Panamá requiere un gobierno con capacidad

El país necesita unas nuevas instituciones, más democráticas y participativas, para una sociedad más libre y abierta.

Necesitamos un Gobierno de Consolidación Nacional cuanto antes, por la gravedad de los problemas que padece la sociedad panameña, razón por la cual estamos obligados a actuar con la máxima responsabilidad y con altura, para elegir el día 5 de mayo de 2019 un gobierno con capacidad de implementar y cumplir una política pública que fomente un desarrollo de la infraestructura social y productiva, en fin, una economía mixta que permita el crecimiento del desarrollo sostenible del país, pero con justicia social, para que pueda afrontar los problemas de la corrupción (partidos políticos, justicia e instituciones del Estado/privadas), la salud, la educación, la vivienda, el agua, la alimentación, la delincuencia y los problemas económicos (inflación, especulación de precios, desempleo, migración, etc.).

Durante los últimos veintinueve años, los partidos políticos vencedores en las elecciones han traicionado demasiadas veces lo que habían prometido sin que la gente pudiera hacer nada por impedirlo.

Por eso creo que el nuevo gobierno debe ofrecer (antes que ninguna otra cosa) garantías: garantías de que se cumplirá la palabra dada; garantías de que se pondrán en pie las estructuras para hacer valer lo que se promete; y garantías de que el pueblo, al ejercer su soberanía, podrá actuar como árbitro.

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Para ello, recomiendo al próximo gobierno tres propuestas procedimentales concebidas como herramientas para construirlo: Un gobierno estable y equilibrado; las correcciones urgentes a la estructura del Estado, y la apertura de un debate político y ciudadano sobre la reforma constitucional.

La estabilidad política es importante porque constituye siempre un activo para el crecimiento y crea una condición imprescindible para poder implementar una política pública capaz de hacer frente a los graves problemas que debe solucionar. Un gobierno equilibrado implica construir un equipo capaz de cumplir un programa claramente definido en contenidos y plazos.

Es necesario realizar una serie de correcciones a la estructura del Estado para mejorar su eficacia, democratizar su funcionamiento, incrementar su transparencia y ampliar la capacidad del aparato estatal con objeto de hacer frente a los graves problemas del país.

Como por ejemplo: Reducir drásticamente el número de altos cargos y de sus remuneraciones; Reducir y agrupar las Secretarías Nacionales dependientes de la Vicepresidencia, para constituir espacios de trabajo presididos por la coherencia funcional;

Crear una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, que vele para que las administraciones públicas dispongan de mecanismos preventivos frente a la corrupción; trabaje de manera coordinada con la Oficina de Contrataciones Públicas y Auditores del Estado; y promueva la especialización del personal para la detección y denuncia de la corrupción.

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Y revisar los marcos jurídicos que definen los procedimientos de selección y nombramiento de algunas de las responsabilidades clave en la estructura del Estado, con el fin de garantizar que el Gobierno cuente con responsables elegidos de manera consensuada, transparente y democrática, de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad.

La gravedad de la situación que vive el país con la corrupción, la impunidad, la separación de poderes, las funciones y nombramientos en los órganos del Estado y las deficiencias de la Constitución en términos de protección de los derechos sociales obliga al próximo gobierno a propiciar la apertura de un gran debate sobre la reforma constitucional en el que estén presentes todos los partidos políticos del país, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

Un debate profundo y sosegado en el que sea posible discutir todas las propuestas en un proceso de diálogo abierto y respetuoso con la diferencia.

En definitiva, nuestro país necesita unas nuevas instituciones, más democráticas y participativas, para una sociedad más libre y abierta.

Licenciado en Relaciones Internacionales