Por una justicia mas justa
Desde hace mucho tiempo existe la percepción de las graves dolencias de la administración de justicia en nuestro país. Por instinto el panameño desconfía de la imparcialidad y apoliticismo de jueces y magistrados. Cualquiera que sea el caso que el ciudadano tiene pendiente de decisión - un juicio por alimentos, un choque de autos, un testamento, un contrato entre el Estado y empresas privadas - no solamente lo lleva a dudar de las garantías de imparcialidad y buen criterio del fallo, sino que le asiste la convicción que es preferible un "mal arreglo" extrajudicial que los males de un pleito interminable y plagado de incertidumbre.
A tal grado de convicción ha arraigado en la conciencia nacional la improbidad de los administradores de justicia, que del panameño medio hacia arriba se considera como algo natural que, en ausencia de imparcialidad, hay que buscar estos acuerdos por fuera de los tribunales.
Las presiones políticas y económicas, favores y amiguismos, el temor reverencial al superior jerárquico y prácticas peores, verbigratia, son ya parte constitutiva del sistema, dentro del cual se mueven como peces en el agua, las partes de los contenciosos.
Hemos ido perdiendo, paulatina y peligrosamente, la capacidad de asombro ante la continuidad de hechos reprobables que nos han llevado a aceptar que la justicia en Panamá no es para nada confiable. Sin embargo, la creciente concienciación de que los tribunales están subordinados a fuerzas extrañas reñidas con la recta administración de justicia ofende la dignidad ética del panameño y nos impone, por eso, el imperativo categórico que propuso, hace más de dos siglos, el filósofo alemán Emmanuelle Kant, de reaccionar contra esta grave enfermedad moral y llevarnos a rechazar la fachada de Estado de Derecho que perturba a la república y la está llevando a su postración moral.
Con seguridad, pocos hechos han dañado tanto a la errática administración de justicia panameña, que la intromisión del Organo Ejecutivo en la Corte Suprema mediante la designación en el seno del augusto tribunal no de los más insignes juristas nacionales, sino de los más fieles militantes políticos del partido o del mandatario o mandataria en el poder - acaso con el torcido propósito de comprar un seguro que los ampare una vez ausentes de las riendas de mando o para favorecer a sus favoritos mientras disfrutan de él.
Para un organismo de jerarquía tan vertical como el aparato judicial panameño, la politización y deterioro cualitativo de la Corte por la manipulación partidista, conduce inevitablemente a la degradación de todo el sistema y a sus secuelas, que hoy todos lamentamos.
Nuestro más alto tribunal de justicia no puede convertirse en depósito de políticos cansados, ni tampoco servir de valle de los caídos de las refriegas partidistas, ni mucho menos de exilio dorado de holgazanes, mediocres y menos de corruptos. De algun modo, todos los panameños tenemos que hacer un alto en el ir y devenir politiquero y cesar de una vez por todas de continuar con esta contaminación indeseable de lo que debiera ser olimpo de las más eximias y probas personalidades de nuestro mundo jurídico, que los hay muchos de todos los signos e ideologías, pero que tienen en común su disposición indeclinable de poner el interés patrio y de la justicia por sobre cualesquiera otros, incluso los personales.
En los casos recientes del recurso de hecho del legislador Afú contra el Tribunal Electoral y la negativa de una solicitud de suspensión provisional de los efectos de una resolución ejecutiva que modificó en condiciones supuestamente leoninas para el Estado un contrato de concesión portuario, ambos con la intervención de magistrados de reciente afinidad y militancia en el gobierno de turno y con la participación de suplentes, dada la ausencia inoportuna de los magistrados titulares, se ha causado unánime consternación y profunda desconfianza ciudadana.
Hay no obstante una salida decorosa, un rayo de esperanza y, si se quiere, una oportunidad para reparar parte del daño causado; y ese está en manos de los propios magistrados de la Corte. En lo sucesivo, deberán dar muestra palpable de independencia y desplegar un valor supremo y apego a los más altos principios de la justicia y la ley en todos sus actos; pero eso sí - como con la mujer del César - hacer y parecer. El país está sediento de justicia verdadera, de sabias, rectas y fundadas decisiones, y está harto de tantos desatinos. No más excusas, no más ausencias, no más suplentes, no más demoras, no más fallos disparatados.
A tal grado de convicción ha arraigado en la conciencia nacional la improbidad de los administradores de justicia, que del panameño medio hacia arriba se considera como algo natural que, en ausencia de imparcialidad, hay que buscar estos acuerdos por fuera de los tribunales.
Las presiones políticas y económicas, favores y amiguismos, el temor reverencial al superior jerárquico y prácticas peores, verbigratia, son ya parte constitutiva del sistema, dentro del cual se mueven como peces en el agua, las partes de los contenciosos.
Hemos ido perdiendo, paulatina y peligrosamente, la capacidad de asombro ante la continuidad de hechos reprobables que nos han llevado a aceptar que la justicia en Panamá no es para nada confiable. Sin embargo, la creciente concienciación de que los tribunales están subordinados a fuerzas extrañas reñidas con la recta administración de justicia ofende la dignidad ética del panameño y nos impone, por eso, el imperativo categórico que propuso, hace más de dos siglos, el filósofo alemán Emmanuelle Kant, de reaccionar contra esta grave enfermedad moral y llevarnos a rechazar la fachada de Estado de Derecho que perturba a la república y la está llevando a su postración moral.
Con seguridad, pocos hechos han dañado tanto a la errática administración de justicia panameña, que la intromisión del Organo Ejecutivo en la Corte Suprema mediante la designación en el seno del augusto tribunal no de los más insignes juristas nacionales, sino de los más fieles militantes políticos del partido o del mandatario o mandataria en el poder - acaso con el torcido propósito de comprar un seguro que los ampare una vez ausentes de las riendas de mando o para favorecer a sus favoritos mientras disfrutan de él.
Para un organismo de jerarquía tan vertical como el aparato judicial panameño, la politización y deterioro cualitativo de la Corte por la manipulación partidista, conduce inevitablemente a la degradación de todo el sistema y a sus secuelas, que hoy todos lamentamos.
Nuestro más alto tribunal de justicia no puede convertirse en depósito de políticos cansados, ni tampoco servir de valle de los caídos de las refriegas partidistas, ni mucho menos de exilio dorado de holgazanes, mediocres y menos de corruptos. De algun modo, todos los panameños tenemos que hacer un alto en el ir y devenir politiquero y cesar de una vez por todas de continuar con esta contaminación indeseable de lo que debiera ser olimpo de las más eximias y probas personalidades de nuestro mundo jurídico, que los hay muchos de todos los signos e ideologías, pero que tienen en común su disposición indeclinable de poner el interés patrio y de la justicia por sobre cualesquiera otros, incluso los personales.
En los casos recientes del recurso de hecho del legislador Afú contra el Tribunal Electoral y la negativa de una solicitud de suspensión provisional de los efectos de una resolución ejecutiva que modificó en condiciones supuestamente leoninas para el Estado un contrato de concesión portuario, ambos con la intervención de magistrados de reciente afinidad y militancia en el gobierno de turno y con la participación de suplentes, dada la ausencia inoportuna de los magistrados titulares, se ha causado unánime consternación y profunda desconfianza ciudadana.
Hay no obstante una salida decorosa, un rayo de esperanza y, si se quiere, una oportunidad para reparar parte del daño causado; y ese está en manos de los propios magistrados de la Corte. En lo sucesivo, deberán dar muestra palpable de independencia y desplegar un valor supremo y apego a los más altos principios de la justicia y la ley en todos sus actos; pero eso sí - como con la mujer del César - hacer y parecer. El país está sediento de justicia verdadera, de sabias, rectas y fundadas decisiones, y está harto de tantos desatinos. No más excusas, no más ausencias, no más suplentes, no más demoras, no más fallos disparatados.
