Política de mercado a nuestra medida
La economía de mercado que, en verdad, ha estado desde siempre con nosotros, aunque con diferentes matices, es excelente generadora de riqueza; pero es también productora de profundas asimetrías sociales. La experiencia histórica en muchas partes del mundo demuestra que el desarrollo, librado exclusivamente a las fuerzas del mercado, tiende a reproducir las condiciones iniciales del proceso con todas sus secuelas de desigualdad y de exclusión sociales. Por eso mismo, el Estado no puede renunciar a su responsabilidad en áreas claves como la educación y el desarrollo científico y tecnológico. En las condiciones de países como el nuestro, ello se hace aún más indispensable.
Detentora de la parcela más significativa de la biodiversidad planetaria, se presenta a nuestros países una oportunidad única para subirse a un vagón clave de la revolución tecnológica de principios de siglo, siempre y cuando nos dediquemos a explorar la información contenida en nuestro patrimonio biogenético para fines científicos, medicinales, productivos y comerciales.
Lo anterior no contradice la tendencia a la expansión del liberalismo económico, que también obedece a una evolución histórica más que a un capricho ideológico. Pero se impone adaptar la economía de mercado a nuestras condiciones y posibilidades reales.
Cuando se propone, por ejemplo, la privatización de los servicios sociales y de la infraestructura productiva, hay que precisar los términos de la propuesta. ¿Esto acaso significa, a título de ilustración del argumento, que la educación superior -sin duda la más costosa académicamente y la más socialmente regresiva de los niveles educativos- debe dejar de ser universal y gratuita, pasando a atender únicamente la élite de los pudientes? No necesariamente si uno entiende que privatizar, en el sentido de hacer que los beneficiarios de un bien común hasta hoy entregado al Estado se hagan cargo de sus costos, no debe confundir a los beneficiarios del bien entregado con los que lo reciben directamente.
¿Quién es el verdadero beneficiario de una masa de trabajadores educada? Obviamente que el sector productivo. Si esto es así, "privatizar la educación" debiera significar el aporte de capitales privados a la manutención de las universidades, lo que no sería ninguna novedad, incluso, en los países campeones del libre mercado.
Propender, pues, a ese tipo de entendimiento respecto a la privatización, haría justicia al progreso de la humanidad cuya evolución, al rescatar la educación de la aristocracia y tornarla universal, estaría ahora siendo echada por la borda en razón de intereses marcadamente elitistas alentados por la crisis financiera.
El mismo razonamiento debiera ser aplicado al desarrollo de la infraestructura productiva y tecnológica, revirtiéndose de esta forma la concepción (legítima) de la privatización respecto a las proyecciones netamente productivas de las empresas estatales.
En cierto que la sacralización del Estado ha producido importantes desajustes en el pasado reciente, pero habría también que evitar la sacralización del mercado, que puede producir resultados aún más nefastos. El equilibrio entre ese tipo de maniqueísmo disfrazado de pragmatismo posmoderno sólo puede ser encontrado en la política. De ahí la necesidad urgente de acentuar más que la reforma del Estado en su vertiente administrativa y económica, la actualización de la política a tiempos modernos; la reforma política, si se quiere, del Estado.
Detentora de la parcela más significativa de la biodiversidad planetaria, se presenta a nuestros países una oportunidad única para subirse a un vagón clave de la revolución tecnológica de principios de siglo, siempre y cuando nos dediquemos a explorar la información contenida en nuestro patrimonio biogenético para fines científicos, medicinales, productivos y comerciales.
Lo anterior no contradice la tendencia a la expansión del liberalismo económico, que también obedece a una evolución histórica más que a un capricho ideológico. Pero se impone adaptar la economía de mercado a nuestras condiciones y posibilidades reales.
Cuando se propone, por ejemplo, la privatización de los servicios sociales y de la infraestructura productiva, hay que precisar los términos de la propuesta. ¿Esto acaso significa, a título de ilustración del argumento, que la educación superior -sin duda la más costosa académicamente y la más socialmente regresiva de los niveles educativos- debe dejar de ser universal y gratuita, pasando a atender únicamente la élite de los pudientes? No necesariamente si uno entiende que privatizar, en el sentido de hacer que los beneficiarios de un bien común hasta hoy entregado al Estado se hagan cargo de sus costos, no debe confundir a los beneficiarios del bien entregado con los que lo reciben directamente.
¿Quién es el verdadero beneficiario de una masa de trabajadores educada? Obviamente que el sector productivo. Si esto es así, "privatizar la educación" debiera significar el aporte de capitales privados a la manutención de las universidades, lo que no sería ninguna novedad, incluso, en los países campeones del libre mercado.
Propender, pues, a ese tipo de entendimiento respecto a la privatización, haría justicia al progreso de la humanidad cuya evolución, al rescatar la educación de la aristocracia y tornarla universal, estaría ahora siendo echada por la borda en razón de intereses marcadamente elitistas alentados por la crisis financiera.
El mismo razonamiento debiera ser aplicado al desarrollo de la infraestructura productiva y tecnológica, revirtiéndose de esta forma la concepción (legítima) de la privatización respecto a las proyecciones netamente productivas de las empresas estatales.
En cierto que la sacralización del Estado ha producido importantes desajustes en el pasado reciente, pero habría también que evitar la sacralización del mercado, que puede producir resultados aún más nefastos. El equilibrio entre ese tipo de maniqueísmo disfrazado de pragmatismo posmoderno sólo puede ser encontrado en la política. De ahí la necesidad urgente de acentuar más que la reforma del Estado en su vertiente administrativa y económica, la actualización de la política a tiempos modernos; la reforma política, si se quiere, del Estado.
