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Nuestra educación fracasa en lo moral, no en lo tecnológico


Los beneficios que nos da la libertad no siempre son evidentes, como tampoco es fácil entender el fondo de nuestras dolencias. Pero en el caso de la educación, particularmente la pública, hemos fracasado sus exámenes. Tal como lo señaló Garrett Harding en "La Tragedia de lo Comunal", "no se trata sólo de cambios tecnológicos sino de cambios en los valores humanos o nuestra moralidad". La familia ha delegado al Estado lo indelegable; la educación de sus hijos.

La auténtica función del Estado no es hacer, sino evitar los abusos, cosa que no logra cuando se convierte en juez y parte. A menudo, como es el caso con la educación, transporte, CSS y otros, quien abusa es el Estado; en vez de garantizar el respeto a los derechos de propiedad y facilitar la libre competencia, aun en la educación.

Debemos reducir los costos de transacción para todos, y para ello debemos incorporar al conjunto de la sociedad el dinamismo de la economía de mercado, en lugar de aislarla a través de artilugios paternalistas de protección.

Algunos aborrecen la libre competencia o un mercado libre, pero lo contrario nos deja en manos de esos políticos que gustan ubicarse en puentes para cobrar peaje, tal como el caso de las notarías, y ello es mucho peor que las vagabunderías que algunos cometen en el comercio; es corrupción institucionalizada.

Una sociedad desembarazada de las barreras típicas de tortuosos caminos politiqueros es plenamente capaz de buscar las mejores maneras para resolver sus necesidades y la función del Estado en ello es garantizar un medio propicio a través de la seguridad y la justicia. Si el Estado no cumple con esto, lo demás se dificulta o imposibilita.

Estudios efectuados por la E. G. West de Londres en poblaciones marginadas en Asia y África, han demostrado que allí los educadores son capaces, a través del libre mercado, de ofrecer una educación de calidad superior a la pública y a menor precio.

Estos estudios, altamente sugestivos, abren el camino para un cambio radical de óptica en las políticas de educación. Inclusive organismos internacionales, tales como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, cuyas políticas no contemplaban la financiación a escuelas privadas, frente al resultado de estos estudios han cambiado de parecer. El pensamiento era que las escuelas privadas no servían los intereses de los pobres, pero se demostró cómo en poblaciones de escasos recursos, si les dan a elegir, prefieren la educación privada porque se logra más inherencia y mayor calidad que en la estatal.

En el libro de James Tooley y Pauline Dixon, "Educación Privada y Pobreza", traducido en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y auspiciado por el CATO Institute, se descubren tres premisas falaces: a) Creer que la responsabilidad primaria de la educación recae sobre el Estado y no sobre la familia; b) suponer que la intervención del Estado es un factor de igualación social; y c) pensar que la educación privada es sólo para ricos.

101 años de Panamá América

 
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