatales arbitrariamente, pingües contratos, informaciones privilegiadas que les dan ventaja en los negocios, poderes discrecionales para traficar influencia y favorecer a sus socios, allegados, parientes y naturalmente a ellos mismos. Las pugnas intragubernamentales que se dan entre ellos no tienen que ver con diferencias en cuanto a políticas de Estado o de Gobierno, sino en cuanto a sus respectivas participaciones en ventajas, influencias, privilegios, comisiones e incluso presuntos peculados.
Se gesta así una ilimitada privatización, informal, ilegal y turbia de los recursos financieros y económicos del Estado en comparación con la cual las privatizaciones formales son operaciones restringidas, legales y que pueden incluso ser transparentes por comparación. Mientras estas últimas tienden a distinguir y a separar lo público de lo privado, la privatización informal medra de la confusión entre ambos, porque es al amparo de dicha confusión que el gobernante y sus adláteres se benefician personalmente del Estado por cuenta propia.
Así como cabe decir que el nepotismo de este gobierno es medular también cabe afirmar que su patrimonialismo no se encuentra en tensión con su dimensión modernizante, como fue el caso en los dos pasados gobiernos, sino que su patrimonialismo engloba y neutraliza cualquiera dimensión modernizante que pueda reconocérsele. Es por eso que la corrupción es tan persistente y generalizada bajo el actual gobierno.
La opinión pública comienza a reaccionar frente al nepotismo, el patrimonialismo y la corrupción resultante. Es de suponer que no sólo juzgue a los actores principales de este verdadero drama nacional, sino también a quienes tratan de pasar silenciosos o medio callados aunque debieran asumir responsabilidades expresas al respecto.
Cuando se llegue a las candidaturas del 2004, el electorado querrá saber no solamente qué promesa de integridad representan los diferentes candidatos de cara al futuro, sino qué hicieron y dijeron en concreto cuando el país se encontraba en plena crisis de moralidad pública. El electorado tendrá derecho a saber si usaron o no su influencia política sobre sus seguidores legislativos para intentar sacar a la Asamblea de su postración.
Tendrá derecho a saber si juzgaron y reaccionaron o no a la imposición por medios bochornosos de dos Magistrados sin independencia alguna en la Corte Suprema. Tendrá derecho a saber si repudiaron y enfrentaron o no las actuaciones más moralmente cuestionables de la Presidenta y su gobierno. Y conociendo las posturas al respecto de los diferentes candidatos, el electorado podrá escoger, así lo espero, entre más de lo mismo o una acción realmente rectificadora. En sus manos estará así la suerte moral de la República.
(ariyan@sinfo.net)
