Proyecto de ley sobre medicinas
Aunque es bien intencionada la iniciativa de la legisladora Balbina Herrera de buscar algún mecanismo para contrarrestar el aumento en el precio de los medicamentos, el proyecto de ley producido por la Asamblea Legislativa en primer debate no es la solución que garantizará a los panameños la disponibilidad de medicinas para las enfermedades que nos afectan ni aliviará el alto costo en que se venden.
El proyecto de Ley 27 pretende reforzar los registros sanitarios nacionales para cada una de las medicinas que se comercialicen en Panamá. Aunque a primera vista es una medida saludable, aumentará los costos de los importadores y por ende los precios a los consumidores. Mejor sería establecer mecanismos ágiles para el reconocimiento de registros similares en los países de origen y contemplar requisitos estrictos para los que provienen de las demás jurisdicciones.
La otra innovación será el establecimiento de topes de precios para ciertas medicinas, lo cual es anacrónico e inconveniente. La adhesión de Panamá a la Organización Mundial de Comercio nos incorpora al movimiento de liberalización de mercados y la globalización. Si Panamá adopta topes de precios para medicinas estaría violando los acuerdos de su incorporación y su espíritu. También son inconvenientes los topes de precios porque han demostrado que propician la creación de mercados negros o informales, carentes de regulación. Siempre que haya demanda habrá alguien que las proveerá.
El proyecto también requeriría que toda farmacia cuente con un regente a tiempo completo. Esta medida es exagerada y también aumentaría los costos de proveer medicinas a la población. Por otro lado, nuestras universidades no están produciendo suficientes farmacéuticos para atender la demanda que crearía una ley en ese sentido.
El proyecto de ley también pretende ser una respuesta al desabastecimiento reciente de medicinas en las entidades de salud del Estado, principalmente en la Caja de Seguro Social. Busca agilizar el procedimiento para las compras estatales permitiendo las adquisiciones directas. Además, los proveedores de medicinas y el Gobierno difieren sobre los mecanismos que se deben utilizar para realizar dichas compras. Unos empujan los sobres cerrados y otros las pujas y repujas. En el pasado nos hemos opuesto a las compras directas, ya que propician la corrupción y terminan encareciendo productos y servicios. Además, en vez de discutir sobre fórmulas de contratación del pasado, ¿qué hay de las nuevas, como el Internet? El "gobierno electrónico" ya es una realidad en países como Singapur y España. ¿Por qué no en Panamá? Los ahorros prometen ser sustanciales.
El alza en el precio de los medicamentos no es un problema sólo para Panamá. Turquía lo ha controlado conectando electrónicamente a todas las farmacias del país y creando los mecanismos que permiten a los beneficiarios de seguros estatales obtener medicinas de farmacias privadas. En vez de continuar con las fórmulas económicas del pasado, deeberíamos ver hacia el futuro
El proyecto de Ley 27 pretende reforzar los registros sanitarios nacionales para cada una de las medicinas que se comercialicen en Panamá. Aunque a primera vista es una medida saludable, aumentará los costos de los importadores y por ende los precios a los consumidores. Mejor sería establecer mecanismos ágiles para el reconocimiento de registros similares en los países de origen y contemplar requisitos estrictos para los que provienen de las demás jurisdicciones.
La otra innovación será el establecimiento de topes de precios para ciertas medicinas, lo cual es anacrónico e inconveniente. La adhesión de Panamá a la Organización Mundial de Comercio nos incorpora al movimiento de liberalización de mercados y la globalización. Si Panamá adopta topes de precios para medicinas estaría violando los acuerdos de su incorporación y su espíritu. También son inconvenientes los topes de precios porque han demostrado que propician la creación de mercados negros o informales, carentes de regulación. Siempre que haya demanda habrá alguien que las proveerá.
El proyecto también requeriría que toda farmacia cuente con un regente a tiempo completo. Esta medida es exagerada y también aumentaría los costos de proveer medicinas a la población. Por otro lado, nuestras universidades no están produciendo suficientes farmacéuticos para atender la demanda que crearía una ley en ese sentido.
El proyecto de ley también pretende ser una respuesta al desabastecimiento reciente de medicinas en las entidades de salud del Estado, principalmente en la Caja de Seguro Social. Busca agilizar el procedimiento para las compras estatales permitiendo las adquisiciones directas. Además, los proveedores de medicinas y el Gobierno difieren sobre los mecanismos que se deben utilizar para realizar dichas compras. Unos empujan los sobres cerrados y otros las pujas y repujas. En el pasado nos hemos opuesto a las compras directas, ya que propician la corrupción y terminan encareciendo productos y servicios. Además, en vez de discutir sobre fórmulas de contratación del pasado, ¿qué hay de las nuevas, como el Internet? El "gobierno electrónico" ya es una realidad en países como Singapur y España. ¿Por qué no en Panamá? Los ahorros prometen ser sustanciales.
El alza en el precio de los medicamentos no es un problema sólo para Panamá. Turquía lo ha controlado conectando electrónicamente a todas las farmacias del país y creando los mecanismos que permiten a los beneficiarios de seguros estatales obtener medicinas de farmacias privadas. En vez de continuar con las fórmulas económicas del pasado, deeberíamos ver hacia el futuro
