No más legisladores
La posibilidad que para las próximas elecciones se sumen cinco o seis legisladores más a los setenta y uno actuales, tiene iracunda a la ciudadanía panameña que no atina a pensar si se trata de un hecho o de una broma de mal gusto. Varios factores concurren en torno al rechazo de esa posibilidad. Una es la conciencia que constituimos un país pequeño y pobre, que no puede darse el lujo de distraer sus magros recursos en planillas politiqueras inútiles.
Otra razón de rechazo es la percepción de que la Asamblea Legislativa constituye un organismo que ya cuesta demasiado en relación con lo que produce. Se le imputa no cumplir con su responsabilidad constitucional de fiscalizar a los otros poderes del Estado y en especial al Ejecutivo, así como de perder el tiempo en discusiones inútiles y en la aprobación de leyes que dejan mucho que desear. Su productividad, con frecuencia, es medida por sus miembros en términos de cantidad no de calidad.
El saldo resultante es una desastrosa constelación de leyes que nadie asimila, pocos cumplen y menos conocen. Hay leyes para todo, muchas redundantes. Más que legislar parece recomendable hacer un alto para inventariar y depurar las existentes.
Los escándalos de corrupción surgidos del seno del organismo tampoco abonan a su favor.
En más de una ocasión, voces aisladas se han elevado clamando por su disolución; pero cada vez que ello ocurre, sobreviene la ecuanimidad y se le termina aceptando como una especie de mal necesario, más que como lo que es, una institución indispensable para la preservación del equilibrio democrático. La Asamblea canaliza el debate político y propicia el diálogo que siempre es preferible a las salidas violentas de otras naciones.
Para colmo, la estructura constitucional actual heredada de la dictadura, inspirada en la Asamblea de Representantes de Corregimientos, está orientada a que los legisladores actúen y piensen en función de los intereses de sus pequeños circuitos y no en la Nación, de lo cual son una muestra las partidas circuitales, por las que cada legislador contaba con fondos para ejecutar obras en su circunscripción.
Los legisladores, pues, están orientados a pensar en pequeño - en su villorrio o barrio - y no en grande, en su Nación.
Hay aparentemente, obstáculos constitucionales para impedir la progresiva expansión del número de legisladores.
El numeral 3 del artículo 141 de la Constitución dispone que por cada 40 mil habitantes se forme un circuito electoral y que se elija a un parlamentario por cada 30 mil habitantes y uno más - por si fuera poco - por residuo no menor de 10 mil. Así las cosas, se nos presenta un mecanismo hecho a la medida para hipertrofiar al Legislativo hacia el infinito, si no lo detenemos ahora.
Una reforma constitucional en forma de un parche más, no puede esperar frente a una elecciones tan próximas.
En vez de ello, se impone una interpretación constitucional constructiva que, poniendo en manos del Tribunal Electoral la facultad de interpretar la ley sobre su especialidad, y de la Asamblea Legislativa de dictarla, impidan la creación de nuevos circuitos y la suma de más legisladores, a toda costa.
¡ Ni un legislador más!
Otra razón de rechazo es la percepción de que la Asamblea Legislativa constituye un organismo que ya cuesta demasiado en relación con lo que produce. Se le imputa no cumplir con su responsabilidad constitucional de fiscalizar a los otros poderes del Estado y en especial al Ejecutivo, así como de perder el tiempo en discusiones inútiles y en la aprobación de leyes que dejan mucho que desear. Su productividad, con frecuencia, es medida por sus miembros en términos de cantidad no de calidad.
El saldo resultante es una desastrosa constelación de leyes que nadie asimila, pocos cumplen y menos conocen. Hay leyes para todo, muchas redundantes. Más que legislar parece recomendable hacer un alto para inventariar y depurar las existentes.
Los escándalos de corrupción surgidos del seno del organismo tampoco abonan a su favor.
En más de una ocasión, voces aisladas se han elevado clamando por su disolución; pero cada vez que ello ocurre, sobreviene la ecuanimidad y se le termina aceptando como una especie de mal necesario, más que como lo que es, una institución indispensable para la preservación del equilibrio democrático. La Asamblea canaliza el debate político y propicia el diálogo que siempre es preferible a las salidas violentas de otras naciones.
Para colmo, la estructura constitucional actual heredada de la dictadura, inspirada en la Asamblea de Representantes de Corregimientos, está orientada a que los legisladores actúen y piensen en función de los intereses de sus pequeños circuitos y no en la Nación, de lo cual son una muestra las partidas circuitales, por las que cada legislador contaba con fondos para ejecutar obras en su circunscripción.
Los legisladores, pues, están orientados a pensar en pequeño - en su villorrio o barrio - y no en grande, en su Nación.
Hay aparentemente, obstáculos constitucionales para impedir la progresiva expansión del número de legisladores.
El numeral 3 del artículo 141 de la Constitución dispone que por cada 40 mil habitantes se forme un circuito electoral y que se elija a un parlamentario por cada 30 mil habitantes y uno más - por si fuera poco - por residuo no menor de 10 mil. Así las cosas, se nos presenta un mecanismo hecho a la medida para hipertrofiar al Legislativo hacia el infinito, si no lo detenemos ahora.
Una reforma constitucional en forma de un parche más, no puede esperar frente a una elecciones tan próximas.
En vez de ello, se impone una interpretación constitucional constructiva que, poniendo en manos del Tribunal Electoral la facultad de interpretar la ley sobre su especialidad, y de la Asamblea Legislativa de dictarla, impidan la creación de nuevos circuitos y la suma de más legisladores, a toda costa.
¡ Ni un legislador más!
