Panama Ports
La famosa "equiparación" portuaria generó uno de los más sonados escándalos de la languideciente Administración Moscoso. En la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se debe decidir una demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta contra la decisión de "equiparar" las condiciones económicas de la empresa Panama Ports Company con las de Colon Container Terminal. Desde hace unos días circula un supuesto proyecto de fallo atribuido al Magistrado Spadafora, cuya parte resolutiva declara nula por ilegal la resolución impugnada. Aquellos que hemos podido leer el documento podemos coincidir con el tenor del mismo por todo lo que dice, pero más aún por lo que no dice.
Si Panamá aspira a formar parte del mundo desarrollado no basta con tener instalaciones portuarias de Primer Mundo, sino que tenemos que contar con instituciones jurídicas de ese mismo nivel. La idea de requerir los llamados "Contratos con la Nación" o "Contratos Ley" plantea el reconocimiento de la debilidad de nuestra institucionalidad y la duda sobre la existencia de un verdadero Estado de Derecho en Panamá. Esto no puede continuar, ya que las inversiones en nuestro país debieran poder hacerse en virtud de leyes generales de acatamiento cierto e inexorable.
Por otra parte, no e justo ni equitativo que al Estado panameño se le exijan salvaguardas como las antes señaladas, porque se duda de su capacidad de cumplimiento, sin que se le exija lo propio a quienes contratan con nuestra Nación. En este caso, todo indica que la interpretación del Contrato Ley que otorgó la concesión portuaria a Panama Ports Co. tiene forma de embudo.
Si Panamá contrató con la Hutchison Wampoa, empresa matriz de Panama Ports Co., en lugar de los otros oferentes, fue por las condiciones económicas superiores que esta ofreció. Cambiar estas condiciones económicas cuando tenían que empezar a cumplirlas realmente, ya que por los primeros tres años tampoco hicieron los pagos, pues se los descontaron de los créditos que les otorgó su contrato, pone en duda la seriedad y buena fe en el momento de la contratación.
Esta actitud de parte de los involucrados, tanto del sector privado como del gubernamental, atenta contra el Estado de Derecho y la seguridad de las inversiones. Bien haría la Sala Tercera en anular la resolución ministerial y devolverle a los panameños algo de la ya exánime confianza en sus instituciones jurídicas. Si por otra parte el escrito en comento resultara espúreo y la Sala Tercera resolviera en sentido contrario o no resolviera del todo, habría una razón adicional para plantear una reestructuración integral del Órgano Judicial.
Peor aún, Alan García (el mismo del conocido dicho: "Ay Patria mía, dame un Presidente como Alan García") tiene por su parte un 14%. Entre ambos ex presidentes aparecen otros dos candidatos, bastante más serios: Lourdes Flores, dirigente de la alianza conservadora, Unión Nacional, con el 16%, y Valentín Paniagua, que hizo posible que la transición de Fujimori a Toledo fuera ordenada, con el 14%.
La verdad es que Latinoamérica, sumergida en el estancamiento, parece atontada por discursos demagógicos y populistas, como el "bolivariano". Salvo por Chile en dónde, insólitamente para la historia regional, encabeza las encuestas el conservador Joaquín Lavín. Socialistas o conservadores, tanto en lo político como en lo económico, Chile es un mar de cordura dentro de la región. Pero la ironía del informe de la ONU es que, después de todo, también es estatal, y tiene que responder a muy serias acusaciones de corrupción. Una de las últimas se detalla en el libro de Kenneth Cain, Heidi Postlewait, Andrew Thomson, "Emergency Sex & Other Desperate Measures: A True Story From Hell on Earth" (Sexo de emergencia y otras medidas desesperadas: una verdadera historia del Infierno en la Tierra), donde fueron compiladas historias de corrupción relatadas por soldados de la ONU en Camboya, Somalia, Ruanda y otros países.
(*)Miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).
©www.aipenet.com
Si Panamá aspira a formar parte del mundo desarrollado no basta con tener instalaciones portuarias de Primer Mundo, sino que tenemos que contar con instituciones jurídicas de ese mismo nivel. La idea de requerir los llamados "Contratos con la Nación" o "Contratos Ley" plantea el reconocimiento de la debilidad de nuestra institucionalidad y la duda sobre la existencia de un verdadero Estado de Derecho en Panamá. Esto no puede continuar, ya que las inversiones en nuestro país debieran poder hacerse en virtud de leyes generales de acatamiento cierto e inexorable.
Por otra parte, no e justo ni equitativo que al Estado panameño se le exijan salvaguardas como las antes señaladas, porque se duda de su capacidad de cumplimiento, sin que se le exija lo propio a quienes contratan con nuestra Nación. En este caso, todo indica que la interpretación del Contrato Ley que otorgó la concesión portuaria a Panama Ports Co. tiene forma de embudo.
Si Panamá contrató con la Hutchison Wampoa, empresa matriz de Panama Ports Co., en lugar de los otros oferentes, fue por las condiciones económicas superiores que esta ofreció. Cambiar estas condiciones económicas cuando tenían que empezar a cumplirlas realmente, ya que por los primeros tres años tampoco hicieron los pagos, pues se los descontaron de los créditos que les otorgó su contrato, pone en duda la seriedad y buena fe en el momento de la contratación.
Esta actitud de parte de los involucrados, tanto del sector privado como del gubernamental, atenta contra el Estado de Derecho y la seguridad de las inversiones. Bien haría la Sala Tercera en anular la resolución ministerial y devolverle a los panameños algo de la ya exánime confianza en sus instituciones jurídicas. Si por otra parte el escrito en comento resultara espúreo y la Sala Tercera resolviera en sentido contrario o no resolviera del todo, habría una razón adicional para plantear una reestructuración integral del Órgano Judicial.
Peor aún, Alan García (el mismo del conocido dicho: "Ay Patria mía, dame un Presidente como Alan García") tiene por su parte un 14%. Entre ambos ex presidentes aparecen otros dos candidatos, bastante más serios: Lourdes Flores, dirigente de la alianza conservadora, Unión Nacional, con el 16%, y Valentín Paniagua, que hizo posible que la transición de Fujimori a Toledo fuera ordenada, con el 14%.
La verdad es que Latinoamérica, sumergida en el estancamiento, parece atontada por discursos demagógicos y populistas, como el "bolivariano". Salvo por Chile en dónde, insólitamente para la historia regional, encabeza las encuestas el conservador Joaquín Lavín. Socialistas o conservadores, tanto en lo político como en lo económico, Chile es un mar de cordura dentro de la región. Pero la ironía del informe de la ONU es que, después de todo, también es estatal, y tiene que responder a muy serias acusaciones de corrupción. Una de las últimas se detalla en el libro de Kenneth Cain, Heidi Postlewait, Andrew Thomson, "Emergency Sex & Other Desperate Measures: A True Story From Hell on Earth" (Sexo de emergencia y otras medidas desesperadas: una verdadera historia del Infierno en la Tierra), donde fueron compiladas historias de corrupción relatadas por soldados de la ONU en Camboya, Somalia, Ruanda y otros países.
(*)Miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).
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