Perú : la ley de punto final
A sus ocho años, Javier Ríos Rojas ya se había acostumbrado a acompañar a su padre en las buenas y en las malas. Era su ayudante en la venta callejera de helados, negocio de capa caída en los nueve meses de humedad y frío que imperan en la neblinosa ciudad de Lima. Fue por ello que Javier recibió como un inesperado regalo la invitación a asistir a una pollada el domingo en un viejo solar de la calle Huanta de los Barrios Altos. El olor del pollo frito fue una sensación gratificante pero momentánea cuando Javier y su padre llegaron al solar aquel trágico domingo del 3 de noviembre de 1991. Pero la fiesta de los vendedores ambulantes de los Barrios Altos concluyó abruptamente cuando una docena de hombres embozados con pasamontañas y jersey oscuros de cuello tortuga irrumpió en el solar. En segundos desenfundaron las metralletas que traían al hombro y acribillaron al pequeño vendedor de helados, su padre y trece humildes buhoneros. Doce impactos de bala agujeraron el cuerpo del niño. La sangre, la cerveza de las botellas abiertas a balazos y los restos de los pollos a medio freír se mezclaron en un repulsivo amasijo en la masacre perpetrada, como se probó después, por un escuadrón de la muerte del servicio de inteligencia militar denominado Grupo Colina.
Todo fue consecuencia de un monumental error. Los buhoneros no eran terroristas de Sendero Luminoso, como avisó un despistado informante a los agentes de inteligencia. Al parecer, los senderistas estaban reunidos en otra parte de la semiderruida casona de los Barrios Altos y huyeron apenas oyeron las ráfagas de metralleta.
Este espeluznante episodio es sólo un botón de muestra de los crímenes imputados al servicio de inteligencia que los miembros del comando militar quieren borrar con una ley de punto final que se aprobaría con el apoyo de los legisladores controlados por Alberto Fujimori.
La maniobra de prolongar la legislatura hasta fines de mes, rompiendo un acuerdo adoptado en la mesa de diálogo arbitrada por la OEA, ha quedado al descubierto. En lo que resta del mes se forzaría la aprobación de la ley que tendería un manto de impunidad sobre los atropellos a los derechos humanos del régimen. El legislador Fernando Olivera del Frente Independiente Moralizador, que obtuvo el videocasete del soborno protagonizado por Montesinos, denunció por televisión la maniobra de la prolongación de la legislatura, con gran valentía y lucidez política.
"La República" reveló una furtiva reunión de Fujimori y el comando militar en la madrugada del lunes con el propósito de planificar la estrategia de la ley de punto final, versión que niegan los militares. En el "rompan filas" del régimen desatado por la fuga de Montesinos, el comando militar fujimorista se siente desprotegido. El padrino está en Panamá, mientras la desactivación del Servicio de Inteligencia Militar abre la puerta a una investigación civil sobre las masacres de los Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta y otras felonías de marca mayor. Fujimori, huérfano de apoyo popular y rehén virtual de los militares del entorno de Montesinos, recibe la doble presión de los oficiales que le reclaman y una ley de punto final similar a la de Pinochet y los argentinos Videla, Masera y otros. Ante la ineficacia del sistema judicial controlado por el gobierno, que sancionó con leves penas a los elementos del Grupo Colina que ya fueron amnistiados, el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que tiene en su poder los detalles de la horrenda masacre de los Barrios Altos, testimonio de las desmesuras de un régimen pretoriano que algún día se juzgará con severidad.
¿Cederá Fujimori a la presión de la cúpula militar? Aunque él gestiona visas para viajar de un momento a otro, siguiendo quizás la estela turbia de la huida del asesor, sus alternativas son precarias. La ley de punto final "patea el tablero" de la mesa de diálogo con la OEA y lanza a la oposición a movilizaciones de masas que llevarían a la recesión a límites mortales. Los generales plantados en los comandos por el asesor, temerosos de una supuesta cacería de brujas, podrían sabotear con sus exigencias el proceso de democratización hasta el punto de promover su atascamiento o su eliminación o, en caso contrario, derriban a un Fujimori a quien muy pocos defenderían en ese trance.
Sin embargo, Fujimori tiene la obligación de asumir sus obligaciones constitucionales y afrontar la situación. Hasta ahora su posición ante la mesa de diálogo es pasiva, calculadamente pasiva y distante. Demoró la promulgación de la desactivación del servicio público por un lapso suficiente como para borrar pruebas de latrocinios, si alguien se propusiera hacerlo. Y ha recibido la iniciativa de la ley de punto final como una carta guardada bajo la manga, incubando una situación embrollada que podría desembocar en la anulación de su retiro de la presidencia. Pero los peruanos lo conocen al revés y al derecho y saben cuán frágiles son sus promesas, qué débil es su lealtad constitucional y cuánto le gusta el poder político y sus beneficios. Pero saben, también, que sin tanques que lo defiendan y sin un asesor que le compre respaldo político y que agreda sin escrúpulos a los opositores no pignorables, Fujimori es un samurai desdentado y achacoso. El punto final puede llegar, pero al revés.
Todo fue consecuencia de un monumental error. Los buhoneros no eran terroristas de Sendero Luminoso, como avisó un despistado informante a los agentes de inteligencia. Al parecer, los senderistas estaban reunidos en otra parte de la semiderruida casona de los Barrios Altos y huyeron apenas oyeron las ráfagas de metralleta.
Este espeluznante episodio es sólo un botón de muestra de los crímenes imputados al servicio de inteligencia que los miembros del comando militar quieren borrar con una ley de punto final que se aprobaría con el apoyo de los legisladores controlados por Alberto Fujimori.
La maniobra de prolongar la legislatura hasta fines de mes, rompiendo un acuerdo adoptado en la mesa de diálogo arbitrada por la OEA, ha quedado al descubierto. En lo que resta del mes se forzaría la aprobación de la ley que tendería un manto de impunidad sobre los atropellos a los derechos humanos del régimen. El legislador Fernando Olivera del Frente Independiente Moralizador, que obtuvo el videocasete del soborno protagonizado por Montesinos, denunció por televisión la maniobra de la prolongación de la legislatura, con gran valentía y lucidez política.
"La República" reveló una furtiva reunión de Fujimori y el comando militar en la madrugada del lunes con el propósito de planificar la estrategia de la ley de punto final, versión que niegan los militares. En el "rompan filas" del régimen desatado por la fuga de Montesinos, el comando militar fujimorista se siente desprotegido. El padrino está en Panamá, mientras la desactivación del Servicio de Inteligencia Militar abre la puerta a una investigación civil sobre las masacres de los Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta y otras felonías de marca mayor. Fujimori, huérfano de apoyo popular y rehén virtual de los militares del entorno de Montesinos, recibe la doble presión de los oficiales que le reclaman y una ley de punto final similar a la de Pinochet y los argentinos Videla, Masera y otros. Ante la ineficacia del sistema judicial controlado por el gobierno, que sancionó con leves penas a los elementos del Grupo Colina que ya fueron amnistiados, el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que tiene en su poder los detalles de la horrenda masacre de los Barrios Altos, testimonio de las desmesuras de un régimen pretoriano que algún día se juzgará con severidad.
¿Cederá Fujimori a la presión de la cúpula militar? Aunque él gestiona visas para viajar de un momento a otro, siguiendo quizás la estela turbia de la huida del asesor, sus alternativas son precarias. La ley de punto final "patea el tablero" de la mesa de diálogo con la OEA y lanza a la oposición a movilizaciones de masas que llevarían a la recesión a límites mortales. Los generales plantados en los comandos por el asesor, temerosos de una supuesta cacería de brujas, podrían sabotear con sus exigencias el proceso de democratización hasta el punto de promover su atascamiento o su eliminación o, en caso contrario, derriban a un Fujimori a quien muy pocos defenderían en ese trance.
Sin embargo, Fujimori tiene la obligación de asumir sus obligaciones constitucionales y afrontar la situación. Hasta ahora su posición ante la mesa de diálogo es pasiva, calculadamente pasiva y distante. Demoró la promulgación de la desactivación del servicio público por un lapso suficiente como para borrar pruebas de latrocinios, si alguien se propusiera hacerlo. Y ha recibido la iniciativa de la ley de punto final como una carta guardada bajo la manga, incubando una situación embrollada que podría desembocar en la anulación de su retiro de la presidencia. Pero los peruanos lo conocen al revés y al derecho y saben cuán frágiles son sus promesas, qué débil es su lealtad constitucional y cuánto le gusta el poder político y sus beneficios. Pero saben, también, que sin tanques que lo defiendan y sin un asesor que le compre respaldo político y que agreda sin escrúpulos a los opositores no pignorables, Fujimori es un samurai desdentado y achacoso. El punto final puede llegar, pero al revés.
