Noriega ante los negadores del derecho internacional
LA solicitud de extradición hecha a Estados Unidos por Francia del General Manuel Antonio Noriega tiene relevancia nacional e internacional, no solamente porque se trata del exjefe de las antiguas Fuerzas de Defensa y exjefe de gobierno de Panamá y de las implicaciones políticas, sino porque a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y vigilantes del derecho internacional les interesa conocer si el General Noriega está recibiendo el tratamiento que le garantizan tanto la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra y el derecho internacional general y consuetudinario como el sistema internacional de protección de derechos humanos. En efecto, el caso de Noriega no tiene precedentes y es examinado en las organizaciones y facultades de derecho a nivel mundial por el interés académico que reviste.
Aquí no caben consideraciones distintas, y nada de lo que se diga sobre el perfil psicológico, moral o político, de Noriega, tiene pertinencia alguna.
Vistas las circunstancias en que Noriega compareció ante un tribunal de Estados Unidos en medio de irregularidades dentro del proceso, las perspectivas de que el mismo reciba un trato conforme a derecho lucen sombrías. No obstante, el militar sigue siendo sujeto de derechos humanos al margen de cualquier responsabilidad penal que le quepa por delitos que se le han imputado en Panamá, en Estados Unidos o en Francia.
Estados Unidos admitió que Noriega constituyó el primer caso en su historia en que el dirigente de un país en funciones -- no importa cuál fuere su cargo -- fue llevado como prisionero de guerra ante un tribunal de justicia de ese país. Este hecho solo revela la extrema ilegalidad de su captura, forzado como fue Noriega a entregarse en las insólitas circunstancias que rodearon su asilo en la Nunciatura, asilo que se convirtió por arte de birlibirloque del Nuncio, Monseñor Sebastián Laboa, en un virtual secuestro de Noriega por parte de las hordas de Estados Unidos que se tomaron a Panamá a sangre y fuego (ver: "Noriega frente al Derecho Internacional de Estados Unidos" en www.rodelu.neto www.kaosenlared.net).
Al momento de su secuestro, Panamá mantenía un Tratado de Extradición con Estados Unidos que eximía a los nacionales de ambos países. El presidente Guillermo Endara, puesto ilegalmente en el poder y juramentado por el ejército invasor dentro de una de sus bases en Panamá, carecía de la facultad para entregar a Noriega a las fuerzas invasoras tal como lo hizo, tanto porque el Tratado de Extradición no lo permitía como porque la invasión vició de nulidad cualquier reclamo legítimo al poder de Endara, quien carecía de capacidad legal para gobernar o administrar el país bajo la ocupación militar, incluida la de entregar a la persona de Noriega a fuerzas invasoras.
El juez William Hoeveler, ante quien compareció Noriega, debió ponerlo en libertad de inmediato -tal como ha sucedido en otros casos- en virtud de la grave violación al Derecho Internacional (agresión a Panamá) y a la propia Constitución Política de Estados Unidos. Se sabe que, a escasos días de la invasión a Panamá, el gobierno de Estados Unidos decidió que tenían el derecho de capturar motu proprio a cualquier persona en cualquier parte del mundo que fuese requerida en tribunales de ese país. Esta proclamación de jurisdicción mundial de las leyes de Estados Unidos de hecho fue una de tantas infracciones al Derecho Internacional y a las soberanías de las naciones del mundo, toda vez que las leyes de un país solamente rigen dentro de sus fronteras; es decir, no tienen carácter extraterritorial.
Cuando Estados Unidos le otorgó el estatus de Prisionero de Guerra a Noriega lo condicionó a protegerlo de maltrato sin reconocer las otras garantías que la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra le extendía al militar, violándola así en varios aspectos. Ahora, cuando está a punto de ser liberado, en vez de enviarlo a Panamá para satisfacer la solicitud de extradición de nuestro gobierno, a fin de que Noriega cumpla las sentencias que se le han impuesto, un juez estadounidense, William Turnoff ("turn off" significa apagar) le ha apagado la última luz que le quedaba al decidir que Noriega sea enviado a Francia, cuyo gobierno solicitó su extradición muchos años después que Panamá y por delitos de menor cuantía que los cometidos en nuestro país.
¿Por qué se le permite a Estados Unidos y Francia continuar violando los derechos de Noriega? ¿Por qué se le permite al gobierno de Estados Unidos y Francia negociar con Noriega como si fuera una mercancía o un peón en el ajedrez de la geopolítica y los negocios oscuros de ambas potencias con el presidente Martín Torrijos? ¿Por qué se le permite a Estados Unidos violar los acuerdos sobre Extradición y el Convenio de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra? Sencillamente, porque actualmente rige el Derecho Internacional de Estados Unidos y no el Derecho Internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en innumerables tratados internacionales.
El gobierno de Panamá ha dicho que ha solicitado y solicita aún al General Noriega ante el Departamento de Estado.
La Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, fundamentándose en la decisión del juez William Turnoff, decidirá si envía o no al General Noriega a Francia, y a Francia no le ha importado un comino si se violan leyes o principios internacionales porque sus intereses particulares, como siempre, prevalecen sobre toda otra consideración.
Los panameños no podemos aceptar que Estados Unidos desprecie nuestra solicitud de extradición, que tiene prioridad sobre la de Francia, y exigimos al presidente Martín Torrijos que no disimule este atropello a Panamá como si aquí no hubiera ocurrido nada; le exigimos que sea firme y digno y le advierta a Estados Unidos que, de no resolverse este diferendo por la vía diplomática, Panamá está dispuesta a acudir a la Corte Internacional de Justicia para que allí se dirima cuál es la posición de dicho Tribunal ante el caso del General Noriega. Ni más ni menos.
Sólo el pasado 31 de agosto, por orden del presidente Martín Torrijos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) abrió los cuatros paños (dos de ida y dos de regreso) al tránsito vehicular.
Aquí no caben consideraciones distintas, y nada de lo que se diga sobre el perfil psicológico, moral o político, de Noriega, tiene pertinencia alguna.
Vistas las circunstancias en que Noriega compareció ante un tribunal de Estados Unidos en medio de irregularidades dentro del proceso, las perspectivas de que el mismo reciba un trato conforme a derecho lucen sombrías. No obstante, el militar sigue siendo sujeto de derechos humanos al margen de cualquier responsabilidad penal que le quepa por delitos que se le han imputado en Panamá, en Estados Unidos o en Francia.
Estados Unidos admitió que Noriega constituyó el primer caso en su historia en que el dirigente de un país en funciones -- no importa cuál fuere su cargo -- fue llevado como prisionero de guerra ante un tribunal de justicia de ese país. Este hecho solo revela la extrema ilegalidad de su captura, forzado como fue Noriega a entregarse en las insólitas circunstancias que rodearon su asilo en la Nunciatura, asilo que se convirtió por arte de birlibirloque del Nuncio, Monseñor Sebastián Laboa, en un virtual secuestro de Noriega por parte de las hordas de Estados Unidos que se tomaron a Panamá a sangre y fuego (ver: "Noriega frente al Derecho Internacional de Estados Unidos" en www.rodelu.neto www.kaosenlared.net).
Al momento de su secuestro, Panamá mantenía un Tratado de Extradición con Estados Unidos que eximía a los nacionales de ambos países. El presidente Guillermo Endara, puesto ilegalmente en el poder y juramentado por el ejército invasor dentro de una de sus bases en Panamá, carecía de la facultad para entregar a Noriega a las fuerzas invasoras tal como lo hizo, tanto porque el Tratado de Extradición no lo permitía como porque la invasión vició de nulidad cualquier reclamo legítimo al poder de Endara, quien carecía de capacidad legal para gobernar o administrar el país bajo la ocupación militar, incluida la de entregar a la persona de Noriega a fuerzas invasoras.
El juez William Hoeveler, ante quien compareció Noriega, debió ponerlo en libertad de inmediato -tal como ha sucedido en otros casos- en virtud de la grave violación al Derecho Internacional (agresión a Panamá) y a la propia Constitución Política de Estados Unidos. Se sabe que, a escasos días de la invasión a Panamá, el gobierno de Estados Unidos decidió que tenían el derecho de capturar motu proprio a cualquier persona en cualquier parte del mundo que fuese requerida en tribunales de ese país. Esta proclamación de jurisdicción mundial de las leyes de Estados Unidos de hecho fue una de tantas infracciones al Derecho Internacional y a las soberanías de las naciones del mundo, toda vez que las leyes de un país solamente rigen dentro de sus fronteras; es decir, no tienen carácter extraterritorial.
Cuando Estados Unidos le otorgó el estatus de Prisionero de Guerra a Noriega lo condicionó a protegerlo de maltrato sin reconocer las otras garantías que la Convención de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra le extendía al militar, violándola así en varios aspectos. Ahora, cuando está a punto de ser liberado, en vez de enviarlo a Panamá para satisfacer la solicitud de extradición de nuestro gobierno, a fin de que Noriega cumpla las sentencias que se le han impuesto, un juez estadounidense, William Turnoff ("turn off" significa apagar) le ha apagado la última luz que le quedaba al decidir que Noriega sea enviado a Francia, cuyo gobierno solicitó su extradición muchos años después que Panamá y por delitos de menor cuantía que los cometidos en nuestro país.
¿Por qué se le permite a Estados Unidos y Francia continuar violando los derechos de Noriega? ¿Por qué se le permite al gobierno de Estados Unidos y Francia negociar con Noriega como si fuera una mercancía o un peón en el ajedrez de la geopolítica y los negocios oscuros de ambas potencias con el presidente Martín Torrijos? ¿Por qué se le permite a Estados Unidos violar los acuerdos sobre Extradición y el Convenio de Ginebra sobre Prisioneros de Guerra? Sencillamente, porque actualmente rige el Derecho Internacional de Estados Unidos y no el Derecho Internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en innumerables tratados internacionales.
El gobierno de Panamá ha dicho que ha solicitado y solicita aún al General Noriega ante el Departamento de Estado.
La Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, fundamentándose en la decisión del juez William Turnoff, decidirá si envía o no al General Noriega a Francia, y a Francia no le ha importado un comino si se violan leyes o principios internacionales porque sus intereses particulares, como siempre, prevalecen sobre toda otra consideración.
Los panameños no podemos aceptar que Estados Unidos desprecie nuestra solicitud de extradición, que tiene prioridad sobre la de Francia, y exigimos al presidente Martín Torrijos que no disimule este atropello a Panamá como si aquí no hubiera ocurrido nada; le exigimos que sea firme y digno y le advierta a Estados Unidos que, de no resolverse este diferendo por la vía diplomática, Panamá está dispuesta a acudir a la Corte Internacional de Justicia para que allí se dirima cuál es la posición de dicho Tribunal ante el caso del General Noriega. Ni más ni menos.
Sólo el pasado 31 de agosto, por orden del presidente Martín Torrijos, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) abrió los cuatros paños (dos de ida y dos de regreso) al tránsito vehicular.
El costo de la obra fue de B/. 14 millones 514 mil 150. Y a través de la Adenda No. 1 hubo un aumento de costo por B/. 58 mil 974 con 33. En febrero de este año la constructora terminó los trabajos menores que hacían falta, pero no se ha inaugurado oficialmente.
