Nuevo Código Penal, avances, tropiezos y expectativas
Luego de seis meses de reuniones en el seno de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, y de la presentación que hicieron ante la misma diferentes actores sociales, abogados, gremios judiciales, partidos políticos y ciudadanos preocupados por el lento y sufrido transcurrir de nuestra administración de justicia, en informe final que fue entregado por el Coordinador y Procurador de la Administración al Presidente de la República, se recomendaban varias acciones. Entre ellas, el cambio del sistema penal actual inquisitivo, por un garantista sistema acusatorio, que por consistir en lo fundamental, de un proceso esencialmente verbal, como el que vemos en las películas norteamericanas e inglesas, ayuda a descongestionar y a agilizar la administración de justicia penal.
Para redactar el borrador de anteproyecto de Código Penal y de Código Procesal Penal, se nombró por parte del Ejecutivo, una Comisión Codificadora, compuesta de manera variopinta por diferentes especialistas en las ramas del Derecho, y por algunos estudiosos, que habían dedicado largas horas a analizar la problemática jurídica y judicial.
Cuando el borrador de anteproyecto vio la luz pública, diversas reacciones se produjeron, como resultaba apenas natural de un documento tan extenso y que toca la esencia misma de la facultad punitiva del Estado.
A los gremios periodísticos y empresas de comunicación social, nos tocó librar la primera de las batallas, al percatarnos que en el primer borrador, los comisionados recomendaban, a contrapelo de las tendencias modernas y humanistas - que abogan por la despenalización de la calumnia y la injuria - endurecer las penas para tales delitos. Se organizó una marcha a la Presidencia de la República y en el Salón Paz, se designó una Comisión Revisora, que en conjunto con la Comisión Codificadora, debería adoptar por consenso un texto final.
Sin embargo, y a pesar de haber logrado ese consenso en todos los temas, menos en uno, el de la adopción de los estándares recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección a la honra de los servidores públicos y personas públicas, debido, en buena parte, a la actitud intransigente de un par de obcecados comisionados, no fue posible culminar con éxito la adopción del texto consensuado.
El Ejecutivo presentó, finalmente, a consideración de la Asamblea Nacional, el texto que recomendábamos los gremios periodísticos y empresas de comunicación social, lo que ocasionó la ira del Comisionado José Rigoberto Acevedo, quien en una de las reuniones con nosotros llegó a afirmar que, en su pueblo, Macaracas, el honor se defiende con machete. En un acto más histriónico que real, pues la Comisión Codificadora había terminado su trabajo, el abogado Acevedo presentó renuncia de su cargo "ad hoc" y "ad honorem" como Comisionado. Lástima que haya tardado tanto en hacerlo, a lo mejor así se hubiera podido llegar a un final exitoso y menos traumático.
La Asamblea, en donde Acevedo sigue fungiendo como Asesor Legal, tiene ahora la palabra. Ojalá ahora que Panamá está a las puertas de ocupar un escaño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestros Diputados estén a la altura de las circuntancias y mantengan el texto del Título sobre Delitos contra el Honor, tal como fue presentado por el Ejecutivo, texto que adopta en forma notable los estándares y las obligaciones adquiridas por Panamá como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde el pasado 24 de octubre, tras el incendio del autobús Corredor-Mano de Piedra que causó la muerte a 18 panameños, los funcionarios de la ATTT vienen revisando el estado físico y mecánico de los autobuses de pasajeros.
También el presidente de la República, Martín Torrijos, ordenó una auditoría de los historiales de los conductores de buses, de forma que no se tenga tras el volante a personas irresponsables.
Tras el incendio del bus Corredor- Mano de Piedra que causó la muerte a 18 panameños, el presidente de la República, Martín Torrijos, destituyó del cargo como director de la Autoridad de Tránsitor y Transporte Terrestre (ATTT) a Angelino Harris.
En su lugar designó al viceministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía como director interino.
También fue removido unos días después, el subdirector de la ATTT, Ovigildo Herrera.
Torrijos advirtió que no cederá ante las "bravuconerías" de los transportistas y les dio un plazo hasta el 27 de noviembre para que cumplan con una serie de medidas o de lo contrario no podrán circular.
Entre las medidas está la colocación de un controlador de velocidad que impide que los transportes de pasajeros y de carga circulen con velocidades excesivas.
Para redactar el borrador de anteproyecto de Código Penal y de Código Procesal Penal, se nombró por parte del Ejecutivo, una Comisión Codificadora, compuesta de manera variopinta por diferentes especialistas en las ramas del Derecho, y por algunos estudiosos, que habían dedicado largas horas a analizar la problemática jurídica y judicial.
Cuando el borrador de anteproyecto vio la luz pública, diversas reacciones se produjeron, como resultaba apenas natural de un documento tan extenso y que toca la esencia misma de la facultad punitiva del Estado.
A los gremios periodísticos y empresas de comunicación social, nos tocó librar la primera de las batallas, al percatarnos que en el primer borrador, los comisionados recomendaban, a contrapelo de las tendencias modernas y humanistas - que abogan por la despenalización de la calumnia y la injuria - endurecer las penas para tales delitos. Se organizó una marcha a la Presidencia de la República y en el Salón Paz, se designó una Comisión Revisora, que en conjunto con la Comisión Codificadora, debería adoptar por consenso un texto final.
Sin embargo, y a pesar de haber logrado ese consenso en todos los temas, menos en uno, el de la adopción de los estándares recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección a la honra de los servidores públicos y personas públicas, debido, en buena parte, a la actitud intransigente de un par de obcecados comisionados, no fue posible culminar con éxito la adopción del texto consensuado.
El Ejecutivo presentó, finalmente, a consideración de la Asamblea Nacional, el texto que recomendábamos los gremios periodísticos y empresas de comunicación social, lo que ocasionó la ira del Comisionado José Rigoberto Acevedo, quien en una de las reuniones con nosotros llegó a afirmar que, en su pueblo, Macaracas, el honor se defiende con machete. En un acto más histriónico que real, pues la Comisión Codificadora había terminado su trabajo, el abogado Acevedo presentó renuncia de su cargo "ad hoc" y "ad honorem" como Comisionado. Lástima que haya tardado tanto en hacerlo, a lo mejor así se hubiera podido llegar a un final exitoso y menos traumático.
La Asamblea, en donde Acevedo sigue fungiendo como Asesor Legal, tiene ahora la palabra. Ojalá ahora que Panamá está a las puertas de ocupar un escaño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestros Diputados estén a la altura de las circuntancias y mantengan el texto del Título sobre Delitos contra el Honor, tal como fue presentado por el Ejecutivo, texto que adopta en forma notable los estándares y las obligaciones adquiridas por Panamá como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde el pasado 24 de octubre, tras el incendio del autobús Corredor-Mano de Piedra que causó la muerte a 18 panameños, los funcionarios de la ATTT vienen revisando el estado físico y mecánico de los autobuses de pasajeros.
También el presidente de la República, Martín Torrijos, ordenó una auditoría de los historiales de los conductores de buses, de forma que no se tenga tras el volante a personas irresponsables.
Tras el incendio del bus Corredor- Mano de Piedra que causó la muerte a 18 panameños, el presidente de la República, Martín Torrijos, destituyó del cargo como director de la Autoridad de Tránsitor y Transporte Terrestre (ATTT) a Angelino Harris.
En su lugar designó al viceministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía como director interino.
También fue removido unos días después, el subdirector de la ATTT, Ovigildo Herrera.
Torrijos advirtió que no cederá ante las "bravuconerías" de los transportistas y les dio un plazo hasta el 27 de noviembre para que cumplan con una serie de medidas o de lo contrario no podrán circular.
Entre las medidas está la colocación de un controlador de velocidad que impide que los transportes de pasajeros y de carga circulen con velocidades excesivas.
