Que ningún periodista sea preso por su oficio
Cuántos agentes del Ministerio Público practicaron un allanamiento a un local en busca de pruebas para acreditar un delito. Nada incriminatorio hallaron, pero el afectado alegó que durante la requisa, se perdieron bienes de su propiedad que ninguna relación guardaban con el supuesto delito. En consecuencia puso una denuncia para que los agentes que practicaron la diligencia respondieran por la posible apropiación de los bienes de su propiedad.
El joven periodista Jean Marcel Chéry, quien entonces trabajaba para el diario El Siglo, reportó el hecho, basándose en el documento de la denuncia presentada por el afectado. La nota reportó los nombres de los agentes, el lugar de los hechos, los bienes perdidos y la persona del denunciante. Los agentes, sintiéndose afectados por la publicación, interpusieron una querella criminal contra el periodista, alegando calumnia e injuria, esto es, haber sido señalados como delincuentes o afectados en su estima, honra o amor propio.
Con el tiempo, los cuatro agentes fueron declarados inocentes, al igual que el ciudadano que fuera víctima del allanamiento y la pérdida de algunos de sus bienes. Pero irónicamente resultó un culpable de todo aquel embrollo: el periodista Chéry, que reportó los hechos, quien acaba de ser condenado a 18 meses de cárcel más días multa. Cuando la condena sea firme y salga de la prisión, además del pago de la multa, tendrá que añadir la obligación de indemnizar daños y perjuicios dinerarios civiles a favor de los cuatro agentes involucrados.
¿Qué hizo Chéry para merecer semejante condena? Muy sencillo, reportar un hecho noticioso tal cual tuvo lugar, con la salvedad de que su publicación involucraba a cuatro funcionarios oficiales, miembros del organismo encargado de investigar los crímenes.
¿Quién ha acudido en defensa de Chéry? No los gremios de periodistas locales, que nada hicieron en contubernio con intereses oscuros empeñados en mediatizar la libertad de prensa para no verse expuestos a su escrutinio. Pero extrañamente deploraron la condena de cárcel, contradiciendo su postura oficial, que favorece la penalización en casos de calumnia e injuria.
Nosotros, en cambio, con la solidaridad de El Siglo, nos unimos en respaldo a Chéry. Pero la más enérgica defensa a su favor ha venido de un tercer gremio, que ha dirigido una carta de protesta, deplorando que se insista en aplicar las leyes mordaza contra la libertad de prensa. Este gremio, que para vergüenza nuestra es extranjero, es el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Es un organismo de gran prestigio e influencia en el mundo, el cual aprovechó para reiterar que "ningún periodista debe ser encarcelado por lo que escriba en ejercicio de su oficio". A su juicio, las leyes civiles ofrecen suficientes garantías para las personas difamadas, tal cual ocurre en Estados Unidos, Inglaterra y otros.
En otro incidente, nuestro director fue querellado por el mismo "delito" de Chéry, por alguien que se sintió aludido por la publicación de un artículo de opinión suscrito por una conocida figura pública que mostró su extrañeza de verse de pronto acompañada en la querella por quien no era parte ni tenía mayor conocimiento de los conceptos vertidos por su autora. Obviamente, ningún fundamento había para la querella. Pero un fiscal ya se había apresurado a acogerla y citar al querellado a rendir indagatoria propia de reo, sin molestarse en hacer lo mismo con la autora del artículo en cuestión, hasta que sobrevino el desistimiento del actor.
Igual ocurrió a Carlos Singares, director de El Siglo, quien se circunscribió a repetir una noticia recogida por otro medio tres años antes. Se trata de la ratificación de una denuncia que en esa época interpuso un abogado contra el Procurador General de la Nación. Como resultado de ello, a Singares le giraron ocho días de arresto por irrespeto, sin que el autor de los cargos sea molestado mientras se examina el mérito de su denuncia. Todo esto es un supremo disparate. Amenaza, coacción y represión pura contra quienes se limitan a informar.
El joven periodista Jean Marcel Chéry, quien entonces trabajaba para el diario El Siglo, reportó el hecho, basándose en el documento de la denuncia presentada por el afectado. La nota reportó los nombres de los agentes, el lugar de los hechos, los bienes perdidos y la persona del denunciante. Los agentes, sintiéndose afectados por la publicación, interpusieron una querella criminal contra el periodista, alegando calumnia e injuria, esto es, haber sido señalados como delincuentes o afectados en su estima, honra o amor propio.
Con el tiempo, los cuatro agentes fueron declarados inocentes, al igual que el ciudadano que fuera víctima del allanamiento y la pérdida de algunos de sus bienes. Pero irónicamente resultó un culpable de todo aquel embrollo: el periodista Chéry, que reportó los hechos, quien acaba de ser condenado a 18 meses de cárcel más días multa. Cuando la condena sea firme y salga de la prisión, además del pago de la multa, tendrá que añadir la obligación de indemnizar daños y perjuicios dinerarios civiles a favor de los cuatro agentes involucrados.
¿Qué hizo Chéry para merecer semejante condena? Muy sencillo, reportar un hecho noticioso tal cual tuvo lugar, con la salvedad de que su publicación involucraba a cuatro funcionarios oficiales, miembros del organismo encargado de investigar los crímenes.
¿Quién ha acudido en defensa de Chéry? No los gremios de periodistas locales, que nada hicieron en contubernio con intereses oscuros empeñados en mediatizar la libertad de prensa para no verse expuestos a su escrutinio. Pero extrañamente deploraron la condena de cárcel, contradiciendo su postura oficial, que favorece la penalización en casos de calumnia e injuria.
Nosotros, en cambio, con la solidaridad de El Siglo, nos unimos en respaldo a Chéry. Pero la más enérgica defensa a su favor ha venido de un tercer gremio, que ha dirigido una carta de protesta, deplorando que se insista en aplicar las leyes mordaza contra la libertad de prensa. Este gremio, que para vergüenza nuestra es extranjero, es el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Es un organismo de gran prestigio e influencia en el mundo, el cual aprovechó para reiterar que "ningún periodista debe ser encarcelado por lo que escriba en ejercicio de su oficio". A su juicio, las leyes civiles ofrecen suficientes garantías para las personas difamadas, tal cual ocurre en Estados Unidos, Inglaterra y otros.
En otro incidente, nuestro director fue querellado por el mismo "delito" de Chéry, por alguien que se sintió aludido por la publicación de un artículo de opinión suscrito por una conocida figura pública que mostró su extrañeza de verse de pronto acompañada en la querella por quien no era parte ni tenía mayor conocimiento de los conceptos vertidos por su autora. Obviamente, ningún fundamento había para la querella. Pero un fiscal ya se había apresurado a acogerla y citar al querellado a rendir indagatoria propia de reo, sin molestarse en hacer lo mismo con la autora del artículo en cuestión, hasta que sobrevino el desistimiento del actor.
Igual ocurrió a Carlos Singares, director de El Siglo, quien se circunscribió a repetir una noticia recogida por otro medio tres años antes. Se trata de la ratificación de una denuncia que en esa época interpuso un abogado contra el Procurador General de la Nación. Como resultado de ello, a Singares le giraron ocho días de arresto por irrespeto, sin que el autor de los cargos sea molestado mientras se examina el mérito de su denuncia. Todo esto es un supremo disparate. Amenaza, coacción y represión pura contra quienes se limitan a informar.
