Quebec y el Plan Colombia
El gobierno estadounidense impulsa fuertemente una implementación del denominado Plan Colombia en su fase más crítica de apoyo militar y logístico a la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Ello encuentra reservas y resistencia de los gobiernos de los países fronterizos con Colombia, particularmente de Brasil, Venezuela y Panamá, más preocupados por los efectos colaterales de la crisis colombiana o por su posible expansión.
Sin embargo, las cancillerías de estos países no han logrado articular una estrategia activa común con respecto al respaldo que solicita el presidente colombiano. Se da, de este modo, la singular circunstancia de que Colombia está en condiciones, actualmente, de recibir una ayuda que va a exacerbar en lo inmediato la militarización de su guerra interna mientras carece de la ayuda que sí precisa para encontrar caminos alternativos, como la mediación internacional y la asistencia económica y humanitaria.
Como era de esperar, los presidentes y jefes de Estado trataron en Quebec el aspecto principal que afecta a la seguridad y la paz en la región: la presencia del narcotráfico como poderosa amenaza con capacidad de desestabilizar economías, gobiernos y sociedades. Esto significa que ha salido de la escala policial doméstica para proyectarse a escala transnacional.
Sin embargo, puede constatarse también que los avances del narcotráfico y del bandolerismo organizado que atraviesa fronteras deben entenderse más bien como consecuencias y no como causas originarias del debilitamiento estatal y la erosión de las instituciones políticas representativas y legítimas. Sobre todo, en sociedades acuciadas por la pobreza, el atraso productivo y la falta de perspectivas económicas de progreso.
Esto significa que la mejor y más efectiva forma de combatir estas amenazas sigue siendo el fortalecimiento del imperio de la ley, los estados legítimos y sus herramientas de integración social, antes que la acción militar directa y la conversión de las distintas razones de conflicto en hipótesis de guerra, interna o regional.
Sin embargo, las cancillerías de estos países no han logrado articular una estrategia activa común con respecto al respaldo que solicita el presidente colombiano. Se da, de este modo, la singular circunstancia de que Colombia está en condiciones, actualmente, de recibir una ayuda que va a exacerbar en lo inmediato la militarización de su guerra interna mientras carece de la ayuda que sí precisa para encontrar caminos alternativos, como la mediación internacional y la asistencia económica y humanitaria.
Como era de esperar, los presidentes y jefes de Estado trataron en Quebec el aspecto principal que afecta a la seguridad y la paz en la región: la presencia del narcotráfico como poderosa amenaza con capacidad de desestabilizar economías, gobiernos y sociedades. Esto significa que ha salido de la escala policial doméstica para proyectarse a escala transnacional.
Sin embargo, puede constatarse también que los avances del narcotráfico y del bandolerismo organizado que atraviesa fronteras deben entenderse más bien como consecuencias y no como causas originarias del debilitamiento estatal y la erosión de las instituciones políticas representativas y legítimas. Sobre todo, en sociedades acuciadas por la pobreza, el atraso productivo y la falta de perspectivas económicas de progreso.
Esto significa que la mejor y más efectiva forma de combatir estas amenazas sigue siendo el fortalecimiento del imperio de la ley, los estados legítimos y sus herramientas de integración social, antes que la acción militar directa y la conversión de las distintas razones de conflicto en hipótesis de guerra, interna o regional.
