Por una agenda incluyente de seguridad
Es tema de la seguridad está presente en el menú de los grandes problemas del país. El modelo de seguridad latinoamericano está marcado por los conflictos internos que se dieron el siglo pasado cuando el Estado se valía del uso de la fuerza, la sospecha, el autoritarismo que buscaba la represión, el castigo y no la prevención. Hoy se necesitan otros lineamientos como el desarrollo humano, la paz, la participación social y el Estado de Derecho como marco a un modelo de seguridad incluyente, descentralizado, dialogante, que se construya con la participación ciudadana.
Por ello, las agendas de seguridad deberían diseñarse a partir de la reconceptualización de la seguridad y las nuevas amenazas, las cuales se diferencian de las viejas en que éstas eran militares, territoriales, limítrofes y de Estados. Entre las nuevas amenazas se hallan el narcotráfico, la pobreza y la desigualdad, el crimen organizado, la corrupción, la destrucción del medio ambiente, el terrorismo y la migración ilegal. Por lo que la agenda de seguridad requiere de un enfoque multidisciplinario y de la participación de muchos sectores para poder descentralizar la toma de decisiones.
Para eso se necesita acceso de información, análisis, sistematización mecanismos de diálogo, como bien señala el Foro Centroamericano sobre Seguridad de julio 2003. Por los efectos del 11-S, en muchos países se retoman las viejas estructuras de seguridad nacional (militar), para enfrentar amenazas como el terrorismo, pero esto puede transformarse en una vuelta a la represión y persecución política e ideológica del pasado en detrimento de las acciones preventivas y la vigencia de los derechos humanos.
En Panamá, la crisis colombiana u otros argumentos pueden llevarnos a extremos como inventar un nuevo ejército o permitir que ejércitos de afuera nos defiendan, en especial por el papel protagónico que asume Estados Unidos en la seguridad regional a través de estrategias castrenses y contrainsurgentes, lo que puede invitar a la remilitarización y al remilitarismo del país.
Entendemos el militarismo como la intromisión o tutelaje militar en el Estado y el desenvolvimiento de la democracia. En cambio, la militarización es la injerencia o tutela directa que una fuerza militar de otro(s) país(es) ejerce(n) en la autodeterminación de un Estado nacional. En Panamá, superamos la militarización (presencia de bases y comandos norteamericanos por cien años) y el militarismo (Fuerzas de Defensa) que existieron relacionadas entre sí, hasta el punto en que el polo más débil (militarismo) fue aniquilado en el momento del conflicto (invasión norteamericana 1989), y luego borrado constitucionalmente como producto de un sentir nacional para hacer de Panamá un país sin ejército. La militarización desapareció del país el 31 de diciembre de 1999 con la reversión final de todos los bienes canaleros a Panamá, producto de los tratados canaleros de 1977.
Hoy el gobierno prepara una propuesta de seguridad ciudadana que ha generado resquemores y, por otra parte, no existe claridad sobre su accionar en torno a posibles militarizaciones. Definitivamente, la ciudadanía debe estar involucrada en esta agenda. Es cierto que muchas organizaciones de la sociedad civil no se han planteado el tema como parte de sus agendas, por lo que es urgente hacerlo. Es necesario que se abran los espacios para que los diferentes sectores de la sociedad puedan participar e integrar las visiones y lograr una agenda común de seguridad integral.
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