Para bailar tango se necesitan dos
EN MIS clases de Derecho Comercial que imparto en la Nacional, enfatizo en la obligación de los comerciantes de rendir cuentas a sus clientes. En las sociedades mercantiles, por igual, los socios tienen el derecho de estar informados de los asuntos sociales importantes, incluyendo poder cuestionar a sus administradores. Esos análisis se hacen a través de la revisión y estudio de los estados financieros anuales que por obligación los directivos deben presentar a todos los accionistas.
En Panamá, sin embargo, por desidia o por pereza o por miedo, o quizás por otras razones, no hemos sido informados adecuadamente de las grandes inversiones que tiene el Estado en empresas telefónicas y eléctricas, llamadas de capital mixto. Con la complicidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que gracias a Dios ya no están allí, en dos ocasiones se nos negó el derecho que la Ley 6 de 2002, sobre transparencia de la gestión pública, nos otorgaba para conocer los Estados Financieros de Cable & Wireless Panama, de la cual los panameños tenemos el 49% de sus acciones y los trabajadores de la empresa el 2%.
Finalmente, mediante acciones de Habeas Data, ante el Pleno de la Corte Suprema, y de Nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, el entonces Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, ha logrado, primero el pasado 5 de abril y luego el 27 de junio, que la Corte Suprema de Justicia revoque decisiones del Ente Regulador de los Servicios Públicos, hoy Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que sostenían que tales documentos confidenciales no podían ser del acceso de los socios de esa empresa, que somos todos los panameños y nos los Ministros o funcionarios del gobierno de turno que nos representan en sus directivas. A pesar de lo que dictaminó la Corte, todavía esos estados financieros no son del acceso público.
El pasado 5 de septiembre, con mi socio Víctor Martínez enviamos carta al Ministro Vallarino, principal directivo panameño en la Directiva de Cable & Wireless Panamá, publicada íntegramente como remitido (El Panamá América, página 7A, 11 de septiembre). Como nos mandaron anónimamente los supuestos estados financieros del 2004-2005 de la telefónica -desconocemos si fue alguno de sus empleados- procedimos a analizarlos con expertos auditores y de comunicación. Lo que encontramos ha sido motivo de muchas especulaciones de parte de los conocedores del tema, ya que su análisis produce muchas interrogantes, dudas, sospechas, incertidumbres, malestares y suspicacias.
Menciono sólo una: el "Contrato de Uso de Nombre", firmado el 31 de marzo de 2001 (4 años después de haberse concedido la administración de INTEL a los ingleses), en donde Cable & Wireless Panamá (los panameños somos dueños de su 51%) firmó un contrato con Cable & Wireless plc., de la cual la panameña es su afiliada principal, para que la casa matriz británica se embolse B/. 806 mil en el 2005 y B/. 3.269.000 en el 2004, por el uso del logo de ella, como si a los panameños no nos hubiera ido mejor dejando el nombre de INTEL, por uno enredadísimo que nos tomó varios años en aprender y que todavía mucha gente no sabe siquiera pronunciarlo. ¿Por qué Panamá no le cobra a esos "juega vivos" por el uso del Escudo de la República, que vale muchísimo más que un logo, muy parecido por cierto al de una aerolínea nacional.
Por las directivas de Cable & Wireless Panamá han pasado Ministros y Ministras de tres gobiernos diferentes. Con Pérez Balladares (Olmedo Miranda, Miguel Heras Castro), con Mireya Moscoso (Ivonne Young, Norberto Delgado, Mirna Pitti, Arnulfo Escalona Avila) y con Torrijos (Ricaurte Vásquez, Héctor Alemán, Carlos Vallarino, Orcila de Constable). En esta lucha que libramos para que se conozca lo que ocurre dentro de esa empresa, recuerdo que uno de esos funcionarios me confío que había amenazado de no asistir más a esas directivas, porque los ingleses no mostraban el Contrato de Administración y Operación, el mismo que les ha permitido llevarse más de 110 millones en 8 años sin darle nada de dividendos a Panamá, a pesar de que ese contrato nunca se publicó en la Gaceta Oficial y, por tanto nunca nació a la vida jurídica.
Para que no se diga que para bailar el tango se necesitan dos, es hora de quienes nos representen en las juntas directivas de las empresas de capital mixto informen a los panameños sobre lo que ocurre dentro de esas empresas, en donde se dan situaciones tan insólitas como el sueldo del Gerente General de Cable & Wireless, que gana como salario de B/. 50.000.00 al mes, sin contar con otros beneficios que debe tener.
(*) Defensor de los Derechos del Estado.
(gcochez@cableonda.net)
En Panamá, sin embargo, por desidia o por pereza o por miedo, o quizás por otras razones, no hemos sido informados adecuadamente de las grandes inversiones que tiene el Estado en empresas telefónicas y eléctricas, llamadas de capital mixto. Con la complicidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que gracias a Dios ya no están allí, en dos ocasiones se nos negó el derecho que la Ley 6 de 2002, sobre transparencia de la gestión pública, nos otorgaba para conocer los Estados Financieros de Cable & Wireless Panama, de la cual los panameños tenemos el 49% de sus acciones y los trabajadores de la empresa el 2%.
Finalmente, mediante acciones de Habeas Data, ante el Pleno de la Corte Suprema, y de Nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, el entonces Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, ha logrado, primero el pasado 5 de abril y luego el 27 de junio, que la Corte Suprema de Justicia revoque decisiones del Ente Regulador de los Servicios Públicos, hoy Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que sostenían que tales documentos confidenciales no podían ser del acceso de los socios de esa empresa, que somos todos los panameños y nos los Ministros o funcionarios del gobierno de turno que nos representan en sus directivas. A pesar de lo que dictaminó la Corte, todavía esos estados financieros no son del acceso público.
El pasado 5 de septiembre, con mi socio Víctor Martínez enviamos carta al Ministro Vallarino, principal directivo panameño en la Directiva de Cable & Wireless Panamá, publicada íntegramente como remitido (El Panamá América, página 7A, 11 de septiembre). Como nos mandaron anónimamente los supuestos estados financieros del 2004-2005 de la telefónica -desconocemos si fue alguno de sus empleados- procedimos a analizarlos con expertos auditores y de comunicación. Lo que encontramos ha sido motivo de muchas especulaciones de parte de los conocedores del tema, ya que su análisis produce muchas interrogantes, dudas, sospechas, incertidumbres, malestares y suspicacias.
Menciono sólo una: el "Contrato de Uso de Nombre", firmado el 31 de marzo de 2001 (4 años después de haberse concedido la administración de INTEL a los ingleses), en donde Cable & Wireless Panamá (los panameños somos dueños de su 51%) firmó un contrato con Cable & Wireless plc., de la cual la panameña es su afiliada principal, para que la casa matriz británica se embolse B/. 806 mil en el 2005 y B/. 3.269.000 en el 2004, por el uso del logo de ella, como si a los panameños no nos hubiera ido mejor dejando el nombre de INTEL, por uno enredadísimo que nos tomó varios años en aprender y que todavía mucha gente no sabe siquiera pronunciarlo. ¿Por qué Panamá no le cobra a esos "juega vivos" por el uso del Escudo de la República, que vale muchísimo más que un logo, muy parecido por cierto al de una aerolínea nacional.
Por las directivas de Cable & Wireless Panamá han pasado Ministros y Ministras de tres gobiernos diferentes. Con Pérez Balladares (Olmedo Miranda, Miguel Heras Castro), con Mireya Moscoso (Ivonne Young, Norberto Delgado, Mirna Pitti, Arnulfo Escalona Avila) y con Torrijos (Ricaurte Vásquez, Héctor Alemán, Carlos Vallarino, Orcila de Constable). En esta lucha que libramos para que se conozca lo que ocurre dentro de esa empresa, recuerdo que uno de esos funcionarios me confío que había amenazado de no asistir más a esas directivas, porque los ingleses no mostraban el Contrato de Administración y Operación, el mismo que les ha permitido llevarse más de 110 millones en 8 años sin darle nada de dividendos a Panamá, a pesar de que ese contrato nunca se publicó en la Gaceta Oficial y, por tanto nunca nació a la vida jurídica.
Para que no se diga que para bailar el tango se necesitan dos, es hora de quienes nos representen en las juntas directivas de las empresas de capital mixto informen a los panameños sobre lo que ocurre dentro de esas empresas, en donde se dan situaciones tan insólitas como el sueldo del Gerente General de Cable & Wireless, que gana como salario de B/. 50.000.00 al mes, sin contar con otros beneficios que debe tener.
(*) Defensor de los Derechos del Estado.
(gcochez@cableonda.net)
