Otro paso en falso
El exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública Alejandro Garuz demostró al Ministerio Público la falsedad de la imputación del comisionado Rolando López, actual director de Seguridad. Garuz se presentó voluntariamente a la Fiscalía Segunda Anticorrupción con el inventario de bienes patrimoniales que recibió al ser nombrado, en el que no figuran equipos de intercepción telefónicas y acceso a correos electrónicos privados. Aclaró que durante su gestión no se realizaron pinchazos telefónicos dirigidos a políticos del patio y precisó que en el periodo de transición negó a López la existencia de tales equipos. Señaló que la denuncia de López forma parte de la persecución política desencadenada por el gobierno panameñista por su parentesco con el expresidente Ricardo Martinelli.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, preside el Consejo de Seguridad, lo cual denota que estuvo y sigue estando al corriente de las informaciones de inteligencia y de las denuncias que se interponen.
La Constitución del Estado establece en el artículo 29 que la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no podrán ser interceptadas ni grabadas, sino por mandato de autoridad judicial. La exprocuradora Ana Matilde Gómez fue cesada por la Corte Suprema de Justicia por haber grabado una conversación telefónica sin mandamiento judicial, creyéndose que estaba por encima de jueces y magistrados.
La nueva procuradora Kenia Porcell debe tomar nota del requisito constitucional del mandamiento judicial para grabar llamadas telefónicas, ya que fue funcionaria de seguridad. Otro dato revelador es que Porcell renunció al cargo que tuvo en la procuraduría en acto de solidaridad con Gómez, no obstante la vulneración del requisito constitucional de la necesidad de autorización de juez competente.
Vivimos una orgía de casos denunciados ante el Ministerio Público. El desmentido de Alejando Garuz sobre falsos pinchazos telefónicos pone a prueba la independencia real de la flamante titular del Ministerio Público. Hay muchas dudas sobre la procuradora, tanto por su designación sin amplias consultas a la sociedad civil, cuanto por las declaraciones periodísticas sobre cambios de fiscales antes de asumir funciones oficialmente. También pretende modificar el radio de acción de la Procuraduría.
Cualquier cambio debe hacerse mediante reformas constitucionales y no por meras decisiones de orden administrativo. Debe mirarse en el espejo de Ana Matilde Gómez que se precipitó a destituir fiscales sin fundamento legal. La arbitrariedad de Gómez fue enmendada por los fallos de la Sala Tercera a favor de los fiscales despedidos, a los que se les pagó los salarios caídos.
Para no exponerse a otra embarazosa nulidad judicial por destituciones ilegales, debe regirse por las causales de destitución que estipula el artículo setenta de la ley del Ministerio Público. Las auditorías forenses efectuadas a fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben ceñirse a las causales de destitución a efecto de ser aprobadas o desaprobadas por la Corte Suprema de Justicia. Los servidores públicos deben actuar en defensa de la nación y no al servicio de partidos políticos, dijo José Dolores Moscote.
