Punto de Vista En torno a la inseguridad en Panamá

En el año 2008, la niña Angela Rivera, de tan solo dos años de edad y mientras bebía su biberón, muere víctima de una bala perdida en medio de una balacera entre pandillas en Chorrillo. Esa elocuente tragedia debió impactar a todos los panameños que, en alguna medida, se pudieron identificar con el inmenso dolor de los padres; pero más allá de esa conciencia ciudadana, debió llamar especialmente la atención de las autoridades, cuyo propósito primordial es proteger en su vida, honra y bienes a los ciudadanos de este país.

La conservación de la vida humana en defensa de una agresión no provocada tiene plena justificación y obedece a los dictados de la propia naturaleza y a principios universales de moralidad que prevalecen sobre cualquier normativa. Cualquier iniciativa que nuestras autoridades tomen con ese fin de protección debe quedar enmarcada dentro de la máxima que puntualmente dicta que el fin justifica los medios. La vida y la seguridad ciudadana vienen a ser la esencia y los pilares sobre los cuales descansa una sociedad civilizada. Una población sitiada por el crimen, debe defenderse a través de mecanismos comprobados que aseguren su supervivencia, su integridad y su voluntad suprema de autogobernarse. Cuando la criminalidad cae dentro de las fronteras de la anarquía, victimizando a sectores productivos del país y a los ciudadanos que solo aspiran vivir en una sociedad que permita la sana crianza de sus hijos, estamos ante una devastadora realidad, en la que se ha declarado abiertamente la guerra sin cuartel a la sociedad. Como una reacción natural y lógica a estos ataques, nuestros gobernantes deben necesariamente tomar medidas enérgicas encaminadas al fin supremo de la conservación de la vida e integridad de los ciudadanos que están siendo victimizados. Considero que las medidas que se han adoptado son una simple y llana respuesta a un clamor popular incandescente. No se puede tapar el sol con un dedo. Considero, además, que ha sido efectivamente responsable por parte de las autoridades correspondientes asumir su obligación natural y lógica de defender a la sociedad.

Por lo anterior, hacemos eco de ese clamor popular e instamos a la continuidad de todas aquellas acciones, por drásticas que sean, que permitan combatir el crimen sin descanso y sin trinchera. En algunos casos, la reacción llega en forma tardía; una vez segada brutalmente la vida de un inocente, nada la podrá reemplazar. Por ello, antes de que la anarquía del crimen y la violencia brutal toque nuestras puertas, demos como población un seguro voto de confianza y estrechemos la mano aquellos que, motivados por la vocación de servir, quieren hacer la diferencia en nuestro país. A quien pone bien su proa, no le importa hasta donde llega, sino hacia donde se dirige. Y así, si aquellos que han asumido el compromiso sagrado de proteger a la sociedad tienen como meta la lucha tenaz contra la lacra social del crimen, que solo presten oídos a Dios y a la Patria. Una sociedad entera y la propia historia sabrá reivindicarlos.