Paternalismo estatal o redistribución de la riqueza
La Caja de Seguro Social fue creada en 1941, el Ministerio de Salud fue instituido en 1969, la Constitución Nacional vigente de 1972 reconoce como un derecho y un deber del Estado y del ciudadano la atención integral sanitaria, frente a estas premisas contundentes, estamos esperando que en el Sistema Nacional de Salud finalmente se implementen y maximicen los recursos públicos y privados para brindar a todos los panameños Salud Igual para Todos. Sin embargo de cara a la realidad social por la que transitamos, se hace imprescindible que el mismo esté basado en una estrategia de solidaridad humana con Políticas de Salud explícitas y consensuadas, en la cual no se discrimine a nadie por su reducida disponibilidad económica, lo cual sería tanto como aceptar que los menesterosos solo tienen derecho a vacunas, campañas de cirugías tipo teletón y fumigación, los de la clase media a operarse de hernias y vesículas y solo los ricos a trasplantes de riñón, de médula ósea y a cirugía cardíaca o cerebral.
El compromiso, alcance e impacto de la Seguridad Social rebasa los límites de responsabilidad de toda Caja de Seguro Social en cualquier país del mundo. Es sin duda patrimonio y jurisdicción del Estado Soberano, quien expresado a través de su Gobierno legítimamente elegido, tiene que decidir si su rol será al estilo norteamericano de tan solo regular un altruismo social descentralizado, enmarcado en un programa de asistencia residual basado en las necesidades de los marginados o por el contrario seguirá el modelo europeo de suplir las funciones propias de la sociedad civil en aquellas circunstancias, en donde al individuo por cualesquiera motivos, no le es posible asumirlas.
De lo que se trata es de reconocer que si bien por un lado todo gobierno tiene el deber de preservar el orden económico a través de garantizar la propiedad privada, la competencia, los precios libres, la estabilidad financiera y el crecimiento económico; por otro lado tiene como prioridad indeclinable el de promover el orden social, teniendo como punto de referencia la persona, mediante la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad individual, es decir permitir que cada quien pueda llenar el sentido de su vida. En un Estado con estas características, tipo Alemania Federal, en donde realmente se intenta cumplir la meta del Informe Beveridge de la Inglaterra de 1942, que postula que el sistema vela por el ciudadano común de la cuna hasta la tumba, no se pretende compensar las desigualdades atribuidas a los individuos, sino aquellas que emanan de factores ajenos a su voluntad y esfuerzo, tales como la pobreza extrema, el analfabetismo, el hacinamiento, la violencia social, las guerras, las crisis económicas y las injusticias de todo tipo.
