Nuestro sistema electoral
Nadie niega que los sistemas electorales europeos y norteamericano han sido las fórmulas electorales más democráticas que conoce el mundo, pese a las imperfecciones visibles de tales sistemas, en sus mejores expresiones. Decía irónicamente Rousseau que si los hombres fueran dioses, se gobernarían democráticamente. Si pensamos en la democracia latinoamericana, sus fallas están colmando a nuestros pueblos. Además, tampoco debemos llamarnos a engaño buscando solución a las fórmulas guerrilleras paralelas a la de nuestras falsificadas democracias, razón por la cual esos pueblos ya claman por otros sistemas eleccionarios.
Como panameños, nos interesan mucho más nuestros problemas políticos que los de otras latitudes, de otras temperaturas o realidades sociales que nos son ajenas. Comprendemos que nuestro sistema electoral no funciona, como debería, a favor de los interés nacionales, o dicho drásticamente, populares. El régimen político panameño es demasiado rígido, muy poco funcional, porque no es vehículo para las soluciones que necesitan los problemas del país: desempleo, ineficiencia estatal, fracaso educativo, carestía de ciertos servicios públicos como el agua, la luz, el teléfono, salud precaria, hambre física de personas marginadas, etc.
Al fin de un siglo de República independiente, en el Istmo prevalecen los intereses sectarios de una minoría plutocrática, que es beneficiaria de un régimen político que la favorece monopólicamente y de un sistema electoral antidemocrático, que permite el ejercicio excluyente del poder, sin solución de ninguna clase para la problemática colectiva. El régimen constitucional de partidos políticos crea una partidocracia férrea, privilegiante de un número cada vez más reducido de partidos, cuyas fracciones sólo se disputan entre ellas el ejercicio monopólico del Gobierno, pero que están de acuerdo en controlarlo sin mayores cambios.
El sistema electoral funciona con una plenitud de reglas propiciadoras del fraude y del soborno a todo trance: partidas presupuestarias circuitales para que los legisladores se perpetúen utilizando en su provecho personal y partidista los dineros estatales; la selección de candidatos a Presidente, Vicepresidente y Legisladores en manos exclusivas de esos partidos, que funcionan autocráticamente y sin prácticas y sin prácticas internas democráticas; cultura política nula en cuanto a prácticas respetuosas del sufragio; el funcionamiento eleccionario sólo opera a favor de las cúpulas oligárquicas y descalifica el voto de los de abajo; esas mismas cúpulas partidistas controlan la designación de candidatos para los Ó++rganos Ejecutivo y Legislativo, de modo tal que el Presidente sólo tiene interés en repartir prebendas a su burocracia y aprovechar las posiciones oficiales de altura para los negociados que satisfacen las ansias de riquezas de sus adláteres; en tanto, la Asamblea ya va por 72 miembros, que también se enriquecen con los recursos estatales de un país pobre en materia de impuestos e ingresos para el Fisco, pero feraz en los repartos y canonjías de sus miembros, familiares y conmilitones políticos.
Tal es la situación del país por el lado de los vampiros que viven del presupuesto nacional y de lo que proporcionan los altos niveles de los negocios estatales, mientras que el pueblo ahonda su miseria con el desempleo, el hambre, los servicios públicos caros e ineficientes, la ausencia de posibilidades de superación individual y demás crímenes de lesa Patria.
Ahora está en sus últimas la campaña electoral, y el pueblo ha sido testigo de las ofertas demagógicas y acostumbradas de candidatos a Presidente, a legisladores, a alcaldes y a representantes de corregimientos, con las falsas promesas de siempre, que mucho aburren a los asistentes a la profusión de actos públicos, mensajes televisivos y radiales, y a los lectores de periódicos.
Es necesario que los sectores de mayoría entiendan que las ofertas electorales de la oligarquía plutocrática nada tiene que ver con las soluciones reales de los problemas que este mismo pueblo padece, y que nuevas fuerzas políticas merezcan el necesario apoyo popular, para que las mayorías del país se ubiquen en el camino de soluciones eficaces que ellas mismas proclamen y lleven a la práctica. Por tal senda, una de las primeras medidas debe consistir en un sistema electoral verdaderamente democrático, para ponerle fin a la hegemonía oligárquica, sinónimo de la frustración nacional que hoy domina, y que comenzará a repetirse desde el día siguiente en que se conozcan los triunfadores del 2 de mayo.
En cuanto a gastos, si tomamos en consideración la atención médica, se estima de acuerdo a un ejercicio empírico hechos para el año 2002 que el gasto pudiese ascender a cerca de B/. 8.0 millones por año; lo cual incrementaría el gasto anual 22.8 millones por año en promedio. Para el período 1999-2003, el gasto total sería de B/. 114 millones.
El impacto económico para las empresas y economía del país pudiese oscilar entre B/.6.00 a B/.53.00 por cada balboa gastado en prestaciones económicas y médicas. Ello implicaría cerca de 136 a 1200 millones de balboas por año las pérdidas para la economía del país. Se estima en promedio que cada año se pierden cerca de 300,000 a 350,000 días de trabajo, lo cual equivale entre 2.4 a 2.8 millones de horas hombre de trabajo
En el marco jurídico: Ley general de salud y seguridad en el trabajo, reglamentación general y específica por actividad económica y tipo de riesgos guías técnicas y la aprobación de los convenios y recomendaciones de la OIT sobre SST
En el modelo de organización y gestión estatal: Una oficina nacional integrada para la inspección, auditoría y verificación normativa con capacidad de sanción fuerte, laboratorio nacional de higiene y toxicología, módulos de readaptación laboral, centros de diagnóstico especializado en medicina del trabajo, laboratorios de sicología laboral, laboratorio para la promoción y educación en la SST, y la conformación de la red nacional de SST
En las empresas públicas y privadas: Sistemas de gestión integrada a la producción, actuación preventiva basada en planes y programas cónsonos con la tipología de riesgos y los procesos productivos, metodología sustentada en la evaluación y gestión de riesgos, formación de instancias paritarias, programa de gestión responsable basado en un enfoque de sitio y entorno de trabajo seguro y saludable.
En las organizaciones de trabajadores: Derecho a la información, participación en la prevención y en la organización del trabajo, formación de grupos de base, participación en la vigilancia para el registro y notificación de los riegos y daños, derecho al rechazo de la inseguridad e insalubridad
Para la formación de recursos humanos: Enseñanza de la seguridad e higiene del trabajo desde los niveles de pre-primaria hasta las carreras universitarias, fortalecimiento de la educación en SST en la formación profesional, capacitación técnica y profesional de los trabajadores de la SST, producción de material técnico y científico, formación de promotores y facilitadores mediante el desarrollo de la educación o capacitación participativa
En los sistemas de información: Construcción de eventos centinelas en forma tripartita , registro y notificación obligatoria de los AT y RP y de las condiciones y actos sub-estándares, análisis de la siniestralidad, de la actividad preventiva, de la gestión de riesgos por empresas, elaboración de programas informáticos para la empresas, evaluación económica de los servicios de prevención y análisis de costos.
Como panameños, nos interesan mucho más nuestros problemas políticos que los de otras latitudes, de otras temperaturas o realidades sociales que nos son ajenas. Comprendemos que nuestro sistema electoral no funciona, como debería, a favor de los interés nacionales, o dicho drásticamente, populares. El régimen político panameño es demasiado rígido, muy poco funcional, porque no es vehículo para las soluciones que necesitan los problemas del país: desempleo, ineficiencia estatal, fracaso educativo, carestía de ciertos servicios públicos como el agua, la luz, el teléfono, salud precaria, hambre física de personas marginadas, etc.
Al fin de un siglo de República independiente, en el Istmo prevalecen los intereses sectarios de una minoría plutocrática, que es beneficiaria de un régimen político que la favorece monopólicamente y de un sistema electoral antidemocrático, que permite el ejercicio excluyente del poder, sin solución de ninguna clase para la problemática colectiva. El régimen constitucional de partidos políticos crea una partidocracia férrea, privilegiante de un número cada vez más reducido de partidos, cuyas fracciones sólo se disputan entre ellas el ejercicio monopólico del Gobierno, pero que están de acuerdo en controlarlo sin mayores cambios.
El sistema electoral funciona con una plenitud de reglas propiciadoras del fraude y del soborno a todo trance: partidas presupuestarias circuitales para que los legisladores se perpetúen utilizando en su provecho personal y partidista los dineros estatales; la selección de candidatos a Presidente, Vicepresidente y Legisladores en manos exclusivas de esos partidos, que funcionan autocráticamente y sin prácticas y sin prácticas internas democráticas; cultura política nula en cuanto a prácticas respetuosas del sufragio; el funcionamiento eleccionario sólo opera a favor de las cúpulas oligárquicas y descalifica el voto de los de abajo; esas mismas cúpulas partidistas controlan la designación de candidatos para los Ó++rganos Ejecutivo y Legislativo, de modo tal que el Presidente sólo tiene interés en repartir prebendas a su burocracia y aprovechar las posiciones oficiales de altura para los negociados que satisfacen las ansias de riquezas de sus adláteres; en tanto, la Asamblea ya va por 72 miembros, que también se enriquecen con los recursos estatales de un país pobre en materia de impuestos e ingresos para el Fisco, pero feraz en los repartos y canonjías de sus miembros, familiares y conmilitones políticos.
Tal es la situación del país por el lado de los vampiros que viven del presupuesto nacional y de lo que proporcionan los altos niveles de los negocios estatales, mientras que el pueblo ahonda su miseria con el desempleo, el hambre, los servicios públicos caros e ineficientes, la ausencia de posibilidades de superación individual y demás crímenes de lesa Patria.
Ahora está en sus últimas la campaña electoral, y el pueblo ha sido testigo de las ofertas demagógicas y acostumbradas de candidatos a Presidente, a legisladores, a alcaldes y a representantes de corregimientos, con las falsas promesas de siempre, que mucho aburren a los asistentes a la profusión de actos públicos, mensajes televisivos y radiales, y a los lectores de periódicos.
Es necesario que los sectores de mayoría entiendan que las ofertas electorales de la oligarquía plutocrática nada tiene que ver con las soluciones reales de los problemas que este mismo pueblo padece, y que nuevas fuerzas políticas merezcan el necesario apoyo popular, para que las mayorías del país se ubiquen en el camino de soluciones eficaces que ellas mismas proclamen y lleven a la práctica. Por tal senda, una de las primeras medidas debe consistir en un sistema electoral verdaderamente democrático, para ponerle fin a la hegemonía oligárquica, sinónimo de la frustración nacional que hoy domina, y que comenzará a repetirse desde el día siguiente en que se conozcan los triunfadores del 2 de mayo.
En cuanto a gastos, si tomamos en consideración la atención médica, se estima de acuerdo a un ejercicio empírico hechos para el año 2002 que el gasto pudiese ascender a cerca de B/. 8.0 millones por año; lo cual incrementaría el gasto anual 22.8 millones por año en promedio. Para el período 1999-2003, el gasto total sería de B/. 114 millones.
El impacto económico para las empresas y economía del país pudiese oscilar entre B/.6.00 a B/.53.00 por cada balboa gastado en prestaciones económicas y médicas. Ello implicaría cerca de 136 a 1200 millones de balboas por año las pérdidas para la economía del país. Se estima en promedio que cada año se pierden cerca de 300,000 a 350,000 días de trabajo, lo cual equivale entre 2.4 a 2.8 millones de horas hombre de trabajo
En el marco jurídico: Ley general de salud y seguridad en el trabajo, reglamentación general y específica por actividad económica y tipo de riesgos guías técnicas y la aprobación de los convenios y recomendaciones de la OIT sobre SST
En el modelo de organización y gestión estatal: Una oficina nacional integrada para la inspección, auditoría y verificación normativa con capacidad de sanción fuerte, laboratorio nacional de higiene y toxicología, módulos de readaptación laboral, centros de diagnóstico especializado en medicina del trabajo, laboratorios de sicología laboral, laboratorio para la promoción y educación en la SST, y la conformación de la red nacional de SST
En las empresas públicas y privadas: Sistemas de gestión integrada a la producción, actuación preventiva basada en planes y programas cónsonos con la tipología de riesgos y los procesos productivos, metodología sustentada en la evaluación y gestión de riesgos, formación de instancias paritarias, programa de gestión responsable basado en un enfoque de sitio y entorno de trabajo seguro y saludable.
En las organizaciones de trabajadores: Derecho a la información, participación en la prevención y en la organización del trabajo, formación de grupos de base, participación en la vigilancia para el registro y notificación de los riegos y daños, derecho al rechazo de la inseguridad e insalubridad
Para la formación de recursos humanos: Enseñanza de la seguridad e higiene del trabajo desde los niveles de pre-primaria hasta las carreras universitarias, fortalecimiento de la educación en SST en la formación profesional, capacitación técnica y profesional de los trabajadores de la SST, producción de material técnico y científico, formación de promotores y facilitadores mediante el desarrollo de la educación o capacitación participativa
En los sistemas de información: Construcción de eventos centinelas en forma tripartita , registro y notificación obligatoria de los AT y RP y de las condiciones y actos sub-estándares, análisis de la siniestralidad, de la actividad preventiva, de la gestión de riesgos por empresas, elaboración de programas informáticos para la empresas, evaluación económica de los servicios de prevención y análisis de costos.
