Ojo con la Reforma al Código Penal
Luego de escuchar la preocupación legítima que, durante un conversatorio con los representantes y periodistas de los medios de comunicación social, manifestó la Procuradora General de la Nación Ana Matilde Gómez, en torno al tratamiento que se le pretende dar en el nuevo Código Penal a los delitos de explotación sexual comercial, tenemos que solidarizarnos con su causa.
Luego de décadas de lucha y después de mucho "lobby", se logró introducir en nuestra legislación penal, mediante la ley 16 de 31 de marzo de 2004, normas modernas, tipificando conductas que atentan directamente contra nuestra niñez y adolescencia y adoptadas en cumplimiento de convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá.
Con justificada preocupación, ha anunciado la Procuradora General de la Nación que en el anteproyecto de Código Penal, presentado al Órgano Ejecutivo por la Comisión Codificadora, se pretenden eliminar algunos delitos que actualmente están vigentes en nuestro ordenamiento penal positivo y que se sancionan en el código penal con penas de cárcel bastante severas, tal como debe ser el castigo para los explotadores.
El trabajo adelantado por la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual CONAPREDES, organismo que con tino dirige la Procuradora, no debe encontrar obstáculos institucionales en su camino. La coordinación que han adelantado con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, poco a poco rendirá sus frutos, todos ellos positivos. Igualmente se ha estado trabajando en coordinación con el Consejo Nacional de Periodismo, para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del tema, enviando mensajes correctos a través de las coberturas periodísticas en los medios de comunicación social.
Urge llamar la atención, tanto de la Comisión Codificadora, como de los Diputados de la República, así como del Órgano Ejecutivo, para que se brinden las explicaciones sobre el tema, de manera que no quede la sensación de que se está tomando una decisión que en apariencia, representaría varios y enormes pasos hacia atrás, en la protección de nuestra niñez.
Luego de décadas de lucha y después de mucho "lobby", se logró introducir en nuestra legislación penal, mediante la ley 16 de 31 de marzo de 2004, normas modernas, tipificando conductas que atentan directamente contra nuestra niñez y adolescencia y adoptadas en cumplimiento de convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá.
Con justificada preocupación, ha anunciado la Procuradora General de la Nación que en el anteproyecto de Código Penal, presentado al Órgano Ejecutivo por la Comisión Codificadora, se pretenden eliminar algunos delitos que actualmente están vigentes en nuestro ordenamiento penal positivo y que se sancionan en el código penal con penas de cárcel bastante severas, tal como debe ser el castigo para los explotadores.
El trabajo adelantado por la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual CONAPREDES, organismo que con tino dirige la Procuradora, no debe encontrar obstáculos institucionales en su camino. La coordinación que han adelantado con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, poco a poco rendirá sus frutos, todos ellos positivos. Igualmente se ha estado trabajando en coordinación con el Consejo Nacional de Periodismo, para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del tema, enviando mensajes correctos a través de las coberturas periodísticas en los medios de comunicación social.
Urge llamar la atención, tanto de la Comisión Codificadora, como de los Diputados de la República, así como del Órgano Ejecutivo, para que se brinden las explicaciones sobre el tema, de manera que no quede la sensación de que se está tomando una decisión que en apariencia, representaría varios y enormes pasos hacia atrás, en la protección de nuestra niñez.
