Panamá no está sola en la política del "esperar y ver qué pasa"
Ingeniero Civil
Cuando se habla de la privatización de los servicios públicos, se interpreta como un aumento tarifario del servicio y nada más. Sin embargo, hay otras cosas que debemos conocer y considerar sobre este proceso. Lo bueno del proceso es que:
mejora la administración de las empresas y fundamentalmente la parte comercial en facturación, actualización del catastro de usuarios, medición del consumo, reducción de pérdidas en los sistemas y cobros
aumenta la cobertura del servicio, extendiéndose las redes hacia áreas y personas que antes no estaban conectadas
ingresa al sistema el capital de inversión privada, lo que significa que no se afectan las finanzas del Estado y se reduce la carga fiscal
se proyectan las inversiones y proyectos a largo plazo, de acuerdo con el crecimiento de la actividad, y no por períodos electorales, eliminándose así las improvisaciones
el gobierno recibe dividendos de la actividad, lo que a su vez le permite utilizar todos sus recursos en obras sociales como hospitales, escuelas y vivienda
surgen tecnologías de punta, se eliminan procedimientos ineficientes, y se automatizan procesos, principalmente en el campo de la energía eléctrica y las telecomunicaciones (como la fibra óptica y los teléfonos celulares)
se mejoran la calidad y las normas del servicio
se elimina la burocracia estatal y se minimiza la corrupción
el Estado deja de ser juez y parte en la prestación del servicio
se protege el ambiente, porque se exige a los prestadores cumplir con las normas ambientales, cosa que no es tan fácil en el caso del Estado
el usuario dispone de mayor información sobre el servicio
se incentiva y se capacita al personal de las nuevas empresas
se promueve la eficiencia y la competencia, mediante la participación de varias empresas; se nombra al personal por sus méritos y no por influencia política
se desarrollan y se aprueban nuevas leyes para modernizar el servicio; y por último,
se abre el compás para nuevas inversiones privadas en plantas hidroeléctricas, térmicas y sistemas de comunicaciones.
LO MALO DEL PROCESO ES QUE:
han subido las tarifas, para poder recuperar los costos de inversión, tecnología y calidad, lo que ha coincidido con el aumento del precio del petróleo en el mercado internacional
en el caso de los teléfonos, se cambió el sistema de facturación de costo fijo a costo por minuto de uso, lo que produjo un trauma en el consumidor, acostumbrado a hablar sin medida
la empresa privatizada se ve en la necesidad de reducir personal y de contratar a terceros proveedores, para adecuarse a las nuevas tecnologías y mantener su competitividad
se producen inicialmente interrupciones frecuentes del servicio, para reemplazar y reforzar los sistemas y cumplir con metas de calidad, pero los avisos de interrupción no han sido eficaces y no están llegando oportunamente a toda la población afectada
el público no está acostumbrado a formalizar las quejas cuando se siente mal atendido;
los consumidores no están debidamente organizados ni representados para canalizar sus opiniones respecto al servicio en forma ordenada; y por último
la gente no está consciente de los niveles de calidad en los servicios y no comprende que esa calidad tiene un costo.
LO FEO DEL PROCESO ES QUE:
se ha politizado el tema y ha chocado contra las circunstancias políticas y culturales del país
los pobres no tienen cómo pagar la totalidad de sus cuentas mensuales, porque no se ha implementado el subsidio directo por parte del Estado, lo que provoca cortes del servicio en barriadas pobres y eliminación de conexiones clandestinas y fraudulentas;
se le ha cortado el servicio a ciertas instituciones del Estado por morosidad inexcusable
se han producido protestas callejeras, que afectan a terceros y el libre tránsito, porque los usuarios tienen la percepción de que quedan desprotegidos frente a las empresas privadas
la falta de una política coherente por parte del gobierno crea inseguridad jurídica; y por último
esta inseguridad jurídica crea una fea imagen del país para la inversión extranjera.
Para mejorar los servicios al público, se requieren grandes capitales de inversión a largo plazo que no tiene el Estado, por lo que deben provenir de la empresa privada. Además, en este mundo globalizado, si alguna vez queremos llegar a ser competitivos e integrarnos de igual a igual con otros países más desarrollados, no podemos dar marcha atrás, ni quedarnos atrás, en inversión, calidad y tecnología. Por esta razón, se debe educar y orientar al consumidor sobre el ahorro, el uso racional y el deber de pagar por el consumo, y sobre todo, en la necesidad de modernizar el Estado. Debe hacerse un balance crítico de este proceso de privatización (que inició en 1992 con la Ley 16), para tomar los correctivos que garanticen inversiones y buenos servicios presentes y futuras generaciones.
Cuando se habla de la privatización de los servicios públicos, se interpreta como un aumento tarifario del servicio y nada más. Sin embargo, hay otras cosas que debemos conocer y considerar sobre este proceso. Lo bueno del proceso es que:
mejora la administración de las empresas y fundamentalmente la parte comercial en facturación, actualización del catastro de usuarios, medición del consumo, reducción de pérdidas en los sistemas y cobros
aumenta la cobertura del servicio, extendiéndose las redes hacia áreas y personas que antes no estaban conectadas
ingresa al sistema el capital de inversión privada, lo que significa que no se afectan las finanzas del Estado y se reduce la carga fiscal
se proyectan las inversiones y proyectos a largo plazo, de acuerdo con el crecimiento de la actividad, y no por períodos electorales, eliminándose así las improvisaciones
el gobierno recibe dividendos de la actividad, lo que a su vez le permite utilizar todos sus recursos en obras sociales como hospitales, escuelas y vivienda
surgen tecnologías de punta, se eliminan procedimientos ineficientes, y se automatizan procesos, principalmente en el campo de la energía eléctrica y las telecomunicaciones (como la fibra óptica y los teléfonos celulares)
se mejoran la calidad y las normas del servicio
se elimina la burocracia estatal y se minimiza la corrupción
el Estado deja de ser juez y parte en la prestación del servicio
se protege el ambiente, porque se exige a los prestadores cumplir con las normas ambientales, cosa que no es tan fácil en el caso del Estado
el usuario dispone de mayor información sobre el servicio
se incentiva y se capacita al personal de las nuevas empresas
se promueve la eficiencia y la competencia, mediante la participación de varias empresas; se nombra al personal por sus méritos y no por influencia política
se desarrollan y se aprueban nuevas leyes para modernizar el servicio; y por último,
se abre el compás para nuevas inversiones privadas en plantas hidroeléctricas, térmicas y sistemas de comunicaciones.
LO MALO DEL PROCESO ES QUE:
han subido las tarifas, para poder recuperar los costos de inversión, tecnología y calidad, lo que ha coincidido con el aumento del precio del petróleo en el mercado internacional
en el caso de los teléfonos, se cambió el sistema de facturación de costo fijo a costo por minuto de uso, lo que produjo un trauma en el consumidor, acostumbrado a hablar sin medida
la empresa privatizada se ve en la necesidad de reducir personal y de contratar a terceros proveedores, para adecuarse a las nuevas tecnologías y mantener su competitividad
se producen inicialmente interrupciones frecuentes del servicio, para reemplazar y reforzar los sistemas y cumplir con metas de calidad, pero los avisos de interrupción no han sido eficaces y no están llegando oportunamente a toda la población afectada
el público no está acostumbrado a formalizar las quejas cuando se siente mal atendido;
los consumidores no están debidamente organizados ni representados para canalizar sus opiniones respecto al servicio en forma ordenada; y por último
la gente no está consciente de los niveles de calidad en los servicios y no comprende que esa calidad tiene un costo.
LO FEO DEL PROCESO ES QUE:
se ha politizado el tema y ha chocado contra las circunstancias políticas y culturales del país
los pobres no tienen cómo pagar la totalidad de sus cuentas mensuales, porque no se ha implementado el subsidio directo por parte del Estado, lo que provoca cortes del servicio en barriadas pobres y eliminación de conexiones clandestinas y fraudulentas;
se le ha cortado el servicio a ciertas instituciones del Estado por morosidad inexcusable
se han producido protestas callejeras, que afectan a terceros y el libre tránsito, porque los usuarios tienen la percepción de que quedan desprotegidos frente a las empresas privadas
la falta de una política coherente por parte del gobierno crea inseguridad jurídica; y por último
esta inseguridad jurídica crea una fea imagen del país para la inversión extranjera.
Para mejorar los servicios al público, se requieren grandes capitales de inversión a largo plazo que no tiene el Estado, por lo que deben provenir de la empresa privada. Además, en este mundo globalizado, si alguna vez queremos llegar a ser competitivos e integrarnos de igual a igual con otros países más desarrollados, no podemos dar marcha atrás, ni quedarnos atrás, en inversión, calidad y tecnología. Por esta razón, se debe educar y orientar al consumidor sobre el ahorro, el uso racional y el deber de pagar por el consumo, y sobre todo, en la necesidad de modernizar el Estado. Debe hacerse un balance crítico de este proceso de privatización (que inició en 1992 con la Ley 16), para tomar los correctivos que garanticen inversiones y buenos servicios presentes y futuras generaciones.
