¡Pobre policía, pobre ciudadanía!

No conocemos en toda su extensión el mal estado en que está la Policía Nacional, pero la realidad es muy dura y se deja adivinar: se necesitan más unidades, porque las que hay ya no se dan abasto; los que están se sienten mal pagados y tienen poca preparación y entrenamiento, lo que los convierte en un riesgo para sí mismos y para los demás; un bajo uso de tecnologías de la información y la comunicación, que les impide actuar con mejor eficiencia y efectividad.

Encima de esos problemas, que le dan una gran ventaja al hampa en su faena diaria, hay otros dos factores de peso que las autoridades se esfuerzan en ignorar: la corrupción rampante dentro de la Policía y el incremento y agravamiento de la conducta criminal, local y foránea, pero con una aceleración mayor por parte de esta última en los últimos meses. Así parecería que es mejor no conocer la realidad de la institución porque, entonces, aumentaría el sentimiento de inseguridad y estimularía a los maleantes a ser más audaces. La lección es simple: Los derechos de las personas jamás estarán debidamente protegidos si el Estado no tiene, o no desarrolla, capacidades técnicas e institucionales. No es posible la democracia ni la seguridad sin Estado.

Quizás se puedan dar pasos en la dirección correcta ahora y no esperar a que los electores intenten resolver con votos lo que ya no pueden seguir tolerando.